TENSIONES Y DISPUTAS SOBRE LA NOCIÓN DE “CIUDADANÍA‟ ANTE LA POLÍTICA REPRESIVA DEL ESTADO

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La represión preventiva se manifiesta en tres modalidades básicas: en los fusilamientos o “gatillo fácil”, en la aplicación de torturas a detenidos, y en la legislación que atribuye a la policía la capacidad de detener personas arbitrariamente. La represión selectiva, por su parte, encuentra su expresión en la represión directa en movilizaciones, las tareas de inteligencia, la promoción de causas judiciales sobre militantes y los presos políticos. Para CORREPI, una de las pruebas más claras de que estas acciones constituyen una política de Estado es su sistematicidad: según el archivo de casos que la Coordinadora realiza, las fuerzas de seguridad estatales asesinan una persona cada 24 horas. Otro componente que destacan como expresión del carácter de política estatal de la represión, es la complicidad que ante estos hechos demuestra la justicia, lo que se manifiesta, por ejemplo, en las escasas condenas a miembros de las fuerzas involucrados en ellos o en las bajas penas atribuidas a los imputados. Y, en este sentido, plantean que la política represiva implementada por el Estado “va acompañada de una política judicial y legislativa que la garantiza” (Verdú, 2009:27).

Desde esta postura teórico-ideológica, CORREPI discute con aquellas tesis que intentan explicar la represión reduciéndola a hechos aislados y de carácter individual, entendiéndolos como “abusos”, “errores” o “excesos” de un agente particular, quien es catalogado como “la manzana podrida dentro de la sana institución” (Verdú, 2009:33). A la vez, desecha la argumentación que plantea que el autoritarismo propio de las fuerzas de seguridad es una herencia de la dictadura, ya que sostiene que las características autoritarias de estas instituciones devienen del rol que están llamadas a cumplir en los procesos de control social. Por otra parte, confrontan también con quienes postulan que existe una “burocracia autónoma” dentro del aparato estatal, que determinaría que las fuerzas de seguridad cuentan con ideas y reglas propias e institucionalizadas, en las que ninguna injerencia tendrían, al menos de forma directa, los poderes ejecutivo, legislativo y/o judicial.

Por lo que se entiende que el Estado es como un aparato cuya función es proteger los intereses de la clase dominante, y las fuerzas de seguridad conforman la pata represiva de ese proyecto de clase, dirigido a disciplinar y controlar a las mayorías populares. Enmarcando la represión policial en una sociedad de clases, y por tanto en un contexto de lucha de clases.

Represión y Ciudadanía, Coerción y Consenso

Hay una realidad que se nos presenta como contradictoria: por un lado es posible identificar una política activa y cotidiana de represión a los sectores populares, principalmente dirigida hacia los jóvenes varones; por otro, hallamos políticas destinadas a la atención de la víctima del hecho represivo en ambas, constituyen intervenciones del Estado, y por ende, las entendemos como política pública.

Esta misma contradicción puede ser entendida de otro modo: la represión como política estatal activa y cotidiana, dirigida selectivamente a un sector de la población, la categoría de ciudadano que reviste a cada sujeto de esta sociedad y que remite a la garantía por parte del Estado de ciertos derechos (dentro de los cuales, la libertad ambulatoria se erige como básico). El Estado es a su vez garante de los derechos que, simultáneamente, niega a determinados sujetos ¿Cómo hacer esto inteligible?

Autores como Estela Grassi (2003) y Claudia Danani (2004) han definido, en diversos trabajos, que la contradicción que versa sobre el Estado es su carácter por un lado capitalista –garante de la explotación, de una desigualdad estructural entre aquellos poseedores y quienes sólo poseen su fuerza de trabajo–, y por otro, “moderno” –garante de derechos, de la igualdad formal–. Donzelot (2007) realiza un interesante análisis de lo conflictivo del campo del derecho (o los derechos, la ciudadanía), tomando como escenario aquel que se abre a partir de la Revolución Francesa y de la construcción de la forma democrática como nuevo fundamento del orden jurídico y político.

Con este desarrollo queremos plantear, entonces, que el despliegue de derechos (civiles, políticos, sociales) en un sentido no es exactamente contradictorio o contrapuesto a las dinámicas de las sociedades capitalistas, en tanto constituyen su expresión jurídica. En este sentido, si bien el desfasaje entre igualdad formal y desigualdad estructural es permanente, la extensión mayor o menor del derecho sobre las condiciones de vida es un campo de lucha, y las intervenciones del Estado que garantizan ciertos derechos (por ejemplo, las de defensa a las víctimas de la represión estatal) deben entenderse como parte del proceso de lucha social, así también como el procesamiento particular de la misma en el seno del aparato estatal. De este mismo modo, también constituyen una expresión del modo en que el Estado realiza, en cada momento histórico, esa relación „general‟ de dominación.

Particularmente, el fenómeno represivo no puede ser comprendido sólo por su carácter “negativo”, es decir por aquello que niega o inhibe (por ejemplo la organización popular para la transformación del modelo societario), sino que además presenta un carácter “positivo”, en la medida en que crea ciertas disposiciones (Foucault, 1992). Como señala Foucault, el sistema penal además de introducir contradicciones en el pueblo, minando su unidad, tiene como papel primordial ser fuente de proletarización, induciendo a los sujetos a aceptar el estatuto de proletario y las condiciones de explotación. El ejercicio sistemático de violencia produce subjetividades, categoriza a los sujetos hacia quienes se dirige como “marginales”, “peligrosos”, y coadyuva a conformar pautas de comportamiento. Represión y políticas estatales de defensa a la víctima probablemente sea una pareja que podamos identificar en distintos momentos históricos, manifestándose de manera particular, habilitando e inhibiendo para la política pública ciertos espacios y aspectos de la reproducción de la vida posibles de ser abordados, o no, por la misma.

La política represiva estatal lesiona y niega otro tipo de derechos: la movilidad e integridad físicas. Los vecinos de los barrios populares, de los asentamientos, debido al hostigamiento constante, a la violencia verbal y física, a la privación de la libertad, se ven limitados en su circulación en el espacio “público‟.

El desgarramiento que produce el fenómeno represivo genera la comprobación de desiguales condiciones de vida frente al estatus