Legislación de la marihuana en la República Mexicana

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Las personas en cuestión son: Josefina Ricaño Bandala, Armando Santa Cruz González, José Pablo Girault Ruíz y Juan Francisco Torres Landa Ruffo.

Ellos son los representantes legales de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART).

Como fueron cuatro votos a favor se abre la puerta para que haya jurisprudencia, es decir, si a futuro son aprobados otros cinco amparos consecutivos y ninguno en contra con la misma interpretación y el mismo sentido, todos los jueces del país tendrán que adoptar la sentencia y no serán castigados los actos para el consumo personal de marihuana con fines lúdicos. Sólo falta que la Secretaría de Salud regule los términos para la autorización.[pic 1]

Antecedentes del litigio

El 31 de mayo de 2013, SMART solicitó autorización a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo de marihuana, tales como la siembra, preparación, acondicionamiento y posesión de marihuana, excluyendo los actos de comercio.

Como la Ley General de Salud prohíbe categóricamente cualquier conducta relacionada con la marihuana, la COFEPRIS negó la autorización con base en Ley General de Salud.

El 9 de julio de 2013, SMART y sus integrantes presentaron una demanda de amparo indirecto. En la demanda sostuvieron que la Ley General de Salud vulnera los derechos a la dignidad humana, identidad personal, derechos de la personalidad, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación individual, libertad personal y corporal, así como el derecho a disponer de la salud propia.

Asimismo, que transgrede la obligación de que cualquier restricción a los derechos humanos persiga un bien imperativo, sea instrumental para conseguir los fines deseados y que se proporcional.

Finalmente, que se vulneran los principios de libertad, dignidad y pluralismo y se transgreden los límites objetivos de la facultad del Estado de legislar en materia de salubridad general y de establecer delitos y faltas contra la federación.

El 20 de agosto de 2013, el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa, Agustín Tello Espíndola, resolvió negar el amparo a los quejosos.

Contra la sentencia del Juez de Distrito, SMART y sus integrantes interpusieron un recurso de revisión. El 9 de abril de 2014, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que ese Alto Tribunal asumiera su competencia por ser un asunto de competencia de la Corte y lo turnó para su estudio al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea integrante de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

PRD busca vías para liberar consumo de marihuana.

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La propuesta contempla modificaciones a la ley federal de salud y al Código penal federal para elevar a 30 gramos la dosis de consumo personal que se considera legal, actualmente de cinco gramos.

Reuters

Legisladores de izquierda de México presentaron el martes un proyecto para aumentar la dosis personal permitida de marihuana y el consumo legal de la hierba con fines medicinales, usando como argumento el avance de su despenalización en Estados Unidos.

La propuesta contempla modificaciones a la ley federal de salud y al Código penal federal para elevar a 30 gramos la dosis de consumo personal que se considera legal, actualmente de cinco gramos.

Además, establecería la libre producción y distribución de la marihuana con fines medicinales con un mecanismo regulado por el sector salud del gobierno federal.

“Esta sustancia quedaría sujeta a un mecanismo de control sanitario distinto que permite la producción, preparación, transporte, distribución y prescripción médica”, expuso el senador Mario Delgado, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en conferencia de prensa.

Este partido, que gobierna la Ciudad de México desde 1997 y ha impulsado leyes progresistas como los matrimonios homosexuales y la despenalización del aborto, está presionando por varios frentes para liberalizar el consumo de marihuana en un país con altos índices de violencia por el narcotráfico.

En diciembre, Uruguay se convirtió en el primer país en legalizar el cultivo y la distribución de marihuana, en un experimento pionero a ser seguido de cerca por otras naciones que debaten la liberalización de las drogas, como el caso de México y Brasil.

Legisladores de la capital mexicana presentaron la semana pasada una propuesta para establecer puntos de ventas legales y seguros en la ciudad, pero esto dependería de las modificaciones que puedan hacerse a las leyes federales.

En México, los estados no son autónomos en temas como la despenalización de las drogas y en general en el Congreso los legisladores han sido reticentes a respaldar este tipo de medidas debido a la violencia que generan los cárteles de la droga.

Por otra parte, el Congreso ha estado inmerso en la evaluación y aprobación de reformas económicas claves promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto.

El PRD junto con otros partidos de izquierda tienen cerca de un tercio de los asientos en el legislativo.

Los legisladores perredistas dicen que es necesario considerar lo que pasa en Estados Unidos, donde los estados de Colorado y Washington despenalizaron el consumo de marihuana. A ese país se dirige la mayor parte de las drogas que mueven los narcotraficantes mexicanos.

“En el campeón del prohibicionismo Estados Unidos, el que nos impuso en gran medida esto y que no hace mucho certificaba en su Congreso qué países cumplían o no en su guerra contra las drogas, ahora hay un cambio de política”, dijo el legislador del PRD Fernando Belauzarán.

“Esta administración del presidente (Barack) Obama no fue a la Suprema Corte (de Justicia) para contradecir las decisiones de Washington y Colorado”, añadió.

La llamada “guerra contra el narcotráfico”, lanzada por el ex presidente Felipe Calderón a finales del 2006, ha dejado más de 85,000 muertos y cerca de 27,000 desaparecidos desde entonces en una escalada de violencia pocas veces vista antes en la historia de México.[pic 3]

LEY GENERAL DE SALUD

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero