LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CIUDADANÍA PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS

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DE LA DESIGUALDAD A LA EXCLUSIÓN PARA MUJERES

En Colombia no se han cumplidos las promesas de la modernidad. Dado que una de las principales promesas giraba en torno a la libertad, la igualdad y el ejercicio de la ciudadanía como principios emancipatorios. Ahora bien, una de las expresiones de la concreción de estas promesas se relaciona con el respeto de los derechos humano sean estos derechos civiles y políticos, sociales y económicos, o derechos culturales y post materiales. Y quienes han sufrido con mayor rigor la promesa han sido campesinos y sus familias quienes con ocasión del conflicto armado interno colombiano empezaron a pasar de forma lenta, ascendente, silenciosa, violenta y anónima de la desigualdad a la exclusión.

El conflicto interno generó masacres de campesinos por parte de grupos armados al margen de la ley, actores estatales y narcotraficantes. Los campesinos y pequeños propietarios sufrieron despojo de sus tierras como consecuencia del conflicto armado interno; se calcula que las tierras despojadas y abandonadas se estiman entre 2.000 y 6.000 hectáreas. Ello resulta escandaloso por cuanto en manos de particulares la tierra cultivable corresponde a la cifra de 76.859.588 hectáreas, es decir, que el 8.8 % de toda la tierra cultivable cambió de dueño en el peor de los casos mediante masacres, torturas, desaparición forzada, secuestro, asesinatos, fraude judicial, y fraude administrativo sobre campesinos a quienes el estado debía garantizar el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Las cifras sobre las graves vulneraciones a los derechos humanos son escalofriantes. Aunque no hay claridad sobre las cifras. Es de tal magnitud el problema que desconocemos el número total de víctimas y por su puesto cuánto debe invertir el estado en repararlas. El estado así lo reconoce una vez promulgada la Ley de Víctimas y Restitución de tierras del año 2011, cuando ordenó dentro del texto de la ley la expedición en los seis meses siguientes de un documento CONPES en el que se estableciera el plan de financiación para la sostenibilidad de la Ley 1448. La elaboración de este documento le correspondía a cuatro entidades claves del estado el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, El Ministerio de Justicia y Derecho y el Departamento Administrativo para la prosperidad social. El documento CONPES 3712 (Consejo Nacional de Política Económica y Social) es un documento emitido por el gobierno nacional. En este documento al asumir el tema de las víctimas se reconoce el desconocimiento del universo de víctimas del conflicto interno armado. De todas y a pesar de la ausencia de precisión fijo el número de hechos victimizantes en 830.000. Este dato es una prueba del desconocimiento por parte del estado sobre la cifras reales, porque, cada hecho victimizantes puede incluir una, cinco o veinte víctimas. Del total de hechos victimizantes 830.000 un importante rubro 618.000, corresponden a desplazamiento forzado y 14.000 hechos victimizantes relacionado con delitos contra la libertad sexual (Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal, 2011, pág. 38). La estadística no arroja datos sobre el número de mujeres víctimas pero sí establece la tipología de hechos victimizantes entre ellos: homicidios, desaparición forzada, lesiones permanentes, secuestro, lesiones no permanentes, tortura, reclutamiento de menores y los ya citados delitos contra la libertad e integridad sexual. Estas cifras gruesas no permiten establecer el nivel de afectación que sufren las mujeres cabeza de familia en Colombia; sin embargo, en el año 2012 un nuevo CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2012) precisó mejor los datos y estableció:

El 50 % de las víctimas registradas son mujeres, el 49.8 son hombres y el 0.2 % se reporta como indefinido por la calidad de la información. La afectación de las mujeres de acuerdo con la caracterización de las mujeres se da en la siguiente proporción: el 47.3 % es víctima de homicidio, el 47 % lo son de desaparición forzada y el 36.3 % de víctimas del secuestro a mujeres (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2012)

La información se mejora con la base de datos del Registro único de Población Desplazada según esta entidad:

El 53 % de las víctimas de desplazamiento forzado son mujeres. Adicionalmente, existe un 39.8 % de jefatura femenina en los hogares de población desplazada….sobre la violencia sexual, se observa que es un práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano. No existen cifras unificadas este hecho ni sobre la magnitud del subregistro…la ausencia de denuncia ha dificultado la consolidación debido a temas de seguridad, protección, e incluso de atención y asuntos socioculturales. (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2012)

Del año 2012 hasta la fecha el panorama de las cifras ha mejorado. La ley 1448 de 2011 estableció la creación de Unidad Especial para la Atención y Reparación a las víctimas. Esta entidad como su nombre lo indica debe saber sobre el universo de víctimas según esta entidad a través de Sistema Nacional de Atención y Reparación de integral a las Víctimas el reporte total de víctimas a marzo de 2014 es de 6.231.617 de esta población 3.094.553 corresponde a mujeres, es decir, el 49.65 % y 618 víctimas a la población LBGTI. Estas cifras hacen pensar en la dimensión del problema porque además de ser víctimas sufrieron múltiples afectaciones: desplazamiento (5.468.366), pérdida de bienes, abandono o despojo forzado de tierras(7.169), actos terroristas, combates, hostigamientos, amenaza(144,443), delitos contra la libertad e integridad sexual (4.327), desaparición forzada (98.106), homicidio (711.216), minas antipersonas(10.714), perdida de bienes muebles e inmuebles(76.899), secuestro (32.169), tortura (6.816), vinculación al conflicto de niños niñas y adolescentes (6.922). (Unida para la Atención y Reparación a las víctimas, 2014)

Las estadísticas presentan un esclarecedor panorama que nos invita a pensar qué clase de ciudadanía se ha venido forjando en Colombia desde 1985 hasta 2014 precisamente porque la Ley 1448 estableció que las víctimas dentro de este periodo serian objeto de reparación simbólica o de medidas de reparación, indemnización, restitución, no repetición y satisfacción. En efecto la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras alentó a las víctimas para hacerse parte del registro. Lo que permite establecer así sea de forma imprecisa los tipos de vulneración de los derechos ciudadanos de las mujeres con ocasión del conflicto interno

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