La política de industrialización en México 1940 - 1954.

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3. Implicaciones de inversión extranjera en el tipo de industrialización en el país

Al gran descenso que existió en el monto de las inversiones extranjeras durante el gobierno de Cárdenas, seguirá un amplio repunte de estas; de manera irregular durante el período bélico y de manera acelerada y sostenida, dadas las nuevas condiciones que imperaron a partir de la conclusión de la guerra en el sistema económico internacional, y en la economía mexicana en particular.

Un fenómeno de suma importancia, que viene a consolidar una tendencia que ya se venía presentando desde las primeras décadas del siglo XX. Se trata de la fuerte concentración que sufrían las inversiones en un solo país de origen: Estados Unidos.

Las inversiones extranjeras, se fueron concentrando cada vez más, en un determinado y reducido número de actividades económicas, como eran la industria manufacturera, el comercio, la minería y la electricidad (hasta antes de su nacionalización). En gran medida, una variedad de empresas extranjeras decidieron colocar sus plantas industriales en el país teniendo como finalidad evadir las enormes restricciones arancelarias del período; la producción de estas industrias fue destinada mayoritariamente para el mercado interno, sin intenciones de participar en la exportación.

Cabe destacar que la inversión extranjera se acopló a las políticas económicas del Estado y se realizó en las áreas designadas para su industrialización sin interferir en los designios gobiernistas o del empresariado nacional hubo una simbiosis en el capital que permitió la puesta en marcha de empresas con capital mixto.

4. Políticas públicas orientadas al fomento de la industrialización

En este período el Estado asumió un papel central en la promoción del desarrollo industrial mediante una política de gasto público que favoreció las inversiones en infraestructura y una política fiscal de baja imposición y exenciones fiscales. Ávila Camacho continuó con la política iniciada por Cárdenas de asignar proporciones del gasto público al fomento económico (aproximadamente 40% del gasto total),[5] disminuir ligeramente el gasto social y reducir el gasto administrativo. El rubro más grande del gasto fue el de transportes y comunicaciones, seguido por el de irrigación y energía eléctrica y petróleo.

Los propósitos de industrialización también se reflejaron en el frente institucional. Al principio de la década de los 40 se creó el Fondo de Fomento a la Industria y de Garantía de Valores Inmobiliarios, que en 1944 se transformó en la Comisión Federal de Fomento Industrial. La reforma clave en materia crediticia del sexenio ávilacamachista fue la modificación al estatuto orgánico del Banco de México que le otorgó mayores facultades para controlar la vida financiera del país.

4.1 Financiamiento de la industria

En 1942, el Banco de México inició una agresiva política de canalización de créditos a la industria al disponer que los bancos asociados quedaran obligados a integrar su cartera cuando menos con 60% de créditos a la producción.[6] Con idéntico propósito se reorganizó a Nacional Financiera, precisándose como su función central el financiamiento de la industria del país, principalmente la industria básica, facultándola para intervenir y vigilar el mercado de valores y de crédito a largo plazo. También se amplió el campo de acción de Nafinsa al permitírsele crear empresas consideradas necesarias, pero poco atractivas para iniciativa privada y para emitir títulos en moneda nacional y dólares. El papel activo que quiso asignársele Nafinsa se observa en el aumento de sus operaciones financieras: de 20.1 millones de pesos en 1940 a 802.3 en 1945.[7] De las industrias nacionales, las participaciones más importantes en los financiamientos de Nafinsa correspondieron a las del petróleo, cemento, hierro y acero, productos metálicos y maquinaria, y productos alimenticios.

4.2 El sector paraestatal como promotor de la actividad industrial

Dentro de la función del Estado keynesiano interventor en la economía, la participación de empresas públicas en el proceso industrializador fue considerable. La lógica detrás de la creación de empresas paraestatales consistía en suplir a la iniciativa privada en industrias o rubros en donde el empresariado nacional careciera de interés o de capacidad para emprender la industrialización. En ningún momento fue intención del Estado desplazar al sector privado sino más bien complementarlo y suplirlo en la medida en que la industrialización requiriera de ello. Esta última premisa muestra el pragmatismo de los gobiernos ante las necesidades inmediatas.

La presencia del Estado en la actividad económica se manifestó a través de la creación de diversas empresas públicas particularmente en la creación de bienes básicos de inversión o de servicios. En 1940 existían 29 organismos paraestatales, no obstante la relevancia de esta herramienta fomentó que para 1954 fueran 123 las empresas con participación del Estado.[8]

Entre las principales empresas, se encontraban aquellos pertenecientes al ámbito de los energéticos: Pemex, CFE y la Hidroeléctrica de Chapala. Además empezaron a cobrar fuerza otras más, de capital mixto, financiadas en gran parte por Nacional Financiera y otras empresas más, todas de propiedad estatal. Tal fue el caso de Altos Hornos de México, Compañía Industrial de Atenquique, Celanese Mexicana y Compañía Azucarera del Río Guayalejo, entre otras. Todas estas empresas y otras que se fueron creando en esos años, fueron impulsadas en un ambiente de plena colaboración y entendimiento entre los sectores público y privado.

4.3 Política fiscal

Las imposiciones fiscales a la industria no fueron especialmente altas, prueba de ello es que en 1954 los impuestos sólo representaban 8.6% de los ingresos nacionales[9]. El financiamiento del gasto público provino de otras fuentes, principalmente la expansión monetaria y el impuesto sobre la renta que adquirió especial relevancia en la estructura impositiva del período. La conjunción de la política fiscal estuvo destinada al fomento industrial ya sea a través del gasto público y la inversión derivada del mismo o bien mediante exenciones fiscales. Además de estos beneficios, las empresas solían recibir otra clase de alicientes como la devolución de impuestos por uno o dos años; situación que representó para el gobierno cerca de 353 millones de pesos aunados a las exenciones fiscales que obligaron a dejar