Inmunidad Parlamentaria

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INTRODUCCIÓN

Hacer referencia a la democracia en nuestro país es hacer referencia necesariamente al principio de Separación de Poderes que fue implantada por Montesquieu, mediante la cual se determinaba la autonomía del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para frenar de una u otra manera el abuso del poder de algunos gobernantes y así podamos hablar de una verdadera garantía autónoma constitucional.

Sin embargo, según Ulloa, F. (2011). “El Dinero y la Democracia, El Salvador, Colección de Insumos Latinoamericano”, p. 110. a lo largo del tiempo, mediante algunas prerrogativas de orden legal y constitucional, muchos gobernantes no hicieron más que transgredir este régimen democrático valiéndose de diversos factores que conllevaron a hacerlos inmunes ante el Sistema de Justicia Penal. Uno de los principales principios de la democracia transgredidos es el principio de Rendición de Cuentas, donde destaca “el control, fiscalización y supervisión así como los organismos encargados de aplicarlos, por parte de quienes ejercen la representación y soberanía del pueblo, en y desde, los órganos e instituciones del Estado”. Según lo que nos dice el Artículo 93.- Los congresistas representan a la Nación no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. (..) No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso : La inmunidad parlamentaria es una institución constitucional, la cual consiste en impedir o evitar los enjuiciamientos durante el desarrollo de la función parlamentaria, sin diferenciar si esta actividad ilícita fue realizada antes o durante la función legislativa. Esta prerrogativa como manifiesta Prieto, F. (2000). “El Principio de Igualdad en la Constitución Española, Volumen I”, Madrid, p. 339. Tiene su fundamento en asegurar la independencia del legislador en el desempeño de sus funciones. Como se puede apreciar, este sistema de “garantías funcionales” no haría más que contribuir –en primer término y como ha sido demostrado a la largo de la historia principalmente en el siglo XVIII en Inglaterra- en transgredir el principio de Separación de Poderes porque los Parlamentarios (Poder Legislativo) limitarían las atribuciones concedidas en el artículo 93 de nuestra Constitución Política al Poder Judicial (específicamente la jurisdicción penal); y en un segundo término porque nos encontraríamos ante un sistema de garantías que contribuiría a la impunidad de ciertos ciudadanos que encontrarían al Congreso de la República como un supuesto de exclusión a la acción penal por algún delito cometido. Para citar un caso en específico de la inmunidad parlamentaria es necesario mencionar el caso del Congresista Carlos Raffo, quien gracias a dicha prerrogativa el Poder Judicial se abstuvo de seguir con el proceso que se seguía en contra de él por corrupción y por lavado de activos.

Por ello es que la presente investigación tiene como formulación la siguiente: ¿Por qué la Inmunidad Parlamentaria se constituye en un supuesto vulnerador del Principio de Separación de Poderes y del ejercicio de la acción penal?

Formulado el problema, se debe afirmar que, si se podría hablar de una vulneración al principio de separación de poderes, toda vez que el Poder Legislativo limita el accionar del Poder Judicial, mediante la prerrogativa funcional de la inmunidad parlamentaria, lo cual contradice a lo establecido en la Constitución. En segundo lugar también se podría considerar a la inmunidad parlamentaria como supuesto constitucional para poder evitar la acción penal que es perseguida por el Poder Judicial. Esta garantía constitucional sólo justificaría que algunos actos realizados por los parlamentarios, y que son contrarios al ordenamiento jurídico en materia penal, queden impunes, lo cual considero un abuso por parte de los legislativos porque verían al Congreso como una Institución del Estado que los encubriría de todo proceso penal que se siga en contra de ellos y porque además lo único que haría es generar mayor impunidad en el sistema de justicia peruana.

La investigación tendrá como principales objetivos el determinar si la inmunidad parlamentaria vulnera el Principio de Separación de Poderes en el Perú y poder establecer si la inmunidad parlamentaria constituye una limitación al Poder Judicial al excluir a los parlamentarios del ejercicio de la acción penal. Asimismo, también tendrá como objetivos el poder identificar cuál es la naturaleza y justificación jurídica del surgimiento de la inmunidad parlamentaria en el Perú; realizar un análisis comparado de la institución de la inmunidad parlamentaria en Latinoamérica y analizar la posibilidad de elaborar un proyecto reforma del artículo 93 de la Constitución Política del Perú para que sea derogada la institución de la inmunidad parlamentaria.

Aprovecho la oportunidad para mencionar que dentro de la presente investigación se desarrollarán IV Capítulos. El primero de ellos que trata de desarrollar lo concerniente a la Inmunidad Parlamentaria y al Antejuicio Político así como una diferencia entre ambos. En el segundo capítulo desarrollo lo relacionado a la vulneración de la inmunidad parlamentaria a la acción penal y al principio de separación de poderes. En el tercer capítulo demuestro la vulneración en base a casos que se han desarrollado dentro de nuestro territorio. Finalmente presentaré una propuesta de Reforma Constitucional y de modificatoria al Reglamento del Congreso de la República.

Quiero concluir afirmando que es de vital importancia la presente investigación porque se demostrará que la institución de la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa funcional de uso abusivo e indiscriminado por parte de algunos parlamentarios y además de ello la investigación servirá para demostrar que, efectivamente, la institución de la inmunidad parlamentaria vulnera el ejercicio de la acción penal de la cual es titular el Ministerio Público, porque la investigación ya no estaría a cargo de la institución antes mencionada, sino que se limitaría a lo que decida o pueda decidir el Congreso de la República. De lo acontecido a lo largo de la investigación servirá como fundamento para realizar una propuesta de Reforma Constitucional en lo que respecta a la figura de la Inmunidad Parlamentaria y también del antejuicio político y el procedimiento del levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

LOS AUTORES.

RESUMEN

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