Salud publica- salud mental

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Organigrama de la institución

El organigrama podemos armarlo a partir de la información que obtenemos de la última entrevista con la tercer secretaria-administrativa. En principio debemos aclarar que la institución tiene su sede central en la avenida Santa Fe, Barrio Norte, y la otra sede en Av. Rivadavia, Caballito. API empezó con un consultorio y ahora cuenta con 13 consultorios en Caballito y creemos que 10 en Av. Santa Fe según nos comentó otra secretaria.

Nos contó que hay tres socios, uno de los cuales es el director médico, una gerente administrativa y un gerente comercial. El auditor médico que trabaja con los coordinadores de los centros. Psiquiatras, tres de ellos que tienen una mayor jerarquía que los demás porque atienden a los llamados “casos especiales”. Un sector de facturación. El contador, el abogado. Una administrativa encargada de las internaciones, dos secretarias administrativas, una en cada turno y la recepcionista administrativa.

De todas formas nos pareció que el organigrama no estaría muy claro, además de que no se encuentra nada por escrito. Al haber dos sedes nos da la sensación de que en la central de Av. San te todo estuviera mas organizado y en la de caballito, en algunos puestos no hubiera roles o funciones bien definidas.

Contexto histórico

Suponemos que API forma parte de uno de los tantos productos que nacieron como consecuencia de las políticas neoliberales de la década del 90’, sobre todo por las propuestas definidas por el Banco mundial. Estas políticas fueron el afianzamiento de más de medio siglo de intensas tensiones y tironeos entre sectores y gobiernos que se centralizaron en correr al Estado de la responsabilidad de acción y regulación de políticas en salud. Dicho desenlace fue el de un plan de salud que llevara la responsabilidad de la salud al ámbito familiar e individual, que pasara de ser un derecho para todos los ciudadanos a una obligación por parte de los habitantes de cuidarse a sí mismos para mantenerse sano.

Al trazar una línea imaginaria y cronológica, se puede vislumbrar un ida y vuelta que se iba alternando entre gobiernos (en su mayoría democráticos) que por un lado promovían la necesidad de encarar un plan de salud nacional y gratuito que por derecho sería para todos. Algunos fueron débiles en tanto que no lograron soportar la presión ejercida por los sectores empresariales. Por otro lado, la imposición de gobiernos dictatoriales, y ciertos gobiernos democráticos que propugnaron por sectorizar el sistema de salud, generando una fragmentación de la ciudadanía entre los pudientes que podrían acceder a un sistema de salud selectivo y los no pudientes que asistirían a un sistema de salud público pauperizado y desbastado.

Nos referiremos aquí exclusivamente al surgimiento de los sectores privados por propósitos didácticos pero vale la aclaración, de que éste no surge aisladamente sino a partir de un largo encadenamiento de intereses financieros, y el conjunto de medidas políticas que determinaron una época.

El sindicalismo crea las obras sociales, las cuales son subvencionadas por los mismos trabajadores afiliados. Tras la obligatorización de afiliación el desbordamiento asistencial es un hecho, y da como posibilidad, en estos casos, de contratar a servicios privados como ayuda de las corporaciones de obra social. Todas ellas, son medidas que se crean a partir de la puja por el poder del financiamiento del sector salud que en vistas de tales actores aparece como un gran molinillo de ganancias.

Es a partir de la propuesta del Banco mundial dictada en “invertir en salud”[1] que se ejecutan grandes transformaciones en el plano de las políticas relacionadas con la subvención del sector público y entre ellas se encuentra la salud mental. Hasta el momento el Estado intervenía en la regulación de los planes de salud, es aquí donde el sector privado pasara a tener mayor preponderancia en las medidas de salud, quedando relegado el papel del Estado a un rol de abastecedor de beneficios ínfimos y precarios.

En Argentina, es en los años 90 que se afianzan todos los intentos anteriores y las transformaciones determinadas por el Banco mundial para desbaratar los planes de salud integrados para toda la población como un derecho civil; este período intensifica las políticas de desregulación estatal, y la salud no queda por fuera de ello. Las reformas que se llevan a cabo tienen como argumento que las obras sociales promovieran la libre elección de entidad por parte de los afiliados, como forma de promover la competencia (Stolkiner, 2009); competencias que en suma serían favorables para los ciudadanos por el incremento de servicios eficientes.

Las políticas implementadas en un sistema neoliberal se instauran así por la propuesta del Banco Mundial. En “invertir en salud” se encuentra como base de argumento el hecho de que el Estado malgastaba los fondos destinados a la salud en intervenciones de baja eficacia, lo que hacía insuficiente la inversión en otras medidas más eficaces, así como el hecho de que este debía subvencionar y garantizar la gratuidad de los servicios de salud a aquellos que no podían pagarlo; corriéndolo del rol de garante de un derecho social, abría las puertas al sector privado de cubrir los servicios de salud a aquellos que si podían pagarlo, transformándolos en un servicio de adquisición selectiva.

Esta selección de los servicios de salud se volvería posible si el sector privado garantizaba mayor y mejor atención, lo que generaría que las personas que pudieran pagarlo lo elijan.

Tal característica en la atención alimentaría la competencia y obligaría al Estado a mejorar su servicio; además los diferentes entes privados competirían entre ellos por la mayor cantidad de población cubierta dando por consecuencia una libre competencia. En miras del Banco mundial, la libre competencia sería la herramienta para un servicio de salud mas eficiente, integro y competente. Todo esto podría ser regulado por una reglamentación Estatal, que dependería del país, de los servicios y de las necesidades de dicho país.

En este sentido, para Cristina Laurell[2], los objetivos de esta propuesta obedecen a la lógica de la doctrina neoliberal que ubica a la salud dentro del sector privado. Así mismo, el argumento de base del Banco mundial, deja entrever que el Estado debe ocuparse de la salud sólo cuando los privados no se ocupen o no quieran ocuparse, se agrega, además que el Estado es un orden desigual e ineficiente; por el contrario el ente privado que es eficiente y un proveedor equitativo.

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