Trabajo de investigación: La Masacre Del Mozote

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¿Qué era el batallón Atlacatl?

Fundado en Marzo de 1981 El Batallón funcionó en la antigua Escuela Normal de Maestros Alberto Masferrer, conocida como Ciudad Normal. Los integrantes del Batallón llegaron a ser unos mil hombres divididos en seis unidades. Fueron entrenados en técnicas contrainsurgentes, principalmente.

Este batallón se fundó el 1 de marzo de 1981. Su fundador principal fue el oficial Domingo Monterrosa, él le puso el nombre de Atlacatl. Domingo Monterrosa en la Escuela de las Américas con sede en Panamá. Se alega que dicho entrenamiento promovía prácticas violatorias de los derechos humanos.[1]

Dicha masacre, Rufina Amaya, una de las sobrevivientes afirmaba: "Yo siento recuerdos desde que vengo aquí, siento que el cuerpo se me estremece".

"Es un lugar que me acuerda muchas cosas malas. Pero, también me da moral porque aquí están mis hijos, aunque estén muertos. Sólo se oía aquella gran gritazón. "

Rufina, y los demás sobrevivientes han pasado los últimos 20 años esperando un reconocimiento oficial de lo acontecido.

En la primera excavación en 1992 encontraron 143 esqueletos, 137 de las cuales eran de niños menores de 12 años. El mes pasado, los forenses recuperaron 25 osamentas más, incluyendo las de algunos familiares de Pereira.

El gobierno y el ejército salvadoreño nunca han aceptado las versiones dadas por los sobrevivientes, ni por la comisión de la verdad. Abrir los casos del pasado es abrir nuevas heridas que pondrían en peligro la paz entre salvadoreños, argumentan.[2]

¿Quiénes son los acusados y requeridos por el juez?

Los militares acusados por la masacre de El Mozote fueron la cúpula de mando de la Fuerza Armada en la época en que se cometió el crimen y sus nombres son: General José Guillermo García (recién deportado por las autoridades estadounidenses por crímenes de lesa humanidad), Ministro de Defensa y Seguridad Pública; General Rafael Flores Lima, Jefe del Estado Mayor Conjunto de la FAES; coronel Jaime Flores Grijalva, Comandante de la Tercera Brigada de Infantería; Coronel Alejandro Cisneros, Comandante del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera; General Juan Rafael Bustillo, Comandante de la Fuerza Aérea; Mayor Natividad de Jesús Cáceres Cabrera, oficial del BIRI Atlacatl; Capitán Juan Ernesto Méndez Rodríguez, oficial del BIRI Atlacatl; Capitán José Antonio Rodríguez Molina, oficial del BIRI Atlacatl; Capitán José Antonio Rodríguez Molina, oficial del BIRI Atlacatl; Capitán Walter Oswaldo Salazar, oficial del BIRI Atlacatl; Capitán José Alfredo Jiménez, oficial del BIRI Atlacatl; Teniente Coronel Luis Alberto Landaverde, Comandante de la Brigada de Artillería “Teniente Coronel Óscar Osorio”; Teniente Coronel Domingo Monterrosa Barrios, Comandante del BIRI Atlacatl; Mayor Armanzo Azmitia Melara, segundo al mando del BIRI Atlacatl; y Capitán Roberto Alfonso Mendoza Portillo, oficial del BIRI Atlacatl.[3]

El juez segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera citó alrededor de 12 personas que declararon en el juicio de 1991, a petición de los acusadores particulares: María Julia Hernández y David Morales, quienes solicitaron que se presentaran para ampliar e incorporar elementos novedosos en el caso.

Hoy fueron presentados tres nuevos testimonios de personas víctimas de la masacre y que pueden dar más elementos de prueba para ser incorporados al proceso.

”De los 17 testigos que declararon anteriormente en el juicio de 1981 ya fallecieron cinco, pero los que aún quedan es un momento oportuno para que amplíen información proporcionada por las últimas exhumaciones realizadas por el equipo de Antropología Forense argentino, análisis de ADN, restos óseos que han sido entregados para ser enterrados, además hay un trabajo más científico que el que se hizo en los años 90, para tomarlo en cuenta en el proceso”, señaló el abogado de Tutela Legal, Wilfredo Medrano.

También agregó, que los defensores podrán aportar en su momento prueba, presentar testigos y ampliar declaraciones.

“En estos cuatro días las víctimas van a poder ratificar lo que ya declararon, ampliar e incorporar nuevos elementos para ir construyendo pruebas en contra de los militares imputados”, explicaron uno de los representantes de las víctimas de la masacre.

Los acusadores pidieron al juez que se diera participación directa a las víctimas tomando en cuenta lo establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo que él accedió y permitirá el ingreso y permanencia de una delegación de familiares y víctimas de la masacre en el juicio.

Los militares señalados, según la ley, no es necesario que estén presentes, sino solo sus abogados, pero podrían estar y también pueden preguntar a los testigos, si así lo quisieran.

¿Qué sucedió realmente en El Mozote?

El día 10 de diciembre de 1981 por la tarde llegaron al caserío El Mozote, Departamento de Morazán, unidades del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atlacatl, después de haber tenido un encuentro con guerrilleros en las cercanías.

El caserío estaba formado por una veintena de casas situadas en un llano y agrupadas alrededor de una plaza. Frente a la plaza había una iglesia y detrás de ésta, una pequeña.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó: “dadas las condiciones de creación de la Comisión de la Verdad y de designación de sus miembros, así como la seriedad de la metodología empleada y las pruebas recabadas, la CIDH estima que su imparcialidad, fundamentación y buena fe están fuera de toda duda”. La Comisión de la Verdad consignó en su Informe, específicamente en su apartado IV. CASOS Y PATRONES DE VIOLENCIA. Subapartado A. PANORAMA GENERAL DE LOS CASOS Y PATRONES DE VIOLENCIA, que dicha Comisión “registró más de 22,000 denuncias de graves hechos de violencia ocurridos en El Salvador durante el período de enero de 1980 a julio de 1991.

Más de 7,000 fueron recibidas directamente en las oficinas de la Comisión en diversos lugares. Las demás llegaron por intermedio de instituciones gubernamentales y no gubernamentales… Más de un 60% del total corresponden a ejecuciones extrajudiciales; más del 25% a desapariciones forzadas; y más del 20% incluyen denuncias de tortura…Los testimoniantes atribuyeron casi 85% de los casos a agentes del Estado, a grupos paramilitares aliados de éstos y