La corrupción política.

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- Condiciones que han hecho posible la existencia de la corrupción

Pradera afirma que el crecimiento de la corrupción se explica en el aspecto económico por la financiación de los partidos y distingue dos focos principales: la estructura organizativa de los partidos necesita una gran cantidad de recursos para satisfacer la demanda de la clientela interna, que es la que sostiene la cúpula de los partidos y los excesos en beneficios para clientela externa. Por lo que utilizan la democracia y, en este caso, la financiación ilegal del dinero público como procedimiento para disponer de más recursos con los que cubrir las necesidades de las clientelas externas e internas.

La dificultad a la hora de demostrar los procedimientos ilegales es otra circunstancia que facilita la existencia de la corrupción, ya que mientras que no haya pruebas de sus delitos no podrán ser condenados. Los partidos políticos, al estar fijado el alcance de las responsabilidad política en los limites de la penal, ganan tiempo y reducen daños. Pradera concluye con una alusión a la historia reciente: “Si los países totalitarios se pudren por la cabeza, las democracias lo hacen por las extremidades” (p. 184). Esta comparación entre el régimen democrático pone de manifiesto que se cambia de régimen pero no de hábitos, ya que se sigue con el disfrute de privilegios para unos pocos y con el abuso de los bienes posicionales.

Que los partidos políticos en un Estado democrático de derecho no hayan asimilado la correcta relación entre los principios y las normas, ha provocado desde hace años la progresiva corrosión de la democracia. La buena política se consigue cuando la ética, la institución y la estrategia no se superponen ni se anulan entre sí, sino que deben complementarse siguiendo un orden regulado. En España, toda la trama institucional ha ido por encima de los valores políticos propios de la democracia.

- Consecuencias de la corrupción ---> Devaluación de la competencia democrática.

Durante bastante tiempo y en cualquier ámbito territorial, sobre ciertos asuntos (reparto de puestos de órganos institucionales, sistema electoral, funcionamiento interno de los partidos y cámaras legislativas) ha funcionado entre los partidos de gobierno y coaligados un implícito gentlemen agreement (p. 27). La sombra de la corrupción que se avecinaba sobre ellos hacía que no se esforzaran en investigarse unos a otros. Sobre todo, la corrupción de los partidos resulta mortal para el Estado de Derecho, caracterizado por el orden democrático y la credibilidad. Las promesas electorales están para que se cumplan, y también las leyes, sobre todo por quienes las hacen. Pradera termina su planteamiento con esta metáfora: “algo así como si las perdices y los conejos se encargasen de redactar la ley de caza” (p.196).

Las prácticas corruptas continuadas de los partidos han provocado que tarde o temprano, éstos abandonen su posición de poder y sean sustituidos por otros partidos que pueden llegar a ser peores. El autor pone de ejemplo de Italia que pasa de una partitocracia al gobierno de Berlusconi, marcado por escándalos. “Partitocracia”, es un término que se utiliza para designar el sistema de gobierno en el cual, aunque teóricamente se vive en democracia, los actores principales y únicos del panorama político son los grandes partidos políticos. Estos a base de un sistema democrático de turnos se van pasando el gobierno de forma consecutiva, coartando las posibilidades de que los ciudadanos expresen su voluntad real más allá de los partidos ya existentes. Partiendo de la base de que los partidos son un mal necesario, los ciudadanos se van apartando de ellos y buscan otros cauces para intervenir, lo que lleva a la creación de los llamados "grupos de presión". En muchas ocasiones también viene asociado a sistemas bipartidistas.

En el caso de España, desde los años 80 hasta hoy, ninguno de los partidos políticos ha sabido atajar el problema de la corrupción, sin embargo como señala Pradera “Las catástrofes pueden hacer recapacitar a quienes acepten que las mismas causas producen los mismos efectos” (p. 193). En la actualidad esta reflexión podría ser alentadora para un país que sufre el impacto de una crisis económica y que busca una solución confiando en la institución política.

- Los 10 casos de corrupción que empañan la actualidad política

Los diez casos más importantes de corrupción que investiga la Justicia en la actualidad y que gravitan a diario sobre la actualidad política, como el 'caso Gürtel' en el que han sido descubiertas cuentas millonarias del extesorero del PP Luis Bárcenas en Suiza, son los siguientes:

- Caso Gürtel : supuesta trama de corrupción ligada a varios cargos del Partido Popular (PP), que comenzó a instruir en 2009 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (condenado después por ordenar escuchas ilegales en el caso), y que pasó después a ser investigado por los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana, así como por el Tribunal Supremo.

Cerca de 120 personas han estado imputadas en este caso, entre ellas Francisco Correa, presunto cerebro de la trama Gürtel; el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (absuelto en la "causa de los trajes"), y el exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas (que llegó a tener 22 millones de euros en una cuenta bancaria en Suiza).

- Caso Palma Arena: fue iniciado en 2008 para investigar el sobrecoste en la construcción del velódromo Palma Arena durante el gobierno autonómico de Jaume Matas (PP) de 2003-2007, ha derivado en 26 piezas distintas, entre las que figuran varias en torno a los incrementos patrimoniales de Matas. Matas fue condenado en 2012 a seis años de prisión.

En el primer juicio, Matas fue condenado en marzo de 2012 a seis años de prisión por beneficiar con dinero público al periodista que le escribía los discursos. Esta condena está pendiente de recurso ante el Supremo. Quedan por juzgarse el resto de casos.

- Caso Nóos: es una pieza separada del Palma Arena en la que se investiga desde 2010 el supuesto desvío al Instituto Nóos, que presidía Iñaki Urdangarin, de más de 6,1 millones de euros de los gobiernos regionales de Baleares y la Comunitat Valenciana entre 2004 y 2007 en convenios firmados por el duque de Palma.

En esta causa, que se investiga en Palma, pero con ramificaciones en Valencia y Barcelona, hay imputadas una veintena de personas. La Fiscalía ha reclamado a Urdangarin y a su exsocio Diego Torres,