LA APARICIÓN DEL CUARTO PODER EN LA CONSTITUCIÓN DE 1836

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hacía presente e incluso se depositaba en cuatro figuras la Ejecutiva, Legislativa, Judicial y la del Supremo Poder Conservador.

Así, el 4 de diciembre de 1835 una comisión formuló el proyecto de la segunda ley constitucional que organizaba un Supremo Poder Conservador.

La discusión para su aprobación se dividía entre los autores del proyecto y sus partidarios, así como de sus opositores. El enfrentamiento más destacado se encontraba entre Francisco Manuel Sánchez de Tagle, defensor del proyecto y su opositor el General José María de Tornel, Ministro de Guerra, fiel defensor del poder Ejecutivo. (Galeana, Patricia. 2003: 110).

La experiencia había demostrado la imposibilidad práctica de lograr un equilibrio correcto entre los tres poderes. Desde la Independencia, ninguno de ellos había cumplido adecuadamente sus funciones constitucionales. La omnipotencia del Legislativo, que en 1833 había violado sistemáticamente los derechos elementales de la ciudadanía (las reformas de Gómez de Farías), era la prueba más clara de esta aseveración. (Galeana, Patricia. 2003: 111).

Tagle señaló que: “los poderes políticos se han salido no una, sino muchas veces, de los linderos que la Constitución les prefijaba, notándose que siempre que uno que se introduce en terrenos del otro, ambos delinquen, el uno por exceso, el otro por defecto; aquél porque pasó donde no podía y éste porque no llegó a donde debe”.

En este sentido el Supremo Poder Conservador serviría como poder neutral, regulador, árbitro moral que pudiera impedir la violación a la Constitución por los otros poderes.

El General Tornel, uno de los más destacados partidarios de Santa Anna, quien dirigió las críticas más fuertes contra este nuevo "poder neutral” organizó inmediatamente una campaña mediática para echar abajo el proyecto de la Segunda Ley. Su crítica fundamental consistía en afirmar que: “En México no hay individuo que tuviera una estatura moral de tal magnitud para ejercer un poder neutral”.

El 15 de diciembre de 1835, Manuel Sánchez de Tagle leyó en el Congreso un discurso bien elaborado para defender el proyecto ante aquellos que veían en este poder un nuevo soberano con la capacidad de hacer y deshacer gobiernos, sostuvo que nada en él hacía posible llegar a esa conclusión: "Ni esta colección de atribuciones forman un coloso civil, ni hace ilimitado el poder. Puntualmente es todo lo contrario; no hay un poder más circunscripto, no hay en él una sola facultad vaga o indeterminada; no puede dar un paso sin lazarillo; no puede obrar sino excitado; no puede resolver si no pone a la vista la excitación y el artículo que lo autoriza".

Después del discurso y en medio de un intenso cabildeo, el 16 de diciembre de 1835 la Segunda Ley Constitucional fue aprobada con 37 votos y 36 en contra. (Galeana, Patricia. 2003: 118).

El Supremo Poder Conservador tiene el mérito de exponer los abusos en la división de poderes y se reconoce su intento de establecer un medio práctico, así como eficaz para contener a la autoridad en los límites de sus atribuciones.

Este poder tenía por objeto hacer prevalecer los principios constitucionales, frente al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, asimismo hacer frente a las atribuciones metaconstitucionales que los poderes ejercían.

Seguramente la existencia de este poder abrumó ciertamente a los miembros del Supremo Poder Conservador, no es de extrañarse que su existencia no produjera otro resultado que el de llamar a la presidencia al general Antonio López de Santa Anna para imponer el orden.

Para algunos tratadistas como José María Lozano el Supremo Poder Conservador es antecedente o germen del juicio de amparo, sin embargo, era inexplicable su existencia dentro del régimen republicano de 1836, El Supremo Poder prácticamente no tuvo verdadera influencia y su actuación durante cinco años fue estéril.