NOMBRE DE LECTURA: ¿REALIDAD O MITO?

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Como se sabe, el famoso acuerdo para “terminar de construir” la democracia se vino abajo precisamente por uno de los conflictos que intentaba resolver: el de Tabasco. Roberto Madrazo, gobernador de la entidad, saboteó el pacto que lo comprometía a pedir licencia y nombrar un suplente, luego de las trapacerías cometidas al exceder por mucho los montos de gastos autorizados para su campaña.

En 1997 hubo otro intento de reforma del Estado, esta vez desde, el Congreso de la Unión. Recordemos que diputados y senadores habían tenido un gran protagonismo en algunos asuntos importantes como por ejemplo en las negociaciones con el EZLN.

Finalmente, solo salió adelante la reforma electoral.

Felipe Calderón, presidente del PAN de 1997, que le reclamó a Zedillo no empujar la reforma del Estado, está a punto de terminar su presidencia; un presidente que tampoco empujó lo necesario.

Así terminó la segunda parte de los años noventa, con una reforma electoral de primera, un IFE autónomo y dos intentos de políticas fracasados.

Entre los retrocesos se han dificultado las posibilidades de crear nuevos partidos. Algo que curiosamente la mayor parte de los ciudadanos aplaude. De cualquier forma, los obstáculos para crear partidos son un reto solo para los ciudadanos que quieren competir para proponer agendas políticas novedosas, para las corporaciones crear un partido ofrece un reto menor.

De acuerdo con las encuestas, a la mayoría de las personas no les gustan los partidos actuales, pero no están de acuerdo con crear nuevos. Esta aparente contradicción tiene una base real: las organizaciones partidarias son vistas como derrochadoras de recursos públicos y faltas de transparencia.

Pese a todo, nuestra democracia sigue dando a los ciudadanos la posibilidad de participar solo por medio del voto. En 2007 hubo una nueva reforma electoral que se planteó hacer un cambio de fondo en varios temas: propaganda y comunicación, reducción de gastos y tiempos de campaña, incidir sobre las llamadas campañas negras, entre los principales.

Es claro que no hay una legislación electoral “perfecta” o “definitiva”, siempre hay rubros que tienen que ser cambiados, eliminados o ampliados. Desde la creación del Instituto Federal Electoral, en 1990, en cada elección surgieron problemas que no se habían legislado. Por ejemplo, las precampañas, el uso de recursos públicos, los costos diferenciados de los tiempos de radio y televisión, la extensión de las campañas, etc.

La solución que se encontró que fue que solo el IFE asignará los tiempos oficiales en radio y televisión a los partidos, con lo que incluso el gobierno federal tiene que solicitar su tiempo al Instituto. Esta medida tensó a las televisoras y las estaciones de radio con el organismo autónomo y los partidos pues perdieron un ingreso importante.

El efecto (percibido como negativo por muchos, incluyendo el Tribunal Electoral) de las campañas negras. Se estableció que “La propaganda debe evitar cualquier ofensa, difamación o calumnia que denigre a los candidatos, partidos políticos, instituciones y terceros”.

Veamos: la legislación electoral de 2007 no lo logró frenar las campañas negras ni las campañas; no resto supremacía a los poderes fácticos (si acaso los enfureció) debilitó al IFE y los funcionarios siguen participando en las campañas. Conclusión: fracasó.

El presidente Calderón pareció revivir esa vieja práctica al asegurar que no vería en malos ojos que un ciudadano sin partido fuera candidato presidencial del PAN. En estricto sentido el término de candidatos ciudadanos no es más que una forma de propaganda, cada vez menos efectiva. Todos los candidatos son por, definición, ciudadanos. Por ejemplo: en la actual lucha por el gobierno del Distrito Federal, Isabel Miranda Wallace, una luchadora social por la justicia, es candidata panista. Seguramente el partido que la ha postulado calculó que ella haría un mejor papel que los políticos profesionales que aspiraban al cargo. Muchos han entendido, de una manera un poco idealista, que las candidaturas ciudadanas serían encabezadas por hombres y mujeres interesados en la sociedad. Es decir, lo que viene de la ciudadanía es “bueno” y lo que viene de la clase política es “malo”, perverso, oscuro.

Por supuesto, estamos a favor de que existan la reelección y las candidaturas ciudadanas, pero no creemos que resuelvan muchos problemas de diseño de nuestra democracia.

Una vasta porción de la sociedad mexicana asegura que no le interesa la política, alrededor del 85%, y no, nota que lo que sucede en los congresos o el gobierno afecte de manera directa su vida. Los mexicanos reclamamos poco a las autoridades, pero nos quejamos mucho. Los ciudadanos no les reclamamos a otros ciudadanos que violentan leyes o comportamientos cívicos.