COMPROMISO DEL GOBIERNO COLOMBIANO CON LA EDUACION

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Sin embargo, partiendo de épocas de los años de los 90 con la administración de los presidentes Gaviria, hasta la actualidad se han presentado una serie de críticas debido a la implementación de la Ley 30 de 1992 la cual ha querido privatizar la educación pública tal y como lo muestran los señalamientos de la Federación Nacional de Profesores Universitarios en su debate a la reforma de la ley 30 de 1992:

“Durante el Gobierno de Cesar Gaviria (1), 1990-1994 en su proyecto “Bienvenidos al futuro” estableció bajo los criterios Neoliberales que los Derechos que constitucionalmente deben ser financiados por el estado, se cambiarían por Servicio Público para ser financiados por los usuarios. En la Educación Pública el financiar la demanda, y no la oferta institucionalizó que los usuarios- estudiantes paguen los servicios educativos, imponiendo la política de desobligar al estado de financiar la Educación Pública.

Con la intervención de la Ley 30, se congelaron los presupuestos o asignación de recursos por parte del estado para las universidades, ya que estableció que a partir de 1993 los presupuestos se incrementarían en el IPC anualmente; con esta reglamentación se indujo a que las universidades públicas tuviesen que autofinanciar sus nuevos programas.

Toda esta reglamentación se enmarcó dentro de la política privatizadora de reducir los gastos, desobligar al gobierno de financiar la educación, sin ningún miramiento por sus efectos en la calidad académica”

Por su parte… “Durante el Gobierno Ernesto Samper, 1994 – 1998, “Salto Social” (2), se institucionalizó que la financiación de la educación pública debería también corresponder al estado, las instituciones (sociedad) y los padres de familia, dentro de la óptica Neoliberal y en la perspectiva de reducir los gastos y de reducir los aportes del estado.

En este cuatrienio aparecen también los Estándares de calidad para medir la eficiencia de las administraciones universitarias, entendida esta eficiencia como las gestiones adelantadas para la consecución de recursos acrecentando las rentas propias y para desobligar aún más al estado de financiar la educación pública.”

“En el Gobierno de Andrés Pastrana Arango 1998-2002,” Un Cambio para la Paz” (3), se consolida aún más la embestida Neoliberal contra la universidad pública, En el plan estratégico de educación 2000-2002 del MEN, propuso ajustes institucionales de saneamiento, viabilidad y desempeño orientados según el gobierno al mejoramiento de la calidad y la transparencia aplicando la certificación de los requisitos básicos para los programas, la acreditación voluntaria de los mismos, la acreditación voluntaria de las instituciones y las pruebas de competencias profesionales en los programas académicos de alto impacto social. La institución universitaria se forja como una empresa de producción con un gerente al mando en donde las Normas de administración se regulan solamente por el rendimiento del dinero cuya tarea principal se reduce a la captación de recursos.”

“Durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez- 2002-2006 y 2006 -2010 se desarrollaron y consolidaron tres estrategias fundamentales: La Cobertura, la Eficiencia y la Calidad (4). En la cobertura se logró un incremento notable de estudiantes en todas las universidades públicas, con las mismas condiciones materiales y humanas, fue notorio también el hacinamiento de los alumnos por aula, las condiciones de laboratorios y planta física sin ninguna inversión para su mantenimiento y remodelación; los profesores de planta que se jubilaron o se retiraron de la universidad fueron remplazados por profesores de cátedra u ocasionales vinculados a destajo y en condiciones de parias , lo cual permitió incrementar la rentabilidad a las administraciones universitarias.

Con el Decreto 2566 del 2003(5), el gobierno Nacional impuso nuevas modalidades académicas pisoteando la autonomía y negando la experiencia y el cumulo de conocimientos adquiridos históricamente por las universidades. Se buscó el control total de los contenidos y métodos de enseñanza, se aplicó mecánicamente el llamado crédito académico para negar la presencialidad y fomentar una enseñanza individualizada anticientífica. Todas estas disposiciones se enmarcaron dentro de la política del recorte del gasto y de la mal llamada eficiencia administrativa.

“La Revolución Educativa” promovió con mayor vehemencia los procesos de acreditación institucional que son el adecuamiento de la universidad a los requerimientos y mandatos del gobierno impuestos por el MEN. Todas estas política impulsadas por el gobierno nacional han buscado acomodar el sistema educativo a las necesidades y requerimientos del modelo económico imperante, se adelantaron reformas en los contenidos para responder al mercado laboral dentro de la globalización se busca una estandarización que permita ofertas académicas en paquetes de formación superior aprovechando la tecnología de comunicación por internet en la modalidad virtual.

La reducción de los contenidos de las asignaturas, la disminución del número de estas en los diferentes programas que ofrece la universidad, se convirtió en la tarea de la hora. Los llamados créditos académicos impuestos por el gobierno bajo la premisa que el estado tiene de ejercer el control y la vigilancia y garantizar la movilidad.

El Plan Decenal de Educación 2006-2015(6) y la Visión 2019(7) provenientes del MEN, aspiran a que la educación pública Colombiana consolide sus aspiraciones neoliberales y bajo las estrategias ampliamente difundidas de la cobertura, la calidad, la eficiencia, la pertinencia quede totalmente privatizada, negando el derecho a la educación pública. La Ley 1188 de 2008, abril 25, por la “Cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones” y el Decreto Numero 1295 de abril 20 de 2010, por el “Cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior “

Por tanto el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos, decreta mediante Acto Legislativo No. 005 de 2011, el Decreto 4923 del 26 de diciembre de 2011 y con el amparo de la Ley 1530 de 2012, : “…mediante el Sistema General de Regalías (SGR) se canalizan los recursos que se obtienen por la extracción de los recursos naturales no renovables y su misión es distribuirlos atendiendo las siguientes características: pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, de forma tal que promuevan el desarrollo en las regiones e igualmente promuevan la eficiencia y la transparencia en dichas

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