La tensión entre el gobierno colombiano y los cárteles de narcotráfico durante 1980 y 1990

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El servicio de secreto colombinao Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) publicó informaciones nuevas en forma de los Papeles de Wanumen que los cárteles poseían informantes en todas partes del poder ejecutivo que transmitieron informaciones sobre la justicia y el Ministerio de Asuntos Exteriores como sobre el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) y de la fiscalía general.

Además la DAS descubrió alianzas entre miembros de la policía y los cárteles. En la ciudad de Medellín la policía consiguió dinero para que dejaran trabajar libremente a los intermediarios. También la policía vendió informaciones en forma de datos personales sobre los miembros de la policía al Cártel de Medellín para que se pueda influirlos o matarlos más fácilmente. La policía de Cali aun procedía de la manera que la protegía a los miembros del Cártel de Cali contra la persecución penal.

El ejemplo del asesinato de los contrabandistas de esmeraldas en 1989 por el militar colombiano mostró que el militar todavía trabajaba bajo la orden de los narcotraficantes. En general los cárteles fueron apoyados con avisos a tiempo en cuestión de operaciones policíacas contra el contrabando de drogas (cf. Ambos, 1997, p. 339 ss.).

Si se considera la justicia colombiana en particular se puede ver que no podía funcionar de forma original a causa de la infiltración de los cárteles. Un ejemplo que también los funcionarios de la justicia no eran seguros que estaban en contra de los cárteles es el accidente de la Redención del palacio judicial en 1985, cuando 14 jueces del tribunal fueron asesinados. Todos ellos trabajaban en procedimientos contra miembors de los cárteles y lo más probable es que fueran asesinados por orden de los cárteles. Dentro de la justicia había la ley de los dos metales: plata o plomo que significaba que o los jueces tomaban el cohecho de los cárteles o fueron asesinados. Uno del los jueces del tribunal dijo que los cárteles pertenecían al poder para desmantelar la justicia colombiana. Otro ejemplo de la infiltración de la justicia fue el escándalo-telefonazo en 1993 que publicó que un funcionario del ministerio fiscal ofreció ayuda judicial al capo Roberto Rodríguez Orejuela[4] del Cártel de Cali

(cf. ibd., p. 342 s.).

Según Jäger (2007, p. 53) una expresión de Staatszerfall[5] es:

„[…] wenn der Staat seine Fähigkeit verliert, die eigenen Gesetze insbesondere bei Kapitalverbrechen durchzusetzen […] Mord- und Entführungsraten sind [sind] direkte Indikatoren für Sicherheit als vorrangigem Ziel staatlicher Ordnung“.

Si se considera la siguiente ilustración bajo esas características mencionadas, se puede ver que con el inicio de los 1980 los asesinatos crecieron continuamente y en los 1990 se quedaron más o menos al mismo nivel. Por el contrario, el número de los apresamientos se queda siempre al mismo nivel.

[pic 1]

Gráfica 1. Tötung und Verhaftungen in Kolumbien in Kolumbien 1975 – 2003 (Jäger, 2007, p. 53)

La tasa elevada de los asesinatos está relacionada con la disputa entre el estado y los cárteles entre 1989 y 1991 porque en este tiempo los cárteles han procedido radicalmente con sus intereses del narcotráfico contra el estado. En los 1990 solo el 15 por ciento de los asesinatos fueron perseguidos o condenados por la justicia. Esos números pueden indicar que el estado colombiano no era capaz de garantizar la ley y el orden para sus habitantes (cf. ibd. p. 54 s.).

Esa incapacidad también se puede observar en la ilustración siguiente que implica la tasa de secuestros entre 1987 y 2003.

[pic 2]

Gráfica 2. Entführungen 1987 – 2003 (Jäger, 2007, p. 54)

En el año 2000, la tasa de secuestros subió dieciséis veces al contrario que en el año 1987y fue el número más alto con 3706 secuestros (cf. ibd. p. 54).

La ilustración siguiente dar una vista general sobre los asesinatos de líderes políticos y civiles en Colombia. Amenazas de asesinato, golpes y difamación pública eran hechos habituales para aquellos que participaban activamente en política y que no actuaban a favor de los cárteles.

[pic 3][6]

Tabla 1. Morde an politischen und zivilen Führungskräften (Jäger, 2007, p. 128)

La corrupción, ya mencionada al inicio de este capítulo especialmente dentro de los poderes estatales se puede ver otra vez en forma de números en las siguientes ilustraciones.

En la primera ilustración se percibe una tendencia reducida del deseo de la sociedad de obtener la democracia en Colombia. La consecuencia de los 80 y 90 era que los habitantes colombianos habían perdido la confianza en el gobierno colombiano, así que menos del 40 por ciento de los habitantes todavía querían la democracia en Colombia.

[pic 4]

Tabla 2. Prozentualer Anteil der Bevölkerung mit Präferenz für Demokratie in Kolumbien (Jäger, 2007, p. 39)

Esa tendencia también se puede observar en la ilustración siguiente. En el año 1988, participó el 66,7 por ciento de los habitantes en las elecciones municipales pero en los1990 participó en el promedio el 20 por ciento menos de los habitantes que antes.

[pic 5]

Gráfica 3. Beteiligung an Wahllokalen 1988 – 1997 (Jäger, 2007, p. 42)

Esos números comprueban otra vez la perdida de la confianza de los habitantes colombianos en su gobierno (cf. ibd. p. 39 ss.).

Jäger (2007, S. 39) interpretó esos datos de la forma seguiente:

„Ein weiterer Indikator für die Bewertung der Funktionsfähigkeit staatlicher Institutionen durch die Bevölkerung ist die Wahrnehmung von Korruption. Diesbezüglich weist Kolumbien in der Tendenz relativ schlechte Werte (d.h.hohe Korruption) auf […]“.

En 1997 el 87 por ciento de la gente dijo en una encuesta que el problema de la corrupción de Colombia era agudo y se veía como problema grave en cuestión del funcionamiento del estado colombiano (cf. ibd. p. 39).

- El desarollo de las relaciones entre el gobierno y los cárteles

El enfrentamiento entre el Cártel de Medellín y el Cártel de Cali ha encontrado una tercera