La Jurisdicción especial Indígena

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Frente a estos actos del soldado, la guardia indígena por disposición de una asamblea les impuso un castigo de 20 azotes y un baño en plantas medicinales para armonizarlo. Frente a esta coyuntura los medios nacionales titulaban: qué maltrato al militar” “no hubo debido proceso” “indios brutos y guerrilleros”.

Pero hubo otro caso similar el día 12 de noviembre de 2014 la comunidad indígena nasa detiene tres guerrilleros de las FARC que en confusos hechos asesinaron a un comunero, y los condenan a 60 y 40 años. Lo que titulaban los medio era: “La justicia indígena es un ejemplo para Colombia”, “eso es efectividad” “debemos aprender de la sabiduría de nuestros hermanos indígenas”.

Frente a esto vemos que los medios en cabeza del gobierno se sesgan respecto a la justicia indígena en estos dos casos tan similares, ambos casos se dan dentro de territorio e involucran actores del conflicto, pero un caso hay indignación y en otro hay admiración y aplausos, en el caso del soldado se acomoda la ley para encarcelar al reconocido líder indígena, todo como para mandar un mensaje y callar a las comunidades para que no sigan exigiendo y marchando por sus derechos, claramente detrás de todo estos está el estado y los grandes terratenientes del cauca que son los grandes interesados que se les quite la autonomía de los pueblos indígenas y de alguna manera sembrar el miedo en la comunidades para que no sigan recuperando tierras.

A pesar de que la Constitución lleva vigente más de 23 años todavía no se ha cumplido con integrar la con integrar a la jurisdicción indígena en la legislación y en la práctica de la justicia colombiana, esta todavía es desconocida por la mayoría de la población y es vista como algo viejo o como algo salvaje por fuera de la ley. “El tema de Feliciano puede circunscribirse de manera simple a un conflicto interjurisdiccional, aspecto muy fácil de responder con la ausencia de una ley de coordinación entre las dos jurisdicciones, la indígena y la ordinaria”. La jurisdicción indígena no es estudiada en las facultades de derecho de las universidades y un gran número de los servidores de la jurisdicción ordinaria carece de los conocimientos básicos de la jurisdicción indígena.

Hay que ver que la realidad de fondo de todo esto es que el caso de Feliciano Valencia pone en evidencia una tensión de larga data entre los líderes indígenas y sectores de la sociedad, incluyendo la fuerza pública. Esta tensión se origina en la defensa del territorio por parte de las autoridades indígenas contra cualquier intromisión sin importar si se trata de las FARC o del Ejército colombiano. “Parte de este complejo problema tiene que ver con el hecho de que, en el marco del conflicto armado interno, la fuerza pública colombiana siempre ha colocado la acción contrainsurgente por encima de los derechos de los pueblos indígenas e históricamente ha interpretado las acciones de defensa del territorio como acciones subversivas”.

Frente a todo este contexto de desconocimiento a un mandato constitucional y de un irrespeto por parte del estado y de diferentes grupos armados a la jurisdicción indígena las comunidades aún siguen resistiendo y marchando para que se le respeten todos sus derechos, es así que la semana pasada más de 3000 indígenas marcharon hacia Bogotá exigiendo el respeto a la jurisdicción y a exigir la defensa de la vida y la protesta social. Las comunidades se concentraron en Bogotá los días 22 al 27 de noviembre en donde se convocó a las comunidades, sectores sociales y populares a caminar la palabra. “Nos mantenemos en la exigencia de conocer y debatir los planteamientos del Gobierno nacional y entidades del Estado en torno a los obstáculos y desconocimiento en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y los derechos fundamentales de los pueblos, debate público que NO cumplió el Gobierno Nacional el 12 de octubre de 2015 en el Territorio de Convivencia, Dialogo y Negociación de La María Piendamo“.