Onu y el terrorismo

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La responsabilidad primordial del Consejo es mantener la paz y la seguridad internacionales por lo que al decidir que “los actos de terrorismo internacional constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales”, el Consejo de Seguridad ha aprobado una serie de resoluciones relativas al terrorismo y también ha establecido tres comités cuya misión es supervisar la ejecución de resoluciones concretas relativas al terrorismo.

- Comité del Consejo de Seguridad: establecido por la resolución 1267 (1999), relativa a Al-Qaida, los talibanes e individuos y entidades conexas (Comité 1267) para supervisar la imposición de sanciones a las zonas controladas por los talibanes por su apoyo a Osama bin Laden.

- El Comité contra el Terrorismo y su Dirección Ejecutiva: como ya se ha mencionado en el trabajo anterior el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1373 (2001). Donde se reafirmó asi el derecho de legítima defensa individual o colectiva, reconocido en la Carta de las Naciones Unidas, y por la cual se obliga a los Estados Miembros, en particular, a prevenir y reprimir la financiación de todo acto de terrorismo y a tipificar como delito la financiación del terrorismo; entre otras medidas necesarias como hasta la de abstenerse de proporcionar apoyo grupos terroristas

- El Comité 1540: fue establecido por la resolución 1540 (2004) con la misión impedir que las armas de destrucción en masa caigan en poder de agentes no estatales, incluidos grupos terroristas, incluyendo su tarea la recopilación de información al respecto

- La Secretaría: ejecuta las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Está integrada por el Secretario General de las Naciones Unidas que es elegido por un período de cinco años por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.

El Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo fue establecido por el Secretario General: Kofi Annan, en julio de 2005, es un órgano de coordinación e intercambio y se ocupan de la lucha contra el terrorismo. Está integrado por 24 representantes de diversos departamentos, organismos especializados, fondos y programas de las Naciones unidas, además de otras entidades como la organización internacional de Policía criminal (iNtErPoL), entre otras.

El Equipo Especial de Lucha contra el terrorismo es un ejemplo de que la comunidad de las Naciones unidas puede funcionar como una sola entidad.

iii) La Corte Internacional de Justicia (CIJ): es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas y comenzó su actividad en 1945.

El Estatuto de la CIJ está adjunto a la Carta de las Naciones Unidas y constituye una parte integral de ésta. Tiene competencia en controversias jurídicas entre Estados que éstos le han presentado (asuntos contenciosos) y peticiones de opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que le hayan remitido órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas (procedimientos de consulta).

Su papel en relación a la lucha contra el terrorismo es importante aunque hasta la fecha no existe ni un tratado global de las Naciones Unidas sobre terrorismo ni una definición oficial del término “terrorismo”, pero se está en proceso de elaborar un convenio general contra el terrorismo internacional

En la actualidad, el marco jurídico internacional aplicable relativo a la lucha contra el terrorismo está representado por un conjunto de fuentes, incluidos tratados, resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, y jurisprudencia, existiendo un total de 16 instrumentos internacionales, convenciones, convenios y protocolos, relacionados directamente con la prevención y represión del terrorismo.

Cooperación internacional en asuntos penales y terrorismo

A medida que el terrorismo se ha ido convirtiendo cada vez más en un fenómeno internacional, la cooperación entre Estados para prevenir actos de terrorismo y llevar a los terroristas ante la justicia ha pasado a ser un elemento fundamental de la estrategia para combatir el terrorismo basada en la justicia penal.

La cooperación internacional mediante la extradición y la asistencia judicial recíproca es decisiva para detener a los sospechosos de terrorismo y enjuiciarlos o hacer que cumplan una condena, así como para obtener pruebas, incoar un procesamiento eficaz y congelar los activos de terroristas.

La cooperación internacional en materia penal es la clave para luchar contra la impunidad por actos de terrorismo

La extradición consiste en transferir a una persona de un Estado a otro con el propósito de someterla a un proceso penal o ejecutar una sentencia penal en el caso de que un fugitivo ya haya sido condenado por un delito penal. La extradición sólo tiene lugar cuando existe un acuerdo entre los Estados pertinentes.

La extradición se diferencia de otras formas de transferencia (como la deportación, la expulsión o la rendición) en que es un proceso que ofrece ciertas garantías procesales mínimas a la persona que va a ser extraditada. Esas garantías se describen con mayor detalle más adelante.

De acuerdo con el derecho internacional, no existe ninguna norma general que obligue a un Estado a extraditar a una persona pero suele derivar de tratados de extradición bilaterales o multilaterales, si bien un tratado no es condición indispensable para que los Estados decidan ejecutar extradiciones.

Las Naciones Unidas han elaborado un tratado modelo de extradición que pueden tomar como base los Estados que quieran suscribir acuerdos de extradición.

Las garantías minimas a respetar son:

Legalidad de la detención: Por lo general, los procedimientos de extradición implican el arresto o la detención de una persona, y en ello entra en juego el derecho a la libertad y la seguridad de la persona.

Esto significa que tanto los motivos y procedimientos para la extradición deben satisfacer los criterios de legalidad y estar establecidos en el derecho nacional y que, durante los procedimientos de extradición, las personas afectadas pueden impugnar la legalidad de su arresto o detención ante un tribunal

El derecho de acceso a los funcionarios consulares y la posibilidad de recurrir al Comité

Internacional de la Cruz Roja: también ofrece importantes salvaguardias a las personas detenidas por presuntos delitos de terrorismo fuera de su país de nacionalidad, ya sea a los efectos de la extradición o del procesamiento