PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIA: PEREIRA SAMUEL FELIPE LUZARDO RODRIGUEZ JORGE ORLANDO RICO LAGOS UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

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el territorio se entiende como la manifestación espacial del poder fundamentada en relaciones sociales, relaciones estas determinadas, en diferentes grados, por la presencia de energía – acciones y estructuras concretas – y de información – acciones y estructuras simbólicas. Esa comprensión permite pensar el proceso de territorialización-desterritorialización-reterritorialización (T-D-R), basado sobre todo en el grado de accesibilidad a la información; en otras palabras, la información, o no, de símbolos y/o de significados puede favorecer nuevos territorios (territorialización), destruir (desterritorialización) o reconstruir (reterritorialización) (Raffestin, 1993)

La territorialidad es la que permite la legitimidad un territorio, y así poder regir y controlar a una sociedad, según Monnet “Capacidad de un actor de ejercer una competencia sobre alguna extensión” (Monnet, 2010). Como es bien sabido un país busca el desarrollo socioeconómico la cual infiere una distribución armoniosa, integral y compleja del crecimiento económico y sobre todo enfocarse en los objetivos de carácter social, y a una independencia social y monetaria en referencia a ese crecimiento. Comprende además un cambio en sus actitudes sociales y en las técnicas de administración y gobierno público; así mismo las instituciones privadas bien sean empresas nacionales, transnacionales y multinacionales estén enfocadas a la interrelación que existe entre estado y sociedad independientemente de las variables políticas, económicas y sociales del país, por lo tanto un gobernante se debe preocupar por llevar a cabo políticas incluyentes encamadas a mantener la autonomía sobre el territorio y la territorialidad.

Sean cuales fueren las dimensiones de la planificación territorial que se aborde, es lógico pensar en que hay que transformar la tendencia al desarrollo hacia una macro-política más incluyente y participativa que integre todos los sectores de carácter central y de fórmulas que se extiendan en red sobre el mismo territorio, aprovechando precisamente el territorio propio y la idiosincrasia de la zona, es decir, que tenga una lógica territorial. De un lado las transformaciones socioculturales serían menores y más aceptables, los impactos se diversificarían y se facilitaría una mayor relación entre la realidad sociocultural. De otro lado la opción de distribuir todos los agentes que convergen de forma equitativa lo que se convierte en una visión territorial más amplia, lo que daría mayores oportunidades, una serie de beneficios sociales, económicos, políticos y culturales que permitan evolucionar y transformar el territorio, como lo establece Jolly

…La gobernabilidad en Colombia solo es posible mediante políticas públicas hibridas, hijas del matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gober-nancia (Jolly, 2012)

En Colombia se debe de fortalecer de manera inmediata el nivel local como regional a través de los POTs debido a que estos están sobre cargadas de competencias sin los recursos necesarios y muchos menos con la infraestructura adecuada para asumirlas, sin embargo la esta ley manifiesta en su artículo 2: Los municipios gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley, esta autonomía está limitada en gran ya que muchas políticas públicas están centralizadas desde el gobierno nacional, y de la misma manera han venido cargando competencias y funciones a los municipios lo que hace que los recursos se direccionen para cumplir con estas, además muchos de ellos no son autosuficientes y financieramente no son viables, pese a las facultades contempladas en dicha norma parece que estas no ha sido del todo suficientes en muchos municipios la inoperancia y la corrupción son el diario vivir por lo cual ciertos municipios en Colombia están rezagados frente a otros, abriendo así la brecha de desequilibrio generando una profunda crisis territorial en el país sin lograr conseguir que los entes territoriales en este caso los municipios, sean verdaderas empresas eficientes, modernas, ampliamente democráticas y transparentes en la ejecución de los recursos públicos, por lo cual se debe propugnar por hacer más eficientes a estos desde una planificación y la administración en aras de desarrollar los territorios, bajo parámetros económicos y sociales más incluyentes y participativos hacia un modelo más dinámico y democrático.

El POT es la herramienta fundamental e instrumento de planeación para el desarrollo integral permitiendo direccionar la gestión, ejecutar los recursos disponibles y vislumbrar el desarrollo por consiguiente este debe ser integral, viable, evaluable y que corresponda a la necesidades de la comunidad, que sea diferencial e incluyente, así como también a la vez participativo, además debe estar en armonía con el plan de desarrollo tanto Nacional como departamental con el fin de poder articular las políticas emanadas en estos, también es fundamental recordar que la función de los consejos según la ley no se limita a la elaboración del concepto a los borradores de los planes de desarrollo antes de convertirse en proyectos de ley, ordenanza o acuerdos, sino que por su carácter permanente pueden ejercer una labor de seguimiento y evaluación en el proceso de ejecución de los planes de desarrollo.

Para impulsar el proceso de gobernabilidad a través de los POTs se pone especial énfasis en el fortalecimiento de la legalidad y la legitimidad. Se entiende por legalidad la generación de espacios institucionales para el ejercicio de los derechos por parte del ciudadano. A su vez se entiende por legitimidad la generación de espacios consensuales en los que se pueda expresar la aceptación y adhesión del ciudadano respecto del accionar gubernamental. Por ello se fortalecen los procesos de descentralización local y participación social.

En cuanto a sectorialidad y territorialidad de las políticas públicas, gobierno del territorio y gobernancia de los territorios, el hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” desde arriba más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por