LOS ACUERDOS DE LA HABANA: ¿SI O NO?

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Es importante tener en cuenta que luego de los violentos episodios de 1984, esta guerrilla ha tenido una gran desconfianza en el tema de la dejación de armas. Tanto así, que para la votación del plebiscito, aun no habrán dejado sus armas y lo más grotesco de todo, es que aún no se tiene fecha exacta para la dejación de armas en este tratado de paz. Se sabe que el proceso de dejación de armas tardara 180 días luego de su fecha oficial[1]. Esto nos muestra las respuestas poco positivas e inmediatas respecto a este punto de acuerdo a las palabras del jefe negociador de las FARC, alias “Iván Márquez”, que hace poco sostuvo lo siguiente: “Las armas entrañan para nosotros toda una simbología de resistencia y esas se van a colocar en un lugar lejos de su uso"[2]. Tratando de decir que las armas son muy importantes para ellos, pues representan la forma en cómo se defienden ante las iniciativas del gobierno. Con ello podemos decir que de forma inmediata no habrá dejación de armas, sino que estas quedaran en ciertos lugares reservados y lejos de su utilización.

Declaraciones como estas, ha generado desconcierto e inseguridad en un número significativo de la población colombiana puesto que durante el periodo de votación del plebiscito este grupo armado aun mantendrán en su poder todo su armamento disponible para hacer cualquier acto vandálico o de “resistencia”, como ellos le llaman. Y además, tienen la posibilidad, si actúan de mala fe, de forzar por medio de amenazas a votar por él “Si” en los acuerdos en las zonas donde hay mayor presencia de este grupo armado.

El 20 de agosto del 2013, el grupo guerrillero expreso lo siguiente: “Estamos prestos a ir preparando el camino que conduzca a la manifestación de nuestro sentimiento de pesar por lo que ha acontecido (...) sin duda, también ha habido crudeza y dolor provocados desde nuestras filas”[3]. Declaraciones que dieron esperanza al pueblo colombiano mostrando señales de arrepentimiento y disposición a continuar con la formulación del tratado de paz. Sin embargo, estas palabras no han sido cumplidas a total cabalidad. Ya que el acuerdo final de paz no contiene en ninguna parte el tema de reparación de victimas con los fondos monetarios que maneja las FARC gracias ante la generación del acuerdo las FARC se presentaron en la mesa de conversaciones como una guerrilla que no tiene “fondo económico” y como el gobierno no tiene pruebas suficientes para demostrar lo contrario, el dinero que será utilizado para el tema de reparación de víctimas y reinserción de la guerrilla será puesto por el gobierno nacional. Algo que traerá consigo un gasto publico exuberante para el tema del postconflicto y trae consigo una nueva reforma tributaria, la cual el gobierno ya coloco en trámite ante la necesidad de recaudar más dinero y apoyar este proceso. Algo que suena muy ilógico ya que este grupo armado es considerado según la revista FORBES como el tercer grupo terrorista más rico del mundo con ingresos de 600 millones de dólares anuales[4]. Pero no como el gobierno no tiene pruebas suficientes para demostrarlo, ellos pueden afirmar que no tienen recursos. ¿Inteligente no?

Otra postura que genera mucho descontento en los acuerdos es la reinserción social de los guerrilleros. Puesto que el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc contempla en las páginas 66, 67 y 68 todo lo relacionado con el proceso de reincorporación económica y social de los excombatientes.

Según el documento, dentro de los sesenta (60) días siguientes al inicio de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), conocidas como las zonas de concentración, se realizará un censo socioeconómico con el propósito de suministrar la información requerida para facilitar el proceso de reincorporación integral a la vida civil.

Con base en los resultados arrojados por dicho censo, se identificarán los posibles programas y proyectos productivos para vincular el mayor número posible de hombres y mujeres pertenecientes hoy a las Farc. Cada integrante del grupo guerrillero en proceso de reincorporación, tendrá derecho por una vez, a un apoyo económico para emprender un proyecto productivo individual o colectivo, por la suma de 8 millones de pesos, que podrá destinar a la compra de una vivienda, a montar un negocio o para sostenerse mientras emprende proyectos productivos colectivos.

Además, los insurgentes desmovilizados recibirán una asignación mensual. "Cada uno (a) de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a las Farc-EP a partir de la terminación de las ZVTN y durante veinticuatro (24) meses, recibirán una renta básica mensual equivalente a 90% del SMMLV (cerca de $620.000), siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos", señala el acuerdo final.

En otras palabras, si un excombatiente ingresa a una empresa antes de los 24 meses, dejará de recibir ese beneficio, pero también lo hará una vez termine ese tiempo. Finalmente, tras la finalización de las ZVTN estas personas recibirán una asignación única de normalización equivalente a 2 millones de pesos. Es decir, durante los dos años que duraría el proceso de normalización cada guerrillero recibirá cerca de 24 millones de pesos ($8 millones al inicio, $2 millones al final y $14 millones por los 24 meses como renta básica). Esta parte del acuerdo ha generado mucho disgusto a pesar de que es entendible que estas personas entran en un nuevo proceso de su vida donde dejan la vida del conflicto armado y comienzan la resocialización. Pues es una “premiación” a la guerrilla entregarle ese beneficio económico teniendo ellos mucho poder económico. No es posible que un ciudadano colombiano del común este recibiendo un 20% más de ingresos que lo que reciben estos guerrilleros mientras no están “haciendo nada” y con mucho dinero escondido producto del narcotráfico, secuestros y extorsiones.

Otra parte que genera controversia sobre la postura de las FARC y genera un gran contraste con los acuerdos realizados con los paramilitares años atrás, son las penas que recibirán luego de que se apruebe el acuerdo. Pues lo acordado dice que aquellos que cometieron delitos graves recibirán penas de mínimo 5 años y máximo 8 años.

El acuerdo final dice lo siguiente sobre este tema: “Teniendo en cuenta las condiciones de las penas diferenciadas que dicen que de 5 a 8 años tendrán restricción de la libertad quienes reconozcan su responsabilidad de manera temprana por los delitos más graves. La restricción debe permitir el cumplimiento de los trabajos de reparación como el desminado y la sustitución de cultivos. De 5 a 8 años en una cárcel ordinaria quienes reconozcan su responsabilidad tardíamente, siempre