PROYECTO INTEGRAL DE INTERNACIONAL

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La conferencia le dio máxima importancia al reconocimiento de los derechos de la mujer para el pleno disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos. Así mismo, la Conferencia de Viena condenó los actos terroristas, reafirmó los derechos del niño, los derechos de las personas discapacitadas y consideró como objetivo primordial la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia.

En igual forma, la conferencia reafirmó los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, instó a los Estados a garantizar la protección de los derechos humanos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias.

La conferencia de Viena puso de presente que el derecho al desarrollo debe realizarse de manera que satisfaga las necesidades de desarrollo y medio ambiente de generaciones actuales y futuras. Se declaró que el vertimiento ilícito de sustancias y desechos tóxicos y peligrosos, constituye una amenaza grave para el derecho de todos a la vida y a la salud.

La conferencia recomendó que se de prioridad a la adopción de medidas nacionales o internacionales a fin de promover la democracia, el desarrollo y los derechos humanos.

Recomendó la conferencia el apoyo a la labor de las organizaciones no gubernamentales, la educación para los derechos humanos e instó a los Estados a que velen por la plena y libre participación de las poblaciones indígenas en todos los aspectos de la sociedad y a completar el proyecto de declaración sobre los derechos de las poblaciones indígenas.

Con respecto a la protección de los Derechos Humanos, Colombia ha firmado y sigue implementando los tratados y modelos que buscan proteger a los Derechos Fundamentales, comprendiendo todo lo relacionado con los DD.HH.

“La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH)”. (Citado de la página oficial de la OEA: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp)

Colombia ha sido importante en la historia de esta organización, esto se debe a que la CIDH (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos) comenzó con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la OEA (Organización de los Estados Americanos), que proclama los "derechos fundamentales de la persona humana" como uno de los principios en que se funda la Organización.

Si bien es cierto que en Colombia aún hay un conflicto armado que golpea duramente a varias regiones del país, la puesta en marcha de los diálogos de paz en La Habana ha reducido la intensidad de la guerra y, por lo tanto, ha generado una mejoría en la situación de derechos humanos.

Así lo confirma un informe elaborado por la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia, que recopiló datos de distintas fuentes y los comparó para concluir que las negociaciones con la guerrilla sí han incidido positivamente en la reducción del conflicto.

Una de las cifras de mayor relevancia en este documento está relacionada con la reducción del desplazamiento. Mientras que en el 2012 se registraron 246.358 expulsiones de campesinos de sus tierras como consecuencia de la guerra, en el 2014 se bajó a 136.185 casos.

Los diálogos de paz comenzaron oficialmente el 19 de noviembre del 2012, y a la fecha se han logrado acuerdos sobre tierras, participación en política y lucha contra las drogas ilícitas. Pero lo que tal vez más ha repercutido en la reducción de los impactos de la guerra es el cese unilateral del fuego de las Farc. Y así lo reconoce el Gobierno.

Otro factor de mejoramiento de los derechos humanos está en la reducción de reportes de personas desaparecidas. De acuerdo con la Consejería de Derechos Humanos, entre el 2011 y el 2014 se registraron 85 casos que daban como responsables a las Farc y 30 que culparon a los paramilitares.

Y según el mismo informe, entre el 2002 y el 2010, periodo en el que el entonces presidente Álvaro Uribe combatió con fuerza a la guerrilla y desmovilizó a las autodefensas, se presentaron 1.074 reportes de desaparecidos que culpan a las Farc y 3.374 que responsabilizan a paramilitares.

Estas cifras, que están basadas en reportes de distintos organismos oficiales, refuerzan la tesis de la Casa de Nariño en el sentido de que el diálogo político es el mejor camino para ponerle punto final a más de 50 años de guerra y 220.000 muertos a causa de la confrontación armada.

El Gobierno es consciente de que, tras la firma de un acuerdo de paz, reductos de los grupos que se desmovilicen podrían vincularse a actividades delincuenciales que podrían afectar la seguridad ciudadana. Por eso, el presidente anunció que se presentará una nueva política de lucha contra las bandas criminales.

Así pues, hoy el país enfrenta varios dilemas complejos, con instituciones avanzadas pero a veces ineficaces. El primero es cómo hacer compatible la defensa de los derechos ciudadanos amenazados por la guerrilla (la libertad, la vida, la propiedad, la seguridad, el medio ambiente) con la protección a los ciudadanos de arbitrariedades judiciales y policiales (debido proceso para allanamientos y procesos judiciales, control de abusos como tortura o asesinato de guerrilleros). Y el segundo es cómo hacer que, en un contexto de limitaciones económicas, las prioridades en la lucha por cubrir las necesidades fundamentales de la población y satisfacer sus llamados derechos de segunda generación (salud, educación, vivienda) expresen la voluntad de la sociedad, definida a través de sus mecanismos políticos propios.