SUCESOS HISTÓRICOS EN LA EDUCACIÓN ARGENTINA

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En la ley 1420 “sobre principios generales de la educación del pueblo, y de la organización e higiene escolar” se señala entre otras consideraciones de no menor importancia, que “los sistemas de educación pública deben responder a un propósito nacional en armonía con las instituciones de cada país”.Para Onésimo Leguizamón, el Estado Moderno, que no es una teocracia ni una monarquía, sino una democracia tiene la obligación de dirigir con carácter exclusivo la educación y ésta debe orientarse en el sentido de sus instituciones.

Además, la educación debe tener carácter obligatorio y gratuito (“si no fuese obligatoria, el deber de la educación existiría al lado del derecho de la ignorancia, y esto es más que una contradicción palmaria, es un absurdo”).

Así el Estado tiene el deber de proveer a la elevación intelectual de las masas; debe circunscribirse a hacer de ésta un negocio civil y puramente nacional.

Tal como Sarmiento llegaría a decir, al hacerse cargo de la presidencia de la Nación que su intensión era hacer de toda la república una escuela, lo que significa enseñar a todos lo mismo para que todos sean iguales.

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Recordar que la igualdad no es un concepto unívoco resulta útil para pensar la forma en que procesamos esta voluntad de igualar desde el sistema educativo. En la Argentina, la propuesta de Sarmiento y de otros miembros de su generación implicó algo similar: la imagen de ricos y pobres en el mismo banco de escuela y recibiendo la misma educación, fue motivo de orgullo para muchas generaciones. En el caso de la generación del ochenta, la propuesta fue más suavizar las desigualdades que construir una igualdad: "El amplio edificio de elegantes formas y detalles a que asiste el niño pobre como el rico, no solo tiene la ventaja de suavizar las diferencias de las clases sociales por el roce frecuente y la común educación, sino que es también una condición de nuestra democracia que necesita del molde común de la escuela, para formar la sociedad homogénea que, a la vez, haga posible el régimen representativo de gobierno, evite las catástrofes que la diversa educación y condición social han engendrado en todos los tiempos y en todas las partes del mundo" (Memorias del Consejo Nacional de Educación, 1887). Pero más allá, la escuela fue un medio importantísimo para conformar una ciudadanía letrada que se sintió parte de una comunidad inclusiva.

Sin lugar a dudas, la pretensión igualadora puso a la escuela dentro de un canon de tradición democrática, aunque también le dio las armas para excluir o derribar todo aquello que sus parámetros ubicaban por fuera de la igualación. Porque la igualación -a la vez que generaba corrimientos para igualar- construía parámetros acerca de lo deseable y lo correcto. La igualdad se volvió equivalente a la homogeneidad, a la inclusión indistinta en una identidad común, que garantizaría la libertad y la prosperidad general. No solo se buscaba equiparar y nivelar a todos los ciudadanos, sino también se buscó, muchas veces, que todos se condujeran de la misma manera, hablaran el mismo lenguaje, tuvieran los mismos héroes y aprendieran las mismas idénticas cosas. Esta forma de escolaridad fue considerada un terreno "universal", que abrazaría por igual a todos los habitantes. El problema radicó en que quienes persistían en afirmar su diversidad fueron muchas veces percibidos como un peligro para esta identidad colectiva, o como sujetos inferiores que aún no habían alcanzado el mismo grado de civilización. Eso sucedió con las culturas indígenas, los gauchos, los pobres, los inmigrantes recién llegados, los discapacitados, los de religiones minoritarias, y con muchos otros grupos de hombres y mujeres que debieron o bien resignarse a ser incluidos de esta manera, o bien pelear por sostener sus valores y tradiciones a costa de ser considerados menos valiosos.

En ese gesto de volver equivalentes la igualdad y la homogeneidad, la escuela hizo muchas cosas: fusionó las nociones de cultura, nación, futuro, territorio en torno a la idea de nosotros, de algo en común; siempre y cuando se adhiriera a los valores que ella consagraba. Si este "en común" no existía, debía construirlo; aunque esa construcción no estaba exenta de jerarquías y exclusiones.

Había que evaluar si esa índole popular que adhirió Sarmiento a la concepción de la educación es factible de resignificarse en cualquier contexto y en cualquier tiempo y entendiendo que atañe al quehacer del ser humano se vuelve bastante intangible la posibilidad de aquella igualdad planteada por herencia de la generación del ´37.

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Finalmente la ley de educación común (1884) significo un reforzamiento a las aspiraciones de igualdad, mientras se conservaban las prácticas políticas restrictivas de la participación ciudadana. Entonces, la política educativa convocaba al conjunto de los niños en su calidad de futuros ciudadanos mientras que se afianzaba un orden político conservador, fundado en la exclusión de la política de los sectores medios populares.

Muchos aspectos de la organización del sistema educativo ideado por Sarmiento permanecen con cambios débiles hasta la actualidad. Las escuelas argentinas han recibido siempre en sus aulas a una población heterogénea, diversa, mestizos, aborígenes, inmigrantes, etc.

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Mas sobre ley 1420 y debate pedagógico

La ley de Educación Común 1420 fue la piedra basal del sistema educativo nacional. Se aprobó el 8 de julio de 1884, después de fuertes debates en el Congreso Nacional y en la prensa.

La discusión acerca de la ley de la educación fue uno de los debates más intensos, y de largo alcance, en la historia Argentina. Distintos puntos de vista en torno a la enseñanza religiosa, a la escuela mixta y al control del Estado (y de la nación) sobre la educación dividieron a la generación del ochenta. Las divergencias fundamentales se centraron en la identificación común de la necesidad de una ley de educación, la gratuidad y obligatoriedad de la escuela.

En 1883, el Congreso comenzó a discutir un proyecto mediante una iniciativa apoyada por los católicos desde la Comisión de Justicia, Culto e Instrucción, presentada a las Cámaras por Mariano Demaría. Después de un largo debate en el que intervinieron entre otros Eduardo Wilde, ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Onésimo Leguizamón y Tristán Achaval Rodríguez, el proyecto fue rechazado. Inmediatamente la mayoría liberal del Congreso presentó