EL CARDENISMO (RESUMEN DE LAS LECTURAS CONTENIDAS EN “HISTORIA ECONÓMICA DE MÉXICO” DE ENRIQUE CÁRDENAS)

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EL BANCO DE MÉXICO ERA RELATIVAMENTE AUTÓNOMO, PERO EN 1936 SE ESTABLECIÓ UN DECRETO POR MEDIO DEL CUAL EL GOBIERNO PODÍA DISPONER DE UN LÍNEA DE CRÉDITO QUE EQUIVALÍA AL 10 POR CIENTO (ANTES DE ERA EL 5 POR CIENTO) DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO. EN 1938, EL CRÉDITO SE FLEXIBILIZÓ AUN MÁS AL PERMITIR QUE EL GOBIERNO PUDIESE ADQUIRIR MÁS CRÉDITO A CAMBIO DE BONOS GUBERNAMENTALES. ESTO ABRÍA LA OPORTUNIDAD DE QUE EL GOBIERNO PUDIESE EJERCER DÉFICITS FUERTES FINANCIADOS CON LA IMPRESIÓN DE DINERO. SIN EMBARGO, ESTE NO FUE EL CASO DEL GOBIERNO DE CÁRDENAS. LA SITUACIÓN ECONÓMICA HIZO NECESARIO QUE SE INCURRIERA EN DÉFICITS PERO MODESTOS CON FINANCIAMIENTO DEL BANCO CENTRAL. PARTICULARMENTE, EN 1938 CUANDO LA ECONOMÍA SE ENCONTRABA SUFRIENDO LOS ESTRAGOS DE LA RECESIÓN ESTADOUNIDNESE, SE ALCANZÓ EL PEOR DÉFICIT DEL CARDENISMO CON UNA CIFRA MENOR A 1 POR CIENTO DEL PIB, UN DÉFICIT MODESTO PARA UN AÑO DIFICIL.

EN RELACIÓN A LOS INGRESOS QUE PERCIBÍA EL GOBIERNO, EL ESTABLECIMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN 1926 Y LOS IMPUESTOS A LA INDUSTRIA PERMITIERON QUE POR PRIMERA VEZ ESTOS INGRESOS SE EQUIPARAN CON LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR EXTERNO. LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y A LA INDUSTRIA CONSTITUÍAN EL 29 POR CIENTO DE LOS INGRESOS, MIENTRAS QUE LOS REFERENTES A LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EQUIVALÍAN AL 40 POR CIENTO DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO. SIN EMBARGÓ, ESTE 40 POR CIENTO SEGUÍA REPRESENTANDO UNA DEPENDENCIA Y UNA GRAN VULNERABILIDAD A LAS FLUCUTUACIONES EN EL EXTERIOR.

EL PETRÓLEO Y LA REVOLUCIÓN MEXICANA

(RESUMEN DE LAS LECTURAS CONTENIDAS EN “HISTORIA ECONÓMICA DE MÉXICO” DE ENRIQUE CÁRDENAS)

El origen de la expropiación petrolera se remonta a un conflicto de carácter sindical. Desde principios de siglo, el trabajo en la industria petrolera se dividía entre trabajadores nacionales y extranjeros. Existía una gran molestia en el sentido de que no había equidad, ya que los extranjeros ganaban en promedio el doble o hasta el triple que los nacionales. La homologación de pagos se convirtió en una demanda laboral de los trabajadores en esta industria.

En un principio se impuso un salario mínimo en el gobierno de Abelardo Rodríguez. Cuando Cárdenas asumió la presidencia, incrementó el salario mínimo y suspendió algunas concesiones a empresas petroleras por lo que las tensiones comenzaron a incrementarse entre el gobierno mexicano y las empresas extranjeras.

Desde 1936, los sindicatos habían comenzado a organizarse para demandar un contrato colectivo único y un aumento salarial que nivelaría las remuneraciones de los trabajadores nacionales con las de los extranjeros. Las empresas desestimaron las demandas laborales y en 1937 los sindicatos se fueron a una huelga general.

El conflicto se llevó a instancias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que falló a favor de los sindicatos en 1937. Las empresas se consideraron víctimas de una injusticia y se declararon en desacato.

Por primera vez en la historia de México, las compañías petroleras eran condenadas por los tribunales de nuestro país. El 2 de marzo de 1938 las compañías petroleras extranjeras hicieron un anuncio conjunto donde expresaban que no podían aceptar las demandas de los trabajadores, por lo que se declaraban incapaces de aceptar los términos del mandato de la junta de trabajo.

Las compañías hicieron esfuerzos por negociar. Hicieron reuniones privadas con el gobierno y el sindicato. Los abogados de las compañías trataron de negociar directamente con el sindicato pero los intentos fueron infructuosos, ya que los tribunales insistían en que se cumpliera el mandato.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje comenzó a realizar embargos a los fondos de las compañías como fianza y medida precautoria para el pago de adeudos de salarios. En la Cámara de Diputados se analizaba la situación, que se consideraba de importancia internacional, e interpretando la amenazas de las compañías petroleras de retirarse del país como una oportunidad para nacionalizar toda la industria.

El Presidente declaró que al negarse las compañías a cumplir con el mandato judicial, no dejaba otro camino que el de la expropiación. No se podía permitir que las compañías petroleras desobedecieran las leyes, trataran con desprecio las decisiones dictadas por los tribunales, pagaran impuestos cuando lo creyeran conveniente y gozaran de una posición especial y privilegiada respecto a los trabajadores mexicanos. Todos estos aspectos habían sido ciertos a lo largo de la historia de la industria petrolera. La expropiación representaba la oportunidad de que por fin el país se hiciese independiente política y económicamente.

El Presidente recibió el apoyo no solo de la Cámara sino también de los sindicatos como el comité nacional de la CTM (Confederación de Trabajadores de México) y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de México, quienes declaraban que el proletariado deseaba reiterar su apoyo al gobierno y hacer constar su disposición a realizar cualquier sacrificio necesario. Los trabajadores consideraban la expropiación como el único acto posible en una lucha contra el imperialismo petrolero, por lo que la conquista de las compañías petroleras tenía que ser defendida para conservar la independencia económica del país. Los trabajadores se consideraban partícipes de una nueva guerra de independencia que si bien representaba serios sacrificios, beneficiaría al país en el largo plazo.

La decisión de expropiar se tomó el 10 de marzo de 1938 cuando el presidente Cárdenas envío una nota al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Francisco J. Múgica, pidiendo que se redactara un manifiesto donde se hiciese ver la necesidad de defender la dignidad del país debido a la desobediencia de las compañías extranjeras, haciendo notar que no había más remedio que incautar la industria para hacer respetar la ley. Por cuestiones jurídicas, la expropiación tardó unos días más.

El paso final se dio a las 10 de la noche el 18 de marzo de 1938 cuando el presidente Cárdenas se dirigió a la nación por radio declarando la inmediata ocupación del gobierno de los bienes materia de expropiación y el pago de la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas en efectivo en un plazo no mayor a 10 años. Los fondos para este pago se tomarían de la producción y venta del petróleo. Se trataba de un proceso revolucionario que prometía independencia económica

La expropiación encontró eco en todos los sectores. El rector de la UNAM manifestó