.INSTITUTO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL

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Los países en las primeras posiciones presentan características comunes que son clave: altos niveles de libertad de prensa; acceso a información sobre presupuestos que permite al público saber de dónde procede el dinero y cómo se gasta; altos niveles de integridad entre quienes ocupan cargos públicos; y un poder judicial que no distingue entre ricos y pobres, y que es verdaderamente independiente de otros sectores del gobierno.

Además de conflictos y guerras, los países en las últimas posiciones del ranking se caracterizan por su gobernabilidad deficiente, instituciones públicas frágiles como la policía y el poder judicial, y falta de independencia en los medios de comunicación.

Más de dos tercios de los 168 países incluidos en el índice de 2015 obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de ínfimos niveles de corrupción).

Sin embargo, en lugares como Guatemala, Sri Lanka y Ghana, activistas ciudadanos, ya sea de forma grupal o individual, trabajaron de forma intensa para expulsar a los corruptos, y enviaron así un mensaje contundente que debería inspirar a otros a actuar con determinación durante 2016.

COMO COMBATIR LA CORRUPCION EN MEXICO

¿Cuál es la mejor estrategia para combatir la corrupción en México, un país donde el presidente no es investigado de manera imparcial y objetiva por comprar una casa a un precio preferencial a uno de los principales contratistas de su gobierno; donde el 96% de la población asegura que nunca o casi nunca participa en actos de corrupción, y donde tres de cada cuatro personas asocian la palabra “corrupción” con los políticos y la policía?

Grosso modo, existen dos tipos de estrategias: las voluntaristas, que aseguran que mitigar la corrupción depende de la voluntad de las personas, y las institucionalistas, que sentencian que reducir la corrupción depende de la existencia de incentivos (leyes e instituciones) que la disuadan. El voluntarista extremo es aquel que propone como solución el ascenso de un líder probo e intachable, con la voluntad de aplicar la ley a rajatabla. Su contraparte institucionalista es aquella que basa su estrategia en el impulso de reformas para perfeccionar las leyes existentes y construir mejores instituciones. Nada más.

Si bien el resto de las estrategias yacen en algún lugar entre estos extremos, el común denominador entre todas ellas es que relegan a la sociedad a un papel secundario. Si estuviéramos discutiendo una estrategia para impulsar las exportaciones de automóviles a los Estados Unidos quizá tendría sentido descartar a la sociedad en su conjunto, bastaría consultar a los productores, las cámaras de comercio y algunos especialistas en economía y derecho internacional. Sin embargo, como estamos hablando de corrupción, relegar a la sociedad a un papel secundario es renunciar al mejor aliado para combatirla. El personaje indispensable en esta batalla son las personas que la padecen cada vez que salen a la calle y se enfrentan a un agente del Estado a sabiendas de que la ley está al servicio del mejor postor; las mexicanas y los mexicanos que la utilizan como herramienta para resolver problemas cotidianos porque los caminos legales (institucionales) suelen estar llenos de obstáculos insorteables.

La sociedad debe de ocupar una posición central en la estrategia para combatir la corrupción porque estamos ante un problema sistémico, que se construye sobre la base de situaciones y acciones cotidianas, que a su vez sirven de base para redactar leyes, construir instituciones e implementar políticas que, por lógica, están fundadas en relaciones corruptas. El mecanismo subyacente del moche que hoy solicita un gerente para conceder un ascenso laboral es el mismo que mañana solicita un legislador para asignar un presupuesto. Para que sea corrupción, no es necesario que el acto implique una afectación a lo público, basta con que una de las partes abuse de un poder delegado o usurpado para beneficio personal. La corrupción no es un problema exclusivo del gobierno y el Estado, es una bomba de tiempo que se incuba en diversos espacios públicos y privados, pero que cobra mayor relevancia social cuando afecta lo público.

El origen de la corrupción no es la flaqueza moral de las personas, es la necesidad de resolver problemas prácticos y la oportunidad de sacar ventaja ante la ausencia de un árbitro imparcial y legítimo (la ley) que vigile las transacciones entre personas. Ante la ausencia de leyes inteligibles y jueces imparciales, la corrupción es una herramienta para exigir un pago acordado en un contrato entre particulares. Ante la ausencia de reglamentos claros y burocracias profesionales, la corrupción es una palanca para ganar un contrato y salvar la fuente de ingreso de 50 familias. Sobran los ejemplos.

Luego entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para combatir la corrupción en México? Sin duda, es aquélla donde la sociedad ocupe un papel central en la exigencia y las acciones para mitigarla. El principal reto para combatir la corrupción en México no sólo es diseñar las mejores leyes y construir las mejores instituciones (quizá ya las tengamos), tampoco se puede reducir a encontrar al déspota ilustrado que pueda gobernarnos con los estándares más altos de ética (suena ingenuo); el principal reto es lograr que la demanda de la presencia de ese árbitro imparcial provenga de la sociedad, que sean millones de mexicanas y mexicanos quienes exijan que la ley y las instituciones que de ella emanan sean los medios legítimos y confiables para resolver problemas cotidianos, hacer justicia y redistribuir la riqueza.

En la medida en que los mexicanos no sólo sintamos irritación por la casa blanca, sino que también entendamos que una afectación al erario es una afectación a nuestro bienestar, tendremos más incentivos para exigir la presencia de una figura independiente que juzgue al presidente. En la medida en que los mexicanos no sólo sintamos frustración por la corrupción que vemos y padecemos en el trabajo, tendremos más incentivos para exigir la presencia de un árbitro imparcial que cierre las brechas de poder que dan pie a tantos abusos y que son la puerta a la corrupción “grandota”, la que representa una afectación más directa a lo público. De hecho, sólo así podremos empezar a reconstruir el significado de lo público, que durante décadas ha permanecido secuestrado por una visión patrimonialista y clientelar del Estado, donde la corrupción no hace más que profundizar la desigualdad, la pobreza y la inseguridad que afectan la vida de millones