TRABAJO DE DERECHO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO.

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Como la competencia de orden público, el legislador colombiano, en forma expresa a establecido a que jurisdicción le corresponde dirimir sobre los conflictos derivados de los contratos estatales así el decreto ley 528 de 1964 atribuyo a la jurisdicción contenciosa administrativa la competencia para conocer la controversia relativa a los contratos administrativo es decir, que la naturaleza del contrato determinaba el juez competente para conocer los conflictos que dé el surgieran; así si el contrato era administrativo, debía ventilarse ante el juez administrativo, si era de derecho privado, conocía la jurisdicción ordinaria.

Criterio legal: este criterio se caracteriza por identificar los contratos administrativos por su objeto para diferenciarlos de los de derecho privado de la administración.

En el decreto ley 50 de 1976, se calificaron los siguientes contratos como administrativo: obras públicas, de suministro, compraventa de bienes muebles, de depósito, de compraventa o permuta de inmueble, de arrendamiento, de prestación de servicio, de venta de bienes muebles, de donación y para la recuperación de bienes ocultos; mientras que los restante, eran de derecho privado de la administración. Por la calificación de la ley, se identificaron los contratos administrativos por su objeto, para diferenciarlo de los de derecho privado de la administración. Es decir, que los restantes contratos eran de derecho privado de la administración.

Criterio formal: otro elemento que se ha sustentado para a distinción del contrato administrativo, del contrato de derecho privado, es el de las formalidades empleadas por la administración para su celebración.

Así que cuando el régimen para la suscripción de los contratos se encuentre sujeto a las formalidades concretas por ejemplo a la licitación, establecida con anterioridad a su celebración estaremos en presencia de un contrato público. Esta posición ha sido puesta en duda por la doctrinal considera que ya nadie `pide que esas formalidades se exijan a los contratos de derecho privado celebrados por la administración, inclusive nada obsta para que las personas jurídicas de derecho privado los adopten.

Si la administración adopta las formalidades que se emplean en los contratos entre particulares estaremos ante un contrato de derecho privado

Criterio del servicio público: desaparecida la teoría de los actos de gestión y actos de poder aparece escuela del servicio público, liderada por los juristas Gastón jeze y león duguit, en la cual se fundamentó la jurisprudencia del tribunal de conflicto francés, en el fallo blanco, del 8 de febrero de 1873.

Criterio de finalidad: desechada la teoría del servicio público, algún sector de la doctrina considera que lo determinante del contrato administrativo es una prestación de utilidad pública sin perjuicio de otros elementos que lo integran, como la participación de un sujeto de derecho público y de la posibilidad de la administración pueda variar unilateralmente al contrato.

Criterio de las clausulas exorbitantes: el profesor vedel plantea el criterio denominado de las clausulas exorbitantes del derecho común, según el cual si el estado las incluye en un contrato, por tal motivo adquiere la denominación de contrato administrativo.

Criterio del derecho aplicable: según este criterio la calificación de los contratos que celebra el estado, se determina según el régimen jurídico aplicable, así se califica como de derecho público, si esta regido por normas y principios de derecho público o por el contrario, se califica como derecho privado, si está regido por normas y principios de derecho privado

Criterio de la vinculación de recursos públicos: de conformidad con el articulo 1 de la ley 1150 de 2007, son contratos estatales tos aquellos que se realizan con recursos públicos a los cuales se les aplica, en consecuencia, el derecho para este tipo de acuerdos de voluntades

- RESULTADOS OBTENIDOS

2.1. INTERDICIPLINARIEDAD

Para este trabajo de investigación las materias que intervienen en este estudio