Presunción de Inocencia. Hablar de justicia, no solo en México, si no a nivel internacional

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Pero para poder aplicar apropiadamente la prisión preventiva es obvio que es necesario su entendimiento pleno, y este principio encuentra algunas semejanzas o similitudes con el in dubio pro reo, como ya se mencionó anteriormente la presunción de inocencia es aquel derecho o garantía que tiene el imputado a que no se le trate como culpable hasta no haber obtenido una sentencia que declare lo contrario, sin embargo el in dubio pro reo se enfatiza más en cuanto a las pruebas en el proceso se refiere, ya que señala que a pesar de haber llevado la actividad probatoria con todas las formalidades de la ley, si estas son dudosas al momento de valorarlas el juzgador, su juicio se vuelve contradictorio, será preferible dejar en libertad al imputado que tener un inocente en prisión, de igual manera la presunción de inocencia obliga al juzgador a que este valore que la prueba sea legal y suficientemente valorada para poder llegar a una determinación. En este sentido Esteban Maestre Delgado señala que el in dubio pro reo, es un principio de valoración de benigna de las pruebas cuando existe incertidumbre, mientras que la presunción de inocencia tiene una naturaleza, que es determinar la exclusión de la presunción de culpabilidad del imputado durante la secuela del proceso, sin embargo algunos consideran que el origen de la presunción de inocencia se encuentra en el principio de in dubio pro reo.

CONCLUSION

En la última década México ha sufrido cambios en cuanto a la impartición de justicia en materia penal se refiere, la aparición de una reforma penal en 2008 vino a cambiar el panorama y la manera en que se trabajaba, así mismo una reforma en derechos humanos llego tres años después, lo que sin lugar a dudas fortalecería el sistema penal acusatorio y su reciente llegada, sin embargo a la llegada del mismo implico una problemática para los profesionales del derecho así como a servidores públicos, pues la forma de desarrollarse era diferente a la del sistema inquisitivo, si bien existían similitudes, por otro lado estaba la exigencia de la oralidad como un principio rector, el cual por su naturaleza implicara que queden detrás muchas de las arbitrariedades que el estado aplicaba mediante sus órganos de impartición de justicia en materia penal a los imputados.

En este sentido el sistema acusatorio pretende mantener un sistema equitativo de justicia, donde se puedan proteger los derechos humanos y fundamentales de los individuos, por ello la aplicación del principio de presunción de inocencia hace evidente su aplicación, ya que por desgracia la sociedad como la autoridad tienden a etiquetar o señalar lo que a simple vista observan y por desgracia no es así, ya que la garantía del debido proceso engloba una variedad de principios que se deben de respetar entre ellos el de presunción de inocencia, como se mencionó con anterioridad “toda persona se considera inocente hasta en tanto no se demuestre, en un juicio previo, su culpabilidad” lo cual obviamente debe venir acompañado de una investigación conforme a ley, permitiendo la carga de la prueba al ministerio público que será quien está obligado a probar la culpabilidad del imputado. Pero para que esto suceda se deben de capacitar a todos aquellos servidores públicos y profesionistas del derecho, ya que si no se cuentan con los conocimientos necesarios, la aplicación de la ley no tendrá el alcance para el cual está diseñada, por desgracia otro de los factores determinantes es sin lugar a dudas el tema de las corporaciones policiacas, que si bien es cierto, se cuenta actualmente con una policía investigadora, la cual se presume se encuentra capacitada y con valores de respeto a la ley implícitos en cada uno de sus integrantes, ya que estos valores serán los que determinen gran parte de lo acontecido en el proceso, debido a que las pruebas recabadas por este órgano deberán ser legales y sobre todo lo más plenas posibles para una valoración eficaz y veraz, donde factores como la corrupción queden exentos.

Es así que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos haciendo ya una referencia escrita al principio de inocencia lo plasma en su artículo 20, apartado B, Fracción I, así como otros principios rectores del proceso como son los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, además de otros que son necesarios para poder desarrollar un debido proceso, y sobre todo que se respeten los derechos humanos del imputado como de la víctima, logrando evidenciar un estado democrático y sobre todo un avance en cuanto a la impartición de justicia. Así mismo algunas otras legislaciones locales como la de Durango hacen mención del principio de inocencia, como lo es el Articulo 5 del Código Procesal Penal del Estado de Durango, mencionando que el imputado deberá ser considerado y tratado como inocente en todas las etapas del proceso, de igual manera el estado de Chiapas también en su Artículo 5 señala que el imputado será considerado y tratado como inocente en todas las etapas del proceso y en la aplicación de la ley penal, mientras no se declare su culpabilidad por sentencia firme.

Pese a que el nuevo sistema acusatorio, busca hacer respetar los derechos humanos y principios rectores del proceso, no siempre benefician al sistema de impartición de justicia, puesto que el desconocimiento aun por parte de servidores públicos o de los mismos abogados, propician que sujetos que se tiene la seguridad de que han cometido ilícitos como son en los casos de asociación delictuosa o narcotráfico, salgan libres por que no se realizó la detención conforme a derecho o simplemente las pruebas que se ofrecen han sido manipuladas o sobreestimadas, además de que el alcance de estar personas puede llegar a esferas muy altas en el escalafón de justicia y por ende el chantaje y extorción puede estar presente.

BIBLIOGRAFIA

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3171/17.pdf

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122005000100008&script=sci_arttext