MOVIMIENTOS SOCIALES Y PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

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Ya en periodo electoral, ante los avances del convenio con CORANI, entre mayo y junio de 1997 se generó un movimiento cívico de protesta contra la opción CORANI, cuya magnitud obligó a desestimar el proyecto (ya impopular porque estaba asociado a estrategia privatizadora y capitalizadora del gobierno de Sánchez de Lozada). En el marco de la campaña electoral, el movimiento cívico y la movilización comprometieron a los candidatos a que el PMM debía hacerse en sus tres componentes.

En agosto de 1997, juró a la presidencia Hugo Banzer Suarez y Jorge Quiroga Ramírez. El presidente sus aliados y a demanda del entonces Alcalde Manfred Reyes Villa se instruyó extremar esfuerzos para cumplir la promesa y hacer realidad a la brevedad posible el PMM

- CONTEXTO INMEDIATO

- Contexto: Bolivia desde 1998 y como resultado del impacto de la crisis internacional sufrió una profunda recesión económica. Los precios de las materias primas llegaron a sus niveles más bajos y el desempleo y malestar social eran crecientes. Las premisas sobre las que se proyectaron los resultados de la capitalización no se cumplieron y el costo de las reformas fue altísimo, el déficit fiscal era sostenido. La política de erradicación de toda la coca excedentaria movilizó al sector rural de Cochabamba que en el tiempo se articuló con campesinos y regantes en el marco de la denominada “Guerra del Agua”

- Gobierno: En septiembre de 1997, el gobierno autorizó la participación del sector privado en la prestación del servicio de SEMAPA y en el PMM. A diferencia de la concesión frustrada de CORANI, el concesionario tenía la obligación de asumir también la construcción de Misicuni como fuente de agua. El Comité Cívico, la Alcaldía y las organizaciones vivas del CBB aplauden la iniciativa.

- En marzo de 1998 una evaluación (PARIBAS) sugiere que el proyecto no es rentable ni financieramente atractivo. Se refuta el informe y se prosigue con la licitación para asegurar el proyecto y la concesión de SEMAPA.

- En medio de los trámites se establece la obligación del concesionario de ejecutar el PMM y que los costos de la producción de agua cruda sean transferidos a la tarifa del usuario de agua potable y riego. El modelo financiero “neoliberal” no contemplaba los subsidios a inversiones de magnitud que requerían los servicios ni a tarifas. El financiamiento estaba condicionado a la demostrada sustentabilidad del proyecto vía flujo financiero de los recursos provenientes de la tarifa. El patrimonio de la Empresa no era garantía de sustentabilidad y ni de la capacidad de expansión del servicio.

- En enero de 1999 se declara desierta la licitación, solo hay una empresa proponente “Aguas del Tunari” que no cumplía los requisitos establecidos. Se sabía que no existía interés en el proyecto por la obligación y elevado costo del PMM

- Tercer proceso para buscar un concesionario. En abril de 1999, se autoriza a iniciar una negociación con “Aguas del Tunari”[2]. Entre agosto y septiembre se formalizo la concesión de aprovechamiento de aguas y de servicio público de agua potable y alcantarillado con la obligación de ejecutar el PMM. Ello ocurrió luego de una larga negociación y bajo la condiciones de incertidumbre que planteaba la conclusión del Túnel de trasvase que enfrentaba muchas dificultades. Se analizo las condiciones de acceso al financiamiento para el plan de inversiones. Se programó y determino el incremento de tarifas a partir de Diciembre de 1999

- Germina la protesta: En julio de 1999, a iniciativa de una serie de instituciones y de un diputado uninominal del MNR, la sociedad de ingenieros, abogados y arquitectos se denuncian los términos de la concesión del PMM y de la concesión de SEMAPA y se crea el Comité de defensa del agua y la economía familiar (CODAEF). Comienzan las primeras denuncias de que el PMM se achicó en sus dimensiones y no era el originalmente planteado y adicionalmente implicaria el incremento de tarifas y que era un engaño. Este proceso se da en plena campaña electoral municipal, el tema se politizó una vez más.

- Ley de Agua Potable y Alcantarillado (Ley 2029) Otro detonante: Promulgada la ley, en octubre de 1999 esta dispone que el área de concesión debe abarcar a fuentes y sistemas de agua preexistentes en el área de concesión, las mismas que debían pasar a control del concesionario. Era el marco legal que necesitaba la concesionaria para justificar y adecuar sus primeras inversiones de reparación y ampliación de la red de agua y alcantarillado.

- La aprobación de la ley 2029, amplió a los actores movilizados y activó la movilización del sector de los regantes, de la población de Vinto donde se encontraban pozos de agua para abastecer a la ciudad de Cochabamba. Se movilizaron las cooperativas y barrios que habían invertido en pozos de agua, sistemas barriales comunitarios privados de abastecimiento de agua que se encontraban en el área de concesión. De acuerdo a ley estos sistemas se integrarían a la red gestionada por Aguas del Tunari.

- El 9 de diciembre se creó la Coordinadora de defensa del Agua y de la Vida y comienzan los primeros disturbios en Vinto y las zonas periféricas de Cochabamba. Se inicia la articulación de los grupos movilizados por CODAEF y de la Coordinadora del Agua (urbanos y rurales). El primer comunicado del 12 de diciembre establecía y demandaba:

- Movilización y bloqueo departamental de caminos y movilización del área rural y urbana a partir del 11 de enero e instaba a tomar previsiones a la población.

- Derogar la Ley 2029. Nulidad del contrato con Aguas del Tunari, Destitución del Superintendente de Aguas, convocar a comisión negociadoras y elaborar una nueva ley de aguas con sectores movilizados, Central Obrera Departamental (COD) , Federación de Fabriles, regantes, campesinos, cooperativas, también se sumaron los cocaleros del Chapare etc.

- En el otro polo del conflicto se encuentran el gobierno, el Alcalde Reyes Villa, su partido y el Comité de Vigilancia afín al partido del Alcalde y el Comité Cívico, que antes movilizo al pueblo por Misicuni y adicionalmente la Prefectura.

- El 13 de Enero, luego de la primera manifestación masiva se suscribe el primer acuerdo con el gobierno.

- EL PROBLEMA: Movimientos sociales interpelan la privatización de un servicio público, la guerra del agua.

- Cronología y desenlace:

- Enero 2000. Las tarifas incrementadas se ponen en vigencia registrándose incrementos de hasta 100%. Se activa la segunda