NÚCLEO MÉRIDA EXTENSIÓN TOVAR

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La ley de precios justos es publicada en gaceta el 23 de enero de 2014, y tiene por objeto regular los precios, costos y ganancias máximas, para así promover el orden público. Todo con el fin de combatir la especulación. Esta ley es dirigida o aplicada a toda empresa pública o privada, salvo en aquellos casos en que ya exista una Ley especial que regule su actividad. Esto implica que la nueva Ley Orgánica de Precios Justos pretende controlar todas las actividades económicas: desde la gran fábrica de muebles hasta el kiosco de la esquina. La ley será aplicada por un nuevo órgano: la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE). La nueva Ley permite a la Superintendencia fijar el precio máximo de venta de cualquier bien o servicio, incluso en relación con productores, distribuidores y comercializadores. La fijación del precio máximo debe partir del análisis económico de la información que al respecto se recabe, conforme a los lineamientos que serán dictados. Ese precio máximo fijado es considerado, por la Ley, como precio justo, a pesar que la Ley no se encarga de definir cuándo un precio puede ser considerado justo. Cuando los establecimientos o empresas no cumplan con lo que indica la ley sufrirán sus respectivas sanciones administrativas y penales.

Es importante destacar, entre otros ilícitos, que el delito de especulación fue tipificado en los casos en los cuales se vendan bienes o servicios a precios superiores a los fijados por la Superintendencia. También la Ley establece la expropiación como sanción, en caso que se realicen prácticas prohibidas, todo esto se realiza para solucionar los problemas económicos y de esta forma controlar la inflación, especulación y contrabando de los productos.

Caso práctico:

El 6 de marzo del 2014, sancionan a la empresa de Repuestos y Filtros Venezolanos C.A. (Refilvenca), ubicada en el municipio Simón Bolívar, en el estado Anzoátegui, por comercializar productos con un margen de ganancias superior al 30 %, la Superintendencia de Precios Justos los sancionó con 10 mil 100 Unidades Tributarias.

Los funcionarios realizaron esto cumplimiento del artículo 32 de la Ley Orgánica de Precios Justos, el cual indica que el máximo porcentaje de ganancias no debe exceder de 30 % de la estructura de costos del bien o servicio.

Al realizar la verificación de los documentos se observó que la empresa compra, vende, importa y exporta toda clase de repuestos para vehículos. Además tenían en el inventario mil (1000) unidades de engranajes y cadenas de tiempo en distintas presentaciones, adquiridas con dólar preferencial a 6,30. Dichos productos estaban a la venta con un margen de ganancia de 58 %.

Tras estas irregularidades se le aplicó una medida preventiva y se le ordenó hacer el ajuste de precio de manera inmediata para continuar su venta al pueblo venezolano. Asimismo, el caso fue remitido a al Ministerio Público debido a que se presume la práctica