La educación, como proceso abierto, participativo, democrático y tendente a la diversidad

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una sociedad en la que no se ha contemplado la posibilidad de integrar plenamente la diversidad en todos sus ámbitos: Educación, trabajo, edificación, transporte, comunicación, información, recreación. Por el contrario, en el entorno social, físico y mental de los individuos con discapacidad, ha prevalecido la discriminación de todo aquel que es diferente, adoptando actitudes de explotación, arrinconamiento, negación de sus derechos y generación de conflictos.

Es por ello que estas organizaciones e instituciones mundiales buscan cambiar la percepción de la discapacidad y asegurar que las sociedades reconozcan que es necesario proporcionar a todas las personas la oportunidad de vivir la vida con la mayor plenitud posible, sea como fuere. Sin embargo, aún en la época actual existen barreras sociales que les impiden a los individuos con discapacidad recibir educación; conseguir empleo, incluso cuando están bien cualificados; tener acceso a la información; obtener el adecuado cuidado médico y sanitario; desplazarse; todo esto les impide integrarse en la sociedad y ser aceptados.

A este respecto, señala la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO-2012), que en el mundo hay más de 650 millones de discapacitados con minusvalías que a menudo la sociedad les impiden participar en todas las áreas de la vida. Con frecuencia esas personas albergan pocas ilusiones de poder ir a la escuela, desempeñar un trabajo, poseer casa propia, crear una familia y educar a sus hijos, disfrutar de la vida social o ejercer el derecho al voto. La gran mayoría de ellas carece de acceso a las tiendas, las instalaciones públicas y los medios de transporte.

Según el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2010, se calcula que en el mundo hay 150 millones de niños que viven con algún tipo de discapacidad. Alrededor de cuatro de cada cinco niños discapacitados viven en países en desarrollo. Además, millones de niños viven en familias con padres o parientes que también padecen alguna discapacidad.

De igual forma, según cifras proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS-2008) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF-2008), en todos los grupos de edad, los niveles de discapacidad, tanto moderada como aguda, son más altos en los países de ingresos bajos y medios que en los países ricos. La región que presenta los índices más altos es el África Subsahariana. Por lo que como iniciativa emblemática dirigida por la UNESCO, se promulgó el programa Educación para Todos, con el fin de garantizar el derecho a la educación y el logro de los objetivos del Marco de Acción de Dakar, en lo referente a las personas que padecen discapacidad.

En este sentido, la UNESCO (Ob.Cit.), establece que los Estados se verán obligados a introducir medidas destinadas a promover los derechos de las personas con discapacidad y a luchar contra la discriminación. Estas medidas incluirán una legislación antidiscriminatoria, eliminarán las leyes y prácticas que establecen una discriminación hacia estas personas y las tendrán en cuenta en la aprobación de nuevos programas o nuevas políticas. Se tratará también de prestar servicios, proporcionar bienes y crear infraestructuras accesibles a las personas con discapacidad.

Dentro de este acontecer internacional no escapan los pueblos de América, donde países como Chile, México y Argentina por mencionar países de Latinoamérica han realizados grandes reformas sociales en busca de darle un trato especial pero igualitario a las personas con discapacidad, dentro de esta transformaciones o políticas de estados nos encontramos con grandes reformas educativas. De igual manera, el resto de Europa y algunos países de Latinoamérica como, México y Colombia, aplican el Sistema de Educación Inclusiva. Sin embargo los estudios comparativos sobre la legislación en materia de discapacidad, según UNICEF (ob.Cit), indican que solo 45 países cuentan con leyes contra la discriminación y otros tipos de leyes específicas al respecto.

En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE-2012), según cifras de la UNESCO (Ob.Cit.), las tasas de personas con discapacidad son notablemente más altas entre los grupos con menores logros educacionales; el promedio es de 19%, en comparación con 11% entre los que tienen más educación.

En referencia a la Educación, expresa la OMS (Ob.Cit.), que Según la UNESCO, el 90% de los niños con discapacidad no asiste a la escuela. La tasa mundial de alfabetización de adultos con discapacidad llega solamente al 3%, y al 1% en el caso de las mujeres con discapacidad, según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD de 1998). En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los estudiantes con discapacidad siguen estando sub-representados en la enseñanza superior, pese a que su número va en aumento, según la OCDE.

La República Bolivariana de Venezuela, no escapa a este acontecer internacional, y en su búsqueda por diseñar políticas sociales donde se promueva la inclusión, y se rechace de forma categórica la exclusión, ha diseñado leyes que protegen, amparan y buscan favorecer a los menos privilegiados, entrando en este grupo las personas con discapacidad, donde la educación especial ha estado en una constante evolución a nivel mundial, pues lamentablemente, durante muchos años ha mantenido un mismo modelo que está obligado a transformarse, pero aún se duda si el Modelo de la Diversidad e inclusión responderá progresivamente a la realidad venezolana.

Haciendo un recorrido por la historia en Venezuela, el programa de educación inclusiva, data de mediados del siglo XX y no a principios del siglo XXI como muchos Venezolanos, aún en la actualidad piensan, puesto que desde la década de 1970, en el marco de la Constitución de 1961, se empezaron a dar los primeros pasos para comenzar a educar a los niños y niñas, bajo el termino para la época de Necesidades Educativas Especiales.

En 1994 Venezuela firmó un Convenio Internacional, a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), llamado Declaración de Salamanca (España), en el cual se garantizó la inclusión de todos los niños y niñas con discapacidad en el Sistema de Educación Regular por lo que se implementaría un Sistema de Educación Inclusiva. “El país está en deuda con este compromiso que se ha ido postergando porque no se tenía el marco legal correspondiente”. Desde aquellos días, hasta la fecha ha ocurrido una serie de cambios significativos que de forma positiva han contribuido al progreso de la educación inclusiva