Gobierno Independiente

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- La CIDH expresa su preocupación por las agresiones reportadas contra medios y periodistas en Venezuela, así como por la falta de investigaciones y sanciones a los responsables[36]. En este sentido, la CIDH fue informada de las amenazas que habría recibido el comunicador Luis Carlos Díaz en noviembre de 2011 y en enero de 2012 mediante su cuenta en la red social Twitter y en su teléfono móvil. Las amenazas habrían sido motivadas por su actividad en redes sociales y sus comentarios acerca de los ataques informáticos que habrían recibido diversas personalidades venezolanas. De acuerdo con lo informado, el 7 de enero un supuesto grupo de hackers que se hace llamar N33 habría anunciado en la cuenta de Díaz en Twitter que lo llamarían, y cuando lo hicieron le dejaron un mensaje de voz con tono intimidatorio en el cual aseguraban que “lo iban a reventar”. El 20 de noviembre, desde una supuesta cuenta de un canal estatal, Díaz habría recibido mensajes en los que le decían “estás fichado” y ”¿Te gustó la sorpresita?”, seguidas por una llamada telefónica en la que le insultaron. Díaz es el coordinador del Área de Comunicación y Redes del Centro Gumilla, una institución de investigación y acción social de la orden de los jesuitas[37]. El 28 de enero, las cuentas en Twitter del director de la versión digital del semanario Sexto Poder, Alberto Rodríguez (@AlbertoRoPa), y el periodista Orian Brito (@OrianTV) habrían sido intervenidas por el grupo N33 y los periodistas perdieron el acceso a las mismas. El 31 de enero, habrían comenzado a aparecer archivos personales de Brito en la misma cuenta, así como mensajes agresivos contra periodistas que han sido críticos del presidente Hugo Chávez. Los hechos habrían ocurrido después de que los comunicadores denunciaran que el Gobierno venezolano estaría reclutando menores de edad para actividades armadas[38]. El grupo de hackers N33 habría intervenido el 7 de marzo la cuenta en la red social Twitter del director del diario El Nuevo País, Edgar C. Otálvora (@ecotalvora), y desde allí enviaron imágenes y mensajes insultantes contra el candidato presidencial opositor Henrique Capriles[39].

- El 18 de enero de 2012 un equipo periodístico de RCTV habría sido encañonado con armas de fuego por desconocidos y despojado de sus equipos mientras cubría la publicación de los resultados de las elecciones estudiantiles en dos escuelas de la Universidad Central de Venezuela. De acuerdo con lo informado, los comunicadores habrían grabado a dos encapuchados que lanzaron bombas lacrimógenas a la salida de un auditorio donde se anunció el resultado de la votación. Antes de escapar, los sujetos armados habrían disparado al aire[40].

- De acuerdo con información recibida, desde febrero de 2012 el columnista Omar Arévalo, del diario La Prensa de Barinas, habría recibido amenazas y sería objeto de una campaña de descrédito después de publicar denuncias de presuntas irregularidades en la alcaldía de Barinas[41].

- De acuerdo con información recibida, un grupo, conocido como “Brigadas Integrales Comunitarias”, habría agredido el 8 de febrero de 2012 a la corresponsal de Globovisión en el estado Aragua, Carmen Elisa Pecorelli, cuando cubría la visita de una comisión de la Fiscalía General de la República que investigaba las muertes de varios recién nacidos en un hospital de Maracay[42].

- La CIDH tuvo conocimiento de que el 19 de febrero de 2012 el periodista del diario Visión Apureña, Mario Castillo, habría sido agredido por un presunto miembro de la Guardia Nacional en un hospital de la ciudad de San Fernando de Apure. Según la información recibida, el periodista habría intentado fotografiar el ingreso al hospital de un militar herido de bala en un pie de manera accidental, cuando el efectivo de la Guardia Nacional le habría insultado y amenazado[43].

- El 5 de marzo de 2012, varias decenas de presuntos funcionarios del Estado y miembros de un grupo llamado Los Motilones, se habrían presentado a la emisora La Barinesa 92.7 FM, de Barinas mientras se transmitía el programa Punto y Coma, conducido por el periodista y candidato a la Alcaldía de Bolívar, Adolfo Superlano. De acuerdo con lo informado, la presencia del grupo en la emisora habría tenido la finalidad de amedrentar al director de la emisora, después de que durante varios días un programa transmitiera información relacionada con la posible contaminación del acueducto de Barinitas. Superlano habría denunciado la situación ante el Ministerio Público y solicitado protección[44].

- El 11 de marzo de 2012 desconocidos habrían incendiado la casa del periodista José Ramón González, secretario general de la seccional Apure-Amazonas del Colegio Nacional de Periodistas (CNP). De acuerdo con la información recibida, durante la madrugada los perpetradores habrían entrado violentamente a la casa, rociado gasolina en el interior y prendido fuego. Días antes del incidente, González habría recibido amenazas e intentos de extorsión[45].

- Asimismo, el 11 de marzo de 2012, presuntos integrantes del Colectivo La Piedrita, grupo armado ilegal que opera en un sector popular de Caracas, habrían llevado a las instalaciones del canal Globovisión dos carrozas fúnebres con los ataúdes que contenían los restos de dos miembros de dicho grupo asesinados recientemente. De acuerdo con lo informado, el Colectivo La Piedrita habría responsabilizado a Globovisión por la muerte de sus compañeros, que según ellos habrían sido asesinados por un grupo paramilitar. El 10 de marzo, otro grupo llamado Secretariado Revolucionario de Venezuela también se habría manifestado frente a las instalaciones de Globovisión y habría atribuido a la emisora crear “violencia a nivel mediático” y “magnificar” la violencia que ocurre en barrios de Caracas[46]. Desde 2004 Globovisión cuenta con medidas provisionales de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se ordenó al Estado, inter alia, “que adopte, sin dilación, las medidas que [fueran] necesarias para resguardar y proteger la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de los periodistas, directivos y trabajadores de Globovisión, y de las otras personas que se encuentren en las instalaciones de dicho medio de comunicación o que estén directamente vinculadas a la operación periodística de este medio”, así como “las medidas que [fueran] necesarias para brindar protección perimetral a la sede del medio de comunicación social Globovisión”[47].

- De acuerdo con información recibida, la periodista Sara Vargas García, del canal Órbita TV de Anzoátegui, habría recibido amenazas, en llamadas telefónicas a su programa de televisión y mediante una nota