La muerte por cuenta ajena.

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Asimismo, cabe consignar el decidido apoyo que tuvo este trabajo por parte de las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y en particular, del recientemente fallecido Dr. Eduardo Luis Duhalde.

No obstante, es importante señalar que los errores involuntarios u omisiones que podrían deslizarse en este trabajo no son responsabilidad de dichos organismos públicos, sino exclusivamente del autor.

Finalmente, este trabajo está dedicado a honrar la memoria de los miles de trabajadores desaparecidos, asesinados y presos durante el Terrorismo de Estado, y especialmente a los que compartieron el cautiverio con el autor.

Daniel Cieza

San Telmo, Buenos Aires, Otoño de 2012

CAPITULO I INTRODUCCION

El trabajo es un factor central en la socialización humana, un gran organizador social y una fuente de bienestar. Pero el trabajo por cuenta ajena, en beneficio de grandes empresas, puede ser un factor de riesgo y la ocasión de crímenes de lesa humanidad.

El gran capital concibe a la fuerza de trabajo como un factor para obtener ganancias y suele realizar alianzas con el Estado para controlar y disciplinar el trabajo humano. Estas alianzas, pueden generar prácticas violatorias de derechos humanos elementales

En efecto, el trabajador por cuenta ajena tiene derechos irrenunciables que debe garantizar el Estado El mas elemental es el derecho a la seguridad personal; que se vincula derechos civiles básicos como los derechos a la vida y a la libertad. Pero además tiene derecho sociales a salarios dignos, condiciones de trabajo adecuadas, y a organizarse sindicalmente.

Con frecuencia, las alianzas entre grandes empresas y el Estado, determinan la violación de estos derechos mediante masacres, hostigamiento, prisión y tortura de grupos de trabajadores. que defienden sus intereses. En la sociedad capitalista, la complicidad de Estado y mercado ha generado millones de víctimas.

En la América Latina post-colonial se han producido repetidos crímenes de masa en perjuicio de trabajadores, como consecuencia de alianzas entre el poder económico y el poder político. Las repúblicas oligárquicas de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, se caracterizaron por concepciones racistas y una represión sistemática sobre trabajadores. Los principales blancos fueron trabajadores indígenas, migrantes y afro-descendientes utilizados como mano de obra forzada de grandes ingenios azucareros, cafetales, caucherías, establecimientos madereros, gigantescas plantaciones bananeras y diversos tipos de minas.

Mas tarde, los genocidios más importantes del siglo XX, se caracterizaron por un componente antiobrero y antisindical. En Europa hubo exterminios masivos y trabajo esclavo en Alemania, y España. En América Latina se destacan las prácticas genocidas en Guatemala , Colombia y Argentina.

Hay pocas investigaciones exhaustivas sobre la dimensión laboral de los grandes genocidios. El proceso represivo en la Argentina es el que se ha investigado en mayor medida, en el ámbito judicial. Contribuyó a ese resultado la lucha permanente de organizaciones de derechos humanos, y un cambio de actitud del Estado a partir de 2003. Por lo tanto una profundización de este análisis en el terreno de la represión laboral puede contribuir a esclarecer otros procesos nacionales. El caso argentino, deviene, entonces, muy pertinente

Entre 1974 y 1983 hubo en Argentina un proceso de terrorismo de Estado, que ocasionó un número todavía no determinado de víctimas. Los organismos de derechos humanos estiman en 30.000 los detenidos-desaparecidos en base a distintos argumentos[1]El registro oficial de víctimas del terrorismo de Estado, tiene, por el momento, mas de 11.000 casos de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones sumarias registrados (Torres Molina,2009), y hay otros listados de asesinados y detenidos-desaparecidos compilados por organismos de derechos humanos o grupos de víctimas, con cifras similares. Se estima que el número de denuncias puede crecer en consonancia con el desarrollo de los juicios, y se está comprobando que muchos detenidos fueron sometidos previamente a desaparición forzada..

Las estimaciones oficiales y de los organismos de derechos humanos han sido cuestionados recientemente por algunos trabajos(Reato,2012), pero el propio jefe de los genocidas, Jorge Rafael Videla ha reconocido la desaparición forzada de alrededor de ocho mil argentinos

La justicia argentina ha considerado delitos de lesa humanidad no sólo los asesinatos , desapariciones forzadas y torturas ejecutadas durante la última Dictadura militar, por fuerzas armadas y de seguridad, sino también los hechos de violencia generados por grupos para-estatales como la Alianza Anticomunista Argentina( en adelante Triple A) y la Concentración Nacional Universitaria(en adelante CNU) en el período previo.

Los delitos de lesa humanidad se caracterizan por la participación estatal, por ser sistemáticos y responder a un plan criminal preestablecido. Son parte de un proyecto global de exterminio, que desde el punto de vista sociológico se caracteriza como “genocidio”. Aunque en nuestro país hay debates acerca de si corresponde encuadrar el terrorismo de estado en los tipos legales del delito de genocidio[2], la doctrina judicial no tiene fisuras en la tipificación como delitos de lesa humanidad a los cometidos durante la última Dictadura cívico-militar y durante el período previo en perjuicio de activistas políticos, sindicales y sociales. Por lo tanto, los hechos delictivos que responden a un plan criminal de exterminio no prescriben y siguen siendo investigados, incluso algunos hechos ocurridos en 1972, como los fusilamientos en Trelew o algunos asesinatos de la CNU.

La investigación judicial sobre los delitos de lesa humanidad durante la última Dictadura y el período previo está focalizada en victimarios integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, y de grupos para-estatales. Sin embargo la literatura académica y periodística, y algunos testimonios en los procesos judiciales, está indicando una complicidad evidente en la represión de estructuras corporativas, especialmente de grandes empresas..

Históricamente se ha verificado un fuerte vínculo entre gran empresa y fuerzas armadas y de seguridad, y se podría decir que estaba “naturalizada” la intervención de la policía y el ejército ante grandes conflictos laborales. Hay casos paradigmáticos de represión policial y militar a obreros en huelga.