Monopolio natural de las empresas sanitarias en Chile

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En 1988 se promulgaron nuevas leyes que regularon las actividades del sector: Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios y Ley General de Servicios Sanitarios. Bajo el nuevo esquema, las tarifas se fijaron de manera que las empresas eficientes se autofinancian. Asimismo, se establecieron zonas tarifarias con costos relativamente similares, y se sustituyó el subsidio que beneficiaba a los hogares con un consumo menor a 20 m3 por uno dirigido a las familias con bajos ingresos (Fischer & Serra, 2007). También se autorizó a las empresas sanitarias a suspender el servicio a los clientes morosos. Un segundo aspecto de la reforma lo constituyó la separación de las labores relacionadas con la provisión del servicio, de aquellas relacionadas con la fiscalización. Para ello, en el año 1989 se creó la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), organismo normativo y fiscalizador del sector. Es un organismo descentralizado, sujeto a la vigilancia del Presidente de la República a través del MOP, siendo el Superintendente su jefe superior. La Superintendencia es responsable de regular las tarifas de los prestadores de servicios sanitarios y del cumplimiento de las normas de calidad (SISS, 2016).

Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994)

El proceso de empresarización del sector se inició con la transformación de EMOS y ESVAL en sociedades anónimas. El 65% del capital accionario quedó en manos de la Corporación de Fomento (CORFO), organismo del Estado que actúa como holding de las empresas públicas, y el 35% restante en manos del fisco (Fischer & Serra, 2007). En el año 1990 las direcciones regionales de SENDOS responsables del suministro de los servicios sanitarios se convirtieron en sociedades anónimas, quedando su capital accionario en manos de la CORFO. Estos cambios de régimen jurídico permitieron privatizar completamente a EMOS y ESVAL y hasta un 49% de las empresas regionales (SISS, 2016). Además, las sociedades anónimas, creadas a partir del SENDOS, tenían facultades para vender tanto sus concesiones y activos, permitiéndoles traspasar los servicios sanitarios a los privados.

El nuevo sistema tarifario comenzó a aplicarse de manera gradual. Entre ese año y 1994, los precios registraron un aumento promedio de 76%. Al fijar las tarifas en función de los costos, estas tuvieron alzas significativas, y en algunas regiones llegaron a exceder el 260% para los hogares con consumo menor a 20m3. En 1994 las empresas sanitarias tuvieron una rentabilidad promedio sobre sus activos de 6,3% (SISS, 2016).[pic 2]

Gobierno de Frei Ruiz-Tagle (1994-2000)

En el año 1998, antes de las privatizaciones, las coberturas de las redes de agua potable y de alcantarillado alcanzaban un 98% y 89% de la población urbana, respectivamente (SISS, 2016). La calidad del agua era aceptable en la mayoría de las áreas urbanas, con algunas excepciones como Antofagasta, donde los niveles de arsénico excedían las recomendaciones de la OMS[1] (Alegría & Celedón, 2006). Sin embargo, a medida que los estándares de calidad fueron aumentando y la demanda aumentó, las empresas se vieron limitadas en su capacidad de inversión para responder a las nuevas exigencias. Era necesario aumentar la presión en algunos sectores, proveer un servicio permanente y de buena calidad en las ciudades del norte y reducir la contaminación producida por las aguas servidas. Todas estas inversiones necesitaban altos recursos que el Estado no estaba dispuesto a entregar.

Cuando se completó el reajuste de las tarifas, el Gobierno de Frei decidió vender las empresas sanitarias de propiedad estatal. En enero de 1995 se privatizó las concesiones sanitarias que la empresa estatal ESSAL tenía en la ciudad de Valdivia, las cuales fueron adquiridas por la empresa Aguas Décima propiedad del consorcio (SISS, 2016). Sin embargo, el proceso privatizador se detuvo porque el Estado quería reforzar la regulación antes de vender las principales empresas, porque no estaba conforme con la existente. Por esta razón, se envió un proyecto de ley para mejorar el proceso de la fijación tarifaria. Este proyecto fue aprobado en diciembre de 1997. Por lo que la privatización del sector comenzó al año siguiente y rápidamente se vendieron cinco empresas sanitarias que en conjunto otorgan servicios a dos tercios de la población del país.

Este proceso se inició en sector sanitario tuvo dos motivaciones: que el sector privado financie inversiones imprescindibles en tratamiento de aguas servidas y obtener recursos para un Estado que decidió retirarse de las actividades productivas. La privatización de las sanitarias no era imprescindible para financiar el tratamiento de aguas servidas, como lo muestra el caso de la estatal ESSAN, empresa que en el año 1999 licitó una planta de tratamiento de aguas servidas en la ciudad de Calama (Fischer & Serra, 2007). El adjudicatario se hizo cargo de construir las obras y operar y mantener la planta por un período de 20 años. El mismo procedimiento podría haber sido utilizado para construir plantas de tratamiento en las restantes empresas sanitarias de propiedad del Estado.

El camino elegido por el gobierno para privatizar las empresas sanitarias fue licitar internacionalmente participaciones estratégicas a consorcios con experiencia en el sector. Este proceso se inició en diciembre de 1998 con la adjudicación de un 40% de la propiedad de ESVAL a la sociedad formada en un 72% por Enersis S.A. y en un 28% por Anglian Water Plc. En julio de 1999 el Grupo Iberdrola se adjudicó el 51% de ESSAL. En septiembre de 1999, se traspasó al consorcio formado por SLE y Agbar el 51% de EMOS, empresa que pasó a denominarse Aguas Andinas. En el primer trimestre del año 2000 se concretó el traspaso de ESSEL a un consorcio compuesto por la británica Thames Water y la portuguesa Electricidade de Portugal. También durante el año 2000, se adjudicó el 51% de la propiedad de ESSBIO a Thames (SISS, 2016).

Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006)

Las licitaciones incluyeron, además de la venta de paquetes accionarios, la participación en aumentos de capital, por lo que el porcentaje vendido fue mayor. En el caso de EMOS, el consorcio ganador aportó 453 millones de dólares adicionales para financiar el aumento de capital. En julio de 2000, Enersis S.A. vendió su participación en ESVAL a su socio Anglian Water, empresa que a su vez enajenó la propiedad en el año 2003, siendo el adquirente al consorcio financiero (Grupo Hurtado Vicuña - Fernández León). En octubre de 2002, las empresas sanitarias ESSEL y ESSBÍO se fusionan en una sola empresa y esta toma el nombre de la segunda (SISS, 2016).[pic