Estado, Gestión Pública y Descentralización

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Asimismo y, aunque la referencia al “reconocimiento” al que hacemos mención en el último punto no siempre aparece incluido como un componente en sí mismo, parece existir coincidencia en que este reconocimiento por parte de otros Estados, es fundamental para su existencia misma así como también para la convivencia global.

Cabe señalar también que los Estados no deben verse como resultados completos y acabados, sino que, de la misma forma que ocurre con las sociedades de las que surgen, se trata de construcciones humanas dinámicas que aunque tengan un alto nivel de estructuración, responden también a los cambios históricos que las sucesivas generaciones promueven.

Funciones del Estado

El rol y las funciones del Estado son variadas y, aunque su alcance y nivel de incidencia también varía de acuerdo a las particularidades de cada sociedad, lo cierto es que existen un conjunto de ellas que están siempre bajo su responsabilidad. Veamos algunas de ellas:

Institucionalización de su autoridad: El ejercicio de la autoridad por parte del Estado, es una de sus funciones principales ya que necesita realmente imponerse y ser acatado. Sin embargo, esto no significa, de ninguna forma, que los canales para ello sean informales o anárquicos. Todo lo contrario. El Estado canaliza su autoridad a través de instituciones y básicamente utilizando tres vías: a) las fuerzas del orden, puesto que es el único ente que puede utilizar la fuerza de forma legítima; b) los tribunales, ya que es el único ente que puede ejercer e impartir justicia; y c) el sistema educativo, el cual aunque no está en manos exclusivas del Estado, éste es siempre el único ente rector en esta materia.

Diversificación de sus funciones: El Estado tiene bajo su responsabilidad diseñar y ejecutar un sinfín de políticas y servicios públicos para lo cual requiere, necesariamente, contar con los recursos técnicos y humanos especializados para ello. A todo esto se le denomina la “burocracia especializada” término que aunque ha cobrado un significado altamente negativo ya que suele asociar con “lentitud”, “retardo” e “ineficiencia”, en realidad no es eso lo que significa. Se refiere, específicamente, al conocimiento y procedimientos especializados con que todo Estado debe administrar los asuntos públicos, en tal sentido, debe preocuparse por contar con un alto nivel de este tipo de burocracia.

Promover la interiorización simbólica de la nacionalidad: Aunque parte de estas funciones son compartidas por muchos otros actores dentro de caca sociedad, lo cierto es que al Estado corresponde de manera inequívoca promover el la creación, modificación y el uso de buena parte de la simbología como lo son por ejemplo los himnos, las banderas, establecimiento y honra de las fechas patrias, entre tantos otros. Esto tiene mucho que ver, en gran medida, con el mantenimiento del “Estado-Nación” al que hicimos referencia con anterioridad.

Adicionalmente, existen otras funciones que también son de responsabilidad necesaria del Estado y se explican por sí solas:

- Legislar

- Administrar justicia

- Emisión de moneda

- Administración fiscal

- Uso de la fuerza

- Orden interno y defensa

- Control de fronteras

- Obligaciones prestacionales (Servicios Públicos)

El Gobierno

Este concepto suele ser el que más confundimos con el concepto de Estado y, aunque obviamente guardan una estrecha relación, no son la misma cosa. Veamos algunas definiciones:

- Conjunto de personas y organismos que gobiernan o dirigen una división político-administrativa (estado, autonomía, provincia, municipio, departamento, etc.).

- Es el conjunto de personas que ejercen el poder político. En una visión más normativa, es el conjunto de los órganos a los que institucionalmente les está confiado el ejercicio del poder.

Como puede apreciarse, el gobierno hace mención directa al conjunto de personas que ejercen el poder político y de esta forma administran los recursos del Estado y velan por su funcionamiento. En muchos sentidos, el gobierno no puede desligarse del Estado pero, al mismo tiempo, él es quien le da dirección. En esta parte es necesario profundizar un tanto más la reflexión en cuanto a algunos criterios que ayudan a aclarar la diferencia entre ambas así como también a apreciar las tensiones que siempre están presentes en el ejercicio del poder.

Por un lado, es ineludible que quienes gobiernan, le impriman a su modo de hacerlo, sus propios valores y concepciones ideológicas ya que se parte de la base (al menos en un régimen democrático) que quien está en el gobierno, llegó allí por decisión de una mayoría. De tal manera que todo gobierno, está obviamente comprometido a cumplir con su respectivo Plan o Programa. Pero, al mismo tiempo, esto no significa que debe gobernar exclusivamente para la mayoría que lo llevó al poder ya que del Estado forma parte la población en su conjunto, sin exclusiones de ningún tipo. Con base a ello, se debe aceptar entonces la orientación ideológica de quien gobierna en tanto expresión mayoritaria pero se debe exigir al mismo tiempo un gobierno que incluya a todos por igual.

Ciertamente que esto resulta bastante sencillo entenderlo desde el punto de vista teórico pero en los hechos las cosas son mucho más complejas. En efecto, el ejercicio del poder puede y debe gobernar para todos por igual pero esto no significa que, debido precisamente a la concepción ideológica que tenga el gobierno, se tomen acciones que favorecen unos intereses y perjudiquen a otros. Todo ello forma parte de la convivencia democrática y no existe ningún sistema que asegure la perfección ni mucho menos que garantice la equidad absoluta. Sin embargo, es necesario y siempre deseable que el ejercicio del gobierno asuma una concepción clara acerca de su rol respecto al Estado y, por ende, respecto a la sociedad misma, fundamentada en el respeto a los derechos de todas y todos.

Los poderes públicos

Cuando el gobierno administra al Estado, lo hace a través de los Poderes Públicos, los cuales determinan y definen los ámbitos territoriales y también las áreas específicas a las que se aplica. Así, en el caso de nuestro país, el artículo 136 de la Constitución, define tres instancias fundamentales: