Sistema Económico (Evaluación de carácter acumulativo) Venezuela

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¿Cuáles deberías ser las relaciones económicas? ¿Cómo debería ser el sistema económico venezolano?

Desde perspectiva amplia y general existen elementos básicos que no deben ser despreciados, como la lucha contra la burocracia estatal, “dado que el incremento de poder de los gobiernos y el control burocrático de los mercados no es necesariamente sinónimo de efectividad económica, planificación y control eficiente de los precios y la especulación propia de los agentes del capital”. El problema “raíz” quizás no sea el modelo económico como tal sino político interinamente, hay que superar el modelo rentista petrolero con eficacia y determinación, “lo que significa un impulso eficaz y real a la soberanía alimentaria y a una sociedad basada en la economía social y solidaria, generando alternativas a la intermediación y al concepto clásico de desarrollo basado en el crecimiento de indicadores macroeconómicos. En cuanto a las relaciones económicos entre Estado, agentes de producción y consumidores el control mercantilista es beneficioso para determinar o diagnosticar anomalías que perjudiquen a la sociedad venezolana.

¿Ajuste y alteraciones en la estructura del Sistema económico y Régimen legal venezolano?

¡Por supuesto que sí! Tomando en cuenta y estableciendo prioridades como el proteccionismo social amparado por el Estado. Los principales ingredientes de un sistema legal propenso a la sociedad sana con un grado importante de libertad es la existencia de un sistema legal con objetivos constitucionales trazados, exclusas o rieles de actuación de los Poderes Públicos en estricta correspondencia con la libertad económica, son: vigencia del ordenamiento jurídico, respeto al derecho de propiedad y la autonomía e independencia del Poder Judicial, que fungen como las vigas del gran dique para salvaguardar la libertad. En cuanto al sistema económico venezolano administrado por el actual Gobierno (Necesario político-económico) tan vulgar o coloquial decir que el costo no reconocido o aceptado por el Estado, del tema de la inseguridad jurídica que deriva de la corrupción administrativa, judicial y de las instancias paralelas del Poder Público, se traduce en un elemento determinante de la rentabilidad o retribución de los medios de producción, que afectan la productividad.