CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991: LA NUEVA CARTA MAGNA

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991: LA NUEVA CARTA MAGNA.

 “La constitución es el alma de los Estados”
Isócrates (436 a.C. – 338 a.C.)

Colombia, un país que desde la década de 1980 vivía una crisis social y política donde estaba en auge el narcotráfico, la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo insurgente del M-19, el paramilitarismo y los viles atentados en contra de tres candidatos presidenciales; son algunos de los acontecimientos que sintetizan la composición y gravedad del contexto de la época. Debido a ello, la Constituyente fue una respuesta pacífica y democrática a este conflicto que atravesaba el país. Por consiguiente, desde su implementación el día 4 de Julio de 1991, ha tenido implicaciones desde el ámbito social, político, ambiental, económico y cultural bajo el marco del Estado Social de Derecho donde adentró la diversidad cultural del país, desarrolló la carta de derechos, estableció mecanismos para desarrollar la democracia participativa y relacionar al Estado colombiano a la ciudadanía en general.

Por consiguiente, surge la incógnita ¿por qué y para qué se llegó a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente? la cual fue el resultado de tres factores que conllevaron a una situación de crisis. En primer lugar, la crisis del régimen frente nacionalista, que tuvo varios efectos adversos como la falta de representatividad de los partidos y su división.  En segundo lugar, el detrimento del orden público, por respuesta al aumento de la delincuencia común, la intimidación por parte de los grupos armados y las mafias del narcotráfico en contra del Estado colombiano para imposibilitar su extradición a Estados Unidos. Y finalmente, la estructura económica colombiana a generar desigualdades en la distribución del ingreso y altos niveles de pobreza.
Para Colombia fue una importante evolución en relación al régimen que teníamos anteriormente con la Constitución de 1886, que era de un Estado de Sitio y se dio un salto transcendental a un Estado Social de Derecho y la reafirmación de los derechos humanos. De tal forma que, algunos de estos derechos adquirieron relevancia de acuerdo a su aplicación y contenido, tales como: El derecho a la vida, derecho a la integridad personal, reconocimiento de personalidad jurídica, entre otros. Así mismo, esta Carta Magna estableció mecanismos judiciales e instituciones tales como: La Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la acción de tutela y las acciones populares; los cuales son considerados por muchos ciudadanos colombianos como herramientas efectivas para hacer valer sus derechos frente al Estado.
Dentro del impacto político, se abordó la organización del poder público, especialmente la redefinición del equilibrio entre las tres ramas del poder (ejecutivo, judicial, legislativo) y las principales innovaciones en la administración de justicia. De tal forma que, fue considerada de manera general la incorporación filosófica e instrumental de aquellos elementos que identifican al nuevo constitucionalismo. Esta nueva norma de normas instauró un sistema de división de poderes que, más que separar las ramas, buscaba fortalecer su coordinación y fluidez. Al tradicional esquema de una división sustentada en los “pesos y contrapesos”, para contrarrestar la extralimitación de la autoridad por parte de cualquiera de los poderes anteriormente mencionados. Así mismo, dentro de la actividad política, esta fue ampliada en el ámbito municipal, con la creación de las juntas administradoras locales, y en el departamental, con la elección popular de gobernadores.
Por otro lado, desde un punto de vista económico, el rasgo predominante en la nueva Constitución, y del cual deriva su significado en los 28 años transcurridos desde su aprobación, ha sido el énfasis en la equidad y en los derechos socioeconómicos. En adición, consideramos que el Estado tiene una función distributiva insoslayable la cual consiste en garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un empleo digno, a la educación, la salud, la protección social y los servicios públicos. Así mismo, La Constitución de 1991 otorgó autonomía al Banco de la República para regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, pero dispuso también que todas estas funciones se ejercieran en coordinación con la política económica general. Estas normas son similares a las que rigen hoy a Bancos centrales autónomos en otros países desarrollados y en desarrollo.