UN ANÁLISIS DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN LA TRANSVERSALIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO

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Desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden a las mujeres a mejorar sus condiciones de acceso a la seguridad social y su bienestar económico.

Fomentar políticas dirigidas a los hombres que favorezcan su participación en el trabajo doméstico y de cuidados, así como sus derechos en el ámbito familiar.

Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la coordinación de las diversas instituciones gubernamentales y sociales involucradas en esa materia.

Diseñar, aplicar y promover políticas y servicios de apoyo a la familia, incluyendo servicios asequibles, accesibles y de calidad, para el cuidado de infantes y otros familiares que requieren atención.

Evaluar los esquemas de atención de los programas sociales para determinar los mecanismos más efectivos que reduzcan las brechas de género, logrando una política social equitativa entre mujeres y hombres.

Problemática

Como parte de las acciones establecidas para las políticas públicas de igualdad entre hombres y mujeres el gobierno federal ha impulsado un presupuesto destinado para dicho fin. Derivado de esto se ha asignado un presupuesto a cada una de las entidades federativas con el fin de establecer los Programas de fortalecimiento conforme a la equidad de géneros.

Hablando del ámbito normativo todas las entidades cuentan con una Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres, asimismo, cuentan con el Reglamento correspondiente a dichas Ley estatal los estados de Colima, Chiapas, Durango, Michoacán, Morelos Nayarit, Puebla Sinaloa, y Quintana Roo. Mismas que permiten observar el principio de igualdad y no discriminación contenidos en nuestra Carta Magna.[5]

Por otro lado, se puede observar que se cuenta con legislación correspondiente a la violencia en contra de las mujeres, que reconocen la protección de la vida y otros derechos de las mujeres y obviamente a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. En los códigos penales de 31 entidades federativas se encuentra tipificado el delito de feminicidio u homicidio por razones de género. Sin embargo, aún no se han creación de los protocolos correspondientes para la atención de este delito en la mayoría de las entidades federativas por parte de las autoridades judiciales.

Las 32 entidades federativas han promulgado una Ley Estatal de Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres, sin embargo, no todas las entidades federativas cuentan con su reglamento. Asimismo, las 32 entidades federativas cuentan con un Sistema Integral en contra del a violencia de la mujer sin que en 6 entidades cuenten con una normatividad para su funcionamiento. El Estado de Zacatecas presentó una declaración que establece que su sistema cuenta con presupuesto propio para operar y apoyar las acciones de cumplimiento de esta Ley.

Para que pueda aplicarse y existir un Programa Integral para Prevenir Atender y Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres es importante señalar que se requiere la participación de todos los ámbitos del gobierno y de la sociedad civil en general misma que es relevante para definir las acciones a realizar de esta política pública.

Otro rubro que es importante mencionar referente a esta política pública es la capacitación de los servidores públicos en materia de derechos humanos y por consiguiente de género. En este rubro se ha declarado que a nivel judicial han recibido capacitación en 27 entidades federativas y en 11 entidades se ha capacitado a personal militar.[6]

A nivel municipal el Sistema de información Municipal establece que en el país existen 2,461 municipios o delegaciones en el último conteo realizado por el Inmujeres a los IMEF se contabilizaron 1,751 municipios que contaban con Instituto Municipal para la Mujer, siendo que los IMEF reportan en casi 90% que cuentan con el correspondiente IMM. Los estados de Coahuila, Durango, Nayarit y Puebla. Señalaron contar con IMM en menos del 50% y el estado de Puebla reportó menos del 32.3% de IMM dentro del estado.

El principal ordenamiento jurídico para los municipios será la Ley Estatal mismo que las Entidades Federativas establecen al igual que los Reglamentos interiores y manuales de organización.

Al último censo registrado en el 2011 se registró que 626 instituciones municipales que tienen como función promover la equidad de género o derechos de las mujeres y 724 ayuntamientos habían integrado comisiones para estudiar, examinar y resolver las necesidades y los problemas municipales relacionados con l equidad de género.[7]

En este sentido, la problemática que encontramos en las acciones de la política pública en cuestión son las siguientes de acuerdo al Inmujeres: Incumplimiento de las normas institucionales respecto a los derechos de las mujeres, desigualdad, discriminación y violencia dentro de las dependencias gubernamentales, además de un limitado marco normativo para la aplicación de la perspectiva de género en los ámbitos gubernamentales.

En el ámbito normativo los problemas que se presentan son marcos jurídicos incompletos en algunas entidades federativas, inexistente marcos normativos sectoriales con perspectiva de género, incompleto marco jurídico para la gestión de la administración pública y no presentan en su mayoría de las entidades federativas los mecanismos para implementar el marco normativo.

Adicionalmente dentro de las dependencias de la administración pública se muestran desigualdades de género al interior de estas, se observan también limitadas capacidades conceptuales y metodológicas en perspectiva de género, existe la falta de interés a nivel de direcciones

En consecuencia a estos problemas encontrados en las políticas de perspectiva de género se convierte en evidente que se requieren incorporar nuevas acciones en gestión y asesoría para evitar condiciones que originan discriminación, menoscaban los derechos de las mujeres y se deben de eliminar las desventajas existentes para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Conclusión

En conclusión los objetivos derivados de Programa Nacional de Desarrollo que deben de cumplir los Estados y Municipios deberán en primera instancia dar cumplimiento a las normas ya promulgadas que establecen el respeto a las mujeres en el ámbito de su competencia para esto en todas las entidades federativas se deberá aplicar un marco jurídico de igualdad completo, un marco normativo sectorial con perspectiva de género, marco normativo para la gestión de la administración pública con perspectiva degenero y regular los mecanismos para implementar