LAS POLITICAS DE REGULACION ANTINARCÓTICA EN EL PERÚ

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El Gobierno peruano mediante el empleo de sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, desarrolla múltiples esfuerzos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y apoya la rehabilitación del drogadicto y la sustitución del cultivo de hoja de coca. El Perú ha enfocado este problema dentro de una política integral de prevención, sustitución, represión y rehabilitación, siendo una de estas estrategias que puede considerarse la más importante, la acción conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en la lucha contra el narcotráfico.

2.1.2. Formulación del Problema:

¿Son las políticas de regulación Antinarcótica y refuerzo de las leyes mecanismos eficaces para luchar contra el narcotráfico en el Perú?

2.1.3. Justificación e Importancia:

2.1.3.1 Justificación teórica.

El fenómeno de la producción, tráfico y consumo de drogas supone un gran problema al que se enfrentan las sociedades. El consumo pone en peligro la salud pública de los ciudadanos; mientras que la producción y tráfico ilegal de estupefacientes ocasionan enormes daños en torno a dos aspectos: seguridad y economía. Las políticas de control de narcóticos distan de ser la solución a la problemática descrita, convirtiéndose las medidas antidroga en uno de los factores causantes de violencia e inseguridad.

Las políticas antinarcóticos han afectado al fenómeno de oferta y demanda de drogas de dos formas opuestas: en primer lugar, buscan reducir su consumo mediante la prohibición; y a su vez, la ilegalización también ha producido un segundo efecto adverso, favoreciendo la creación de redes criminales de tráfico de drogas. Tales organizaciones han hecho prueba de tener una gran capacidad de generar violencia. Éste no es el caso del tráfico de todas las sustancias ilegales ni de todas las regiones, pero sí es el problema del narcotráfico en América Latina, donde los países afectados por la producción y tráfico de drogas ven amenazada su estabilidad social, económica y política. (Cerro, 2013, pág. 15)

El análisis de las políticas antidroga se hace cada vez más necesario, debido a que las medidas prohibitivas han sobredimensionado el problema del consumo de estupefacientes. La ilegalidad de algunas sustancias y las políticas públicas que han derivado de la prohibición no se han traducido en una reducción de su uso; sin embargo, han generado nuevos costes y perjuicios. De esta constatación surge el interés por el estudio de las acciones llevadas a cabo por gobiernos e instituciones (con la finalidad de proteger a la población) cuyo resultado es nulo o incluso contraproducente. En otros términos, ¿cómo es posible que el establecimiento de una política pública se aleje tanto de sus objetivos? Esta pregunta nos ha conducido al estudio del comportamiento de los individuos ante los mecanismos de regulación, establecidos principalmente por entes públicos. Algunas conductas individuales y sociales vienen determinadas por normas culturales, que en ocasiones, distan mucho de las reglas legales apoyadas por ciertas intervenciones públicas -como las que buscan terminar con el consumo y producción de drogas. (Cerro, 2013, págs. 15-16)

En el Perú se cultivan todavía aproximadamente 51.800 hectáreas de hoja de coca, lo que representa cerca del 32% de la producción mundial. Por una hectárea de coca, señalan datos estadísticos, un campesino llega a obtener diez veces más de lo que obtendría si el cultivo fuera de café o de plátano, el afán de lograr ingresos a partir del cultivo de la hoja de coca ha motivado al campesinado a buscar en la selva zonas cada vez más lejanas e inhóspitas para resguardarlas del acceso y detección por parte de las autoridades, afectando con ello el ecosistema por la deforestación de grandes áreas de bosques, ubicados en las frágiles tierras de la selva peruana, alterando su protección natural y ocasionando daños por erosión de los suelos, la destrucción de la fauna y la contaminación por agroquímicos, tales como: ácido sulfúrico, carbonato de sodio, queroseno y permanganato de potasio, altamente contaminantes de la flora y la fauna regional. (Coll, 2013)

El estudio LAS POLITICAS DE REGULACION ANTINARCÓTICA EN EL PERÚ se justifica debido a su relevancia en la producción de cocaína en el Perú. No sólo ha sido el principal productor de cocaína durante la década pasada, sino que el Perú, desde que se prohibieron las drogas, ha tenido un papel muy relevante en su producción y tráfico. En el Perú se produjo el fenómeno de las primeras grandes organizaciones de traficantes de drogas (Los cárteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa, Juárez y, en su momento, Tijuana, toman el control del negocio a partir de los puertos de embarque que controlan, es decir, el de Paita, Chimbote, Callao e Ilo- Matarani), cuyos dirigentes llegaron incluso a formar parte de la clase política del país y obtuvieron legitimidad entre la población. Tras el desmantelamiento de alguna de estas organizaciones no se logró una reducción de la producción de cocaína, fenómeno que evidenció la complejidad del fenómeno del narcotráfico. Además de su relevancia histórica en relación con el tráfico de sustancias ilegales, el Perú es también el país donde actualmente y desde hace décadas existe un conflicto armado en el que los grupos insurgentes obtienen financiación con la producción de cocaína.

2.1.3.2. Justificación práctica.

La historia del narcotráfico en el Perú comenzó en el Alto Huallaga en 1975. Desde allí creció como una epidemia llegando a abarcar 14 departamentos, en los que se llegó a cultivar más de 200 mil hectáreas de narco coca en su pico más alto (1992). Todo el negocio estuvo controlado, como un mercado cautivo, por los cárteles colombianos de Medellín y de Cali. A los intermediarios nacionales se les conocía como “firmas”, probablemente la más recordada sea la de Vaticano.

La década de los 80 y parte de los 90 también fueron épocas de las narco avionetas con las que se transportaba casi el 100% de la pasta básica hacia Colombia. La seguridad de los aeropuertos clandestinos era un botín que se disputaban oficiales del Ejército, de la Policía Nacional y los grupos terroristas.

Hacia 1991, de los veinte aeropuertos que operaban en todo el Huallaga, quince estaban ubicados en la región San Martín, la mayoría de ellos en complicidad (y a escasos metros) con las bases contrasubversivas del Ejército.

El creciente uso de los estupefacientes se ha ido convirtiendo