Desde los orígenes de la creación del Estado mexicano se concibe un proyecto de nación inherente a la educación, mismo que se determina a partir de los fines socio-políticos y económicos en el devenir histórico.

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Es a partir de este periodo cuando comienza la ola de reformas estructurales del sistema educativo y también la ola de rotundos fracasos hasta nuestros días.

Adolfo López Mateos (1958-1964) consideró prioritario ampliar las oportunidades educativas y apoyar la educación normal y la capacitación para el trabajo. La educación había registrado avances, pero todavía en 1958 uno de cada dos mexicanos no sabía leer y las insuficiencias de los servicios así como la inequitativa distribución de la oferta hacían que el nivel básico fuese poco accesible para amplios sectores de la población. En esas condiciones, el gobierno promovió la expansión acelerada del servicio educativo: se incorporaron poco más de dos millones 800 mil estudiantes, se duplicaron en términos reales los recursos federales destinados a la educación, se construyeron más de 21 mil aulas, se fortalecieron los servicios de mejoramiento profesional del magisterio y se reformaron planes y programas de educación normal. Entre las políticas más importantes del sexenio, se encuentran la formulación e inicio del Plan de Once Años, la implantación del libro de texto gratuito para la primaria y la reforma de los planes y programas de estudio de primaria y secundaria (Noriega, 1985:19-20).

El Plan para el Mejoramiento y la Expansión de la Educación Primaria en México, conocido como

Plan de Once Años por el lapso en que se cumplirían sus objetivos, propuso satisfacer toda la demanda de educación primaria. Al cabo de los 11 años el objetivo central no logró cumplirse, no obstante, constituyó “un gran salto hacia adelante en el intento de proporcionar educación primaria a todos los mexicanos” (Caballero, 1981: 371) y, como señala Prawda (1987: 29), fue “el primer intento de planificación oficial del sistema educativo mexicano”, en el cual la gratuidad y la obligatoriedad de la primaria cimentaron la iniciativa para elaborar libros de texto gratuitos. La propuesta fue ofrecer a los alumnos un mínimo de conocimientos y destrezas sin distinción de condiciones sociales. Para editar los libros se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito (CONALITEG).

Las propuestas educativas del presidente Díaz Ordaz (1964-1970) fueron semejantes a las del gobierno anterior por lo que no se retoman aspectos que propiamente sean consideraros como reforma del sistema educativo, no obstante, se reportan cambios como el aumento en la matrícula entre otros.

En el marco de una política de reforma educativa, el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) propició una considerable expansión y diversificación de los servicios educativos, la multiplicación de las instituciones en todo el país y su crecimiento interno, la reforma a los planes y programas de primaria y secundaria, la edición de nuevos libros de texto gratuito y la promulgación de nuevas leyes en materia educativa y de patrimonio cultural.

La Ley Federal de Educación de 1973 estableció que la educación es un servicio de carácter público que ejerce el Estado y la iniciativa privada bajo las condiciones que éste señale; organizó al sistema educativo nacional; estableció la función social educativa, las bases del proceso educativo y los derechos y obligaciones sobre la materia. Dicha ley reiteró la gratuidad de la educación impartida por el Estado y el derecho que todos los habitantes del país tienen de recibir educación con las mismas oportunidades; estableció las modalidades escolar y extraescolar y nuevos procedimientos de revalidación y equivalencia de estudios; y aseguró el principio de libertad educativa (González, 1981:416).

El gobierno de López Portillo (1976-1982) elaboró el Plan Nacional de Educación (PNE). Dicho Plan consistió en un diagnóstico y en un conjunto de programas y objetivos. En 1978 se declaró prioritaria la educación preescolar y se puso en marcha el Programa de Educación para Todos cuyo objetivo fue atender a todos los niños que demandaran la escuela primaria. Durante el sexenio se impulsó la educación terminal, se buscó regular, mediante la planeación, a la educación superior y se creó la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). En este sexenio adquirieron relevancia las preocupaciones sobre la calidad y la atención al rezago educativos. Además Artículo Tercero Constitucional (1980) incluyó el concepto de autonomía universitaria concebida como el ejercicio de ciertas facultades que el Estado otorga a entidades públicas no centralizadas. La autonomía se otorga, así, mediante un acto jurídico emanado del Poder Legislativo, federal o estatal, e implica el derecho y la obligación de las instituciones a autogobernarse, expedir sus normas y reglamentos, realizar sus fines con respeto a la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas, determinar sus planes y programas de estudio, fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico y administrar su patrimonio (Rangel,1983:112-119).

Desde los orígenes de la creación del Estado mexicano se concibe un proyecto de nación inherente a la educación, mismo que se determina a partir de los fines socio-políticos y económicos en el devenir histórico. A medida que la nación avanza en el proceso de consolidarse como estado, también lo hace la educación, en función de las necesidades inmediatas que demanda la sociedad, pero sobre todo atendiendo a los intereses de la clase hegemónica que marca la dirección del sistema educativo mexicano y sus constantes transformaciones pasando por diversas situaciones que develan el proceso educativo desde que México es una nación independiente, sin embargo, según mi punto de vista existen tres reformas o periodos de cambio que han determinado el rumbo de la educación en el país y a los que me referiré para el desarrollo de este trabajo.

El primer periodo es el postrevolucionario, cuya meta era la consolidación del Estado mexicano para alcanzar una identidad nacional y en el cual se gestan las primeras generaciones de maestros rurales en el país. El segundo momento es el relativo al “Plan de once años” cuyo propósito fue garantizar la educación primaria, gratuita y obligatoria. Por último la “Modernidad educativa” que pretende mejorar la calidad del sistema educativo, elevar la escolaridad de la población, descentralizar la educación y fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo.

Primer momento periodo postrevolucionario

En el periodo de la revolución mexicana (1910-1917) la educación tuvo un escaso desarrollo. Sin embargo, el Congreso Constituyente de 1917 elevó por primera vez a rango constitucional el precepto

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