Masacres colombianas

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MASACRE DE TRUJILLO

Ocurrió de 1986 a 1991, entre 1988 y 1994, en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío (noroccidente del departamento del Valle) se registraron, según los familiares y organizaciones humanitarias, 342 víctimas de homicidio, tortura y desaparición forzada como producto de un mismo designio criminal2 . En esta larga cadena de crímenes, las desapariciones de La Sonora, la desaparición de los ebanistas, el asesinato del sacerdote Tiberio Fernández y la desaparición de sus acompañantes, ocurridos entre marzo y abril de 1990, marcan el clímax del terror reinante en la zona.En la década del ochenta, era posible rastrear en el escenario local, de una parte, proyectos expansivos y superpuestos de actores como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), y de organizaciones del narcotráfico, encabezadas por Diego Montoya, alias Don Diego, y Henry Loaiza, alias el Alacrán, en cuya finca Villa Paola fueron cometidos muchos de los crímenes documentados. De otra parte, se jugaban de forma simultánea, en el campo social y político, pugnas entre facciones partidistas, cuyos pleitos se pueden remontar tan lejos como la Violencia de los años cincuenta, y se adelantaban procesos organizativos comunitarios, auspiciados desde la parroquia municipal, como las cooperativas campesinas, y un ascendente movimiento campesino, liderado por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc).Hubo una acción extorsiva del ELN contra narcotraficantes de la zona; es cierto también que se produjo una emboscada por parte de una columna de esta misma guerrilla contra un destacamento del ejército en La Sonora, corregimiento del municipio de Trujillo, operación que dejó 11 militares muertos. Pero la masacre continuada que se desató obedecía a cálculos estratégicos de control territorial más amplios de los responsables directos de la misma, a saber, una alianza entre narcotraficantes y agentes locales y regionales de las Fuerzas Armadas.El uso de haciendas privadas, vehículos privados u oficiales con placas intercambiadas, capuchas y pasamontañas, permitía al grupo mixto de civiles y militares burlar todos los controles que las leyes tienen diseñados para establecer responsabilidades cuando se sobrepasen los límites represivos permitidos. Las grandes sumas de dinero con que los narcotraficantes remuneraban a todos los ejecutores de este modelo represivo le daban mayor fuerza e incentivo al accionar sanguinario de esta estructura paramilitar, que comenzó a multiplicar sus víctimas de manera impactante. El espectáculo cotidiano de cadáveres mutilados arrastrados por las aguas del río Cauca, impresionó a la nación