La crisis Coreana - Movimiento por un gobierno representativo

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Durante los 2 años siguientes llegaron a un acuerdo sobre cierto número de proposiciones: reconocieron que en Japón se criticaban mucho los actos gubernamentales; admitieron que la creación de una asamblea popular según las líneas occidentales será bueno para impedir que la oposición se hiciera peligrosa y; se mostraron resueltos a que tal asamblea no tuviera poder para desafiar el propio gobierno de la política.

Okuma no hizo ninguna contribución a estas decisiones. Sabía que el movimiento constitucional iba ganando fuerza en el país y procedió así en su lucha contra Ito por el poder, ya que los dos habían sido rivales desde hacía tiempo y Okuma había sacado la mejor parte de los primeros intercambios comerciales y se había asegurado los puestos de mayor influencia pero Ito había sucedido a Okubo en 1878 en el cargo clave de ministro del interior. En un memorándum en 1881 intentaba restablecer el equilibrio colocándose a la cabeza de las derechas populares y asegurando el tipo de constitución que daría al líder de los representantes electos real autoridad. Esto implicaría gobiernos partidarios y un gabinete responsable ante el parlamento al modo inglés. Además pidió que previamente se redactara una constitución (1881-82) y elecciones en 1883.

Los colegas más conservadores de Okuma replicaron este desafío e incluso terminaron por excluirlo de todo cargo público. Simultáneamente en un intento por desarmar la oposición anunciaron que la decisión de dar una constitución había sido tomada en principio y se llevaría a vías de derecho en 1890.

Itagi y Goto habían formado una organización política “Jiyuto” o partido liberal y Okuma los imitó con sus progresistas y formo los “Kaishinto”. Ambos grupos esperaban influir en la redacción de la constitución y luego verse beneficiados por sus cláusulas. Los liberales estaban vinculados regionalmente con Tosa, ideológicamente con el radicalismo francés y contaban con el apoyo de las zonas rurales. Los progresistas miraban hacia la ciudad, hacia el liberalismo inglés y hacia Hizen, cuyo núcleo formaban burócratas e intelectuales descontentos, respaldados por acaudalados comerciantes e industriales. Ambos partidos comprobaron que las amenazas del gobierno eran cosa seria.

Años antes el gobierno había asumido poderes para controlar o suprimir expresiones de opinión hostiles a él, especialmente las que aparecían en la prensa diaria. Los primeros diarios japoneses no contaban con comentarios editoriales, pero esta omisión pronto quedó salvada por sus sucesores, después de 1868. La mayor parte de ellos tendían a ser antigubernamental como el Maichini y el Yubin Hochi, de Okuma. En parte por esta razón y en parte porque los niveles periodísticos eran universalmente bajos, se puso en vigor en 1875 la Ley de prensa. Requería que el propietario, el director y el impresor estuvieran registrados, que todo comentario estuviera firmado con prohibición del uso de seudónimos y que el director fuese responsable de cualquier artículo subversivo o calumnioso que se publicara. Las penas incluían encarcelamiento así como multas y se impusieron liberalmente en los dos años siguientes. En 1877 la ley fue objeto de revisión a fin de conferir aún poderes mayores al ministerio del interior, tenía el derecho de prohibir o demorar la publicación de cualquier diario que aparentemente violara la ley.

En 1890 se amplió el alcance de los controles establecidos en este sentido para incluir bajo ellos las actividades de los partidos políticos y organizaciones similares. Las reuniones políticas fueron puestas bajo supervisión policial; a los miembros de las fuerzas armadas, policía, maestros y estudiantes se les prohibió asistir a ellas y a las asociaciones con fines políticos se les prohibió anunciar sus reuniones, solicitar incorporación de miembros y entrar en combinación o en correspondencia con grupos similares de otras partes del país. Se sumaron luego otras medidas de restricción.

Tales normas estaban destinadas a ser de aplicación general, pero en la práctica se las dirigió contra los abogados del gobierno parlamentario. Fueron frecuentes los arrestos de directores de diarios o políticos. Con esto se intentaba desalentar las revueltas y subrayar las diferencias dentro de los grupos de oposición, cuya desunión se marcaba por la prohibición de combinaciones y del mantenimiento de correspondencia que impedía que los partidos políticos se convirtieran en organizaciones nacionales con una dirección centralizada. Como consecuencia tales grupos tendieron a avanzar por caminos separados, con lo que el movimiento se hizo pedazos.

El que resulto más perjudicado fue el “Jiyuto”, los conflicto se hacía cada vez más intenso entre terratenientes y agricultores y la crisis política coincidió con la adopción de una política deflacionaria, que impidió el aumento de los precios agrarios y determinó que la campaña se padeciera mucha penuria, repercutiendo mayormente en los arrendatarios y cultivadores más pobres poseedores de tierras. La fricción entre ellos y los grandes terratenientes hacía que cada vez menos fueran los agricultores medianos, proceso que se aceleró en 1871-73 después de las reformas sobre la tendencia de la tierra e impuestos. Antes el recurso a la fuerza habría sido la opción de los campesinos, pero esto se hacía cada vez más difícil ya que el estado, con la policía moderna y ejército reclutado por conscripción, cobraba mayor fuerza. Por esta razón los desesperados fueron cada vez más violentos con sus enemigos más cercanos, el terrateniente de la aldea y estos tumultos se hicieron cada vez más frecuentes en 1884 y su efecto inmediato fue alarmar a los terratenientes así como a los dirigentes samurái moderados, quienes se retiraron de la organización. Fue este el golpe final que determinó la disolución formal del “Jiyuyo” en octubre de 1884. Okuma y varios amigos suyos abandonaron poco después el Kaishinto.

Una tentativa que no estuvo coronada por el éxito y duro muy poco fue la creación de un partido gubernamental, el “Teiseito”, y también llevó a cabo el gobierno de una política más constructiva enderezada a establecer nuevas instituciones políticas. Esto se concibió para consolidar el dominio que el grupo gobernante se había asegurado para consolidar el dominio que el grupo gobernante se había asegurado ya sobre los principales organismos del estado. Fue también una continuación de la progresiva centralización de la autoridad que se había iniciado con la supresión del feudalismo.

Los aspectos administrativos de este proceso que habían evidenciado las intenciones de la oligarquía. Cuando se abolieron los dominios en 1872,