La oposición dual: dos coaliciones contra Illia

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En una fase de auge del Estado de Bienestar en Europa, la propuesta estaba a tono con las corrientes de la época y no podía considerarse como obsoleta. Paralelamente, prosiguieron los encuentros sindicales. El 1 de mayo la CGT anunciaba la implementación de la segunda fase de lucha. A partir del 21 de mayo se ocuparon centenares de fábricas en los principales centros industriales del país.

Hay ciertas notas que fueron distintivas de la política argentina de los años 60 y 70:

- El creciente y novedoso apoyo estudiantil a las ocupaciones fabriles.

- Detención de capataces, ejecutivos y gerentes por parte de los obreros.

- El respaldo de los partidos políticos no peronistas al plan de lucha.

- El apoyo brindado a las huelgas y ocupaciones de fábricas desde sectores vinculados a la Iglesia Católica. Este punto se enmarca dentro de un creciente acercamiento ideológico entre cristianismo y marxismo. Pese a la aprobación y la promulgación de la Ley de Salario Mínimo Vital y Móvil el 30 de junio de 1964, la acción católica de Córdoba envió un telegrama al presidente Illia en el que le solicitaba “urgentes y heroicas medidas para aliviar las penurias y la desocupación”.

A pesar de las huelgas, los indicadores económicos mostraban la superación del ciclo recesivo iniciado durante la presidencia de Guido, mostraban también un aumento del salario real y una disminución del desempleo, así como también un congelamiento de las tarifas de los servicios públicos. Por lo tanto, difícilmente puede explicarse la magnitud de la protesta social en términos económicos.

Por ello, para el historiador Daniel James, la lógica del plan de lucha respondía a un doble objetivo:

- Mostrar la debilidad del gobierno radical.

- Demostrar la fuerza de los sindicatos ante los militares a efectos de facilitar algún tipo de compromiso con ellos.

Para la politóloga Catalina Smulovitz tenía también la finalidad de mostrarle a Perón la formidable potencia del sindicalismo.

Los empresarios y sus aliados políticos contra Illia

El equipo radical cordobés que accede a la Casa Rosada en 1963 era tributario de la tradición sabatinista que ponía énfasis en acentuar la función social del empresario. En el discurso de Illia, la emancipación de los trabajadores se identificaba con la emancipación de la especie humana. En su pensamiento se combinaba el enfoque moralizante de los problemas económicos – de raíz krausista e yrigoyenista – con una visión reformista de lo social que entroncaba con los antiguos postulados del programa de Avellaneda. De allí su énfasis en la intervención activa del Estado en la promoción del desarrollo económico y en la definición de precios y salarios.

Desde el principio de su gestión, la ampulosa retórica de los dirigentes radicales y su sincero intento de vincular la economía con las necesidades sociales, concitó el desprecio de los sectores empresariales nacionales y extranjeros, así como de la derecha liberal. Este desprecio se focalizó con intensidad en la figura de Ricardo Balbín, cuyos hombres manejaban el ministerio de economía.

Al comenzar el otoño de 1964, la UIA lanzó una campaña de solicitada periodística en contra del Salario Mínimo Vital y Móvil. La UIA exigía remuneraciones de acurdo con la productividad del país y presupuestos equilibrados. Se decía que “(…) para crear un “Estado de Bienestar” se proyecta una ley que ha sido un rotundo fracaso en otros países del mundo”.

La campaña de la UIA fue acompañada por la IDEA (Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos Argentinos) cuyos seminarios tenían como disertante predilecto a un abogado que acababa de completar sus estudios de derecho político y sociología en l franquista Universidad de Madrid: Mariano Grondona. En su opinión, el “populismo radical” era concebido como la continuación del “populismo peronista”.

Por otro lado, para la burguesía pampeana, el gobierno de Illia distaba de ser simpático. La prórroga de los contratos de arrendamiento dedicada durante los primeros meses de su gestión, fue percibida por la SRA como un ataque a derecho de la propiedad privada. El decreto que limitó la exportación de carnes y fijó precios máximos para el mercado interno, así como el impuesto del 5% y las retenciones a la exportación, eran considerados como intromisiones inadmisibles del Estado.

Para el general Aramburu – presidente del comité nacional de UDELPA – el salario mínimo traería como consecuencia una inflación descontrolada. Por otro lado, la prensa también mostraba su descontento: el diario “La Prensa” decía que el gobierno era débil y autoritario simultáneamente.

Para la Sociedad Rural Argentina, las condiciones de trabajo en el agro eran tan pero tan particulares que el salario mínimo vital y móvil, aunque se impusiera para los empleos urbanos de todo el país, no debía aplicarse a los rurales.

La realidad era que la aplicación de la Ley de salario, distó de tener las dramáticas consecuencias sobre la inflación y el empleo previstas por los opositores. El producto bruto industrial siguió creciendo, los salarios se elevaron por encima de la inflación y el desempleo se redujo del 8,8% en julio de 1963 a 4,6% en octubre de 1965.

Pese a todos esos datos, el sindicalismo aprobó la tercera parte del “plan de lucha”, cuyo capítulo inicial fue el “operativo tortuga”: cien tortugas