Monografia de la Jurisdicción

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ejercen su función de impartir justicia en casos de su competencia buscando así la solución de los conflictos entre los ciudadanos y así lograr una sociedad o estado donde lidere la paz entre los ciudadanos y que los conflictos sean solucionados en los órganos correspondientes y que los jueces ejercerán el poder jurisdiccional que les otorga el estado.

Podemos decir que la palabra jurisdicción hace referencia a un conjunto de órganos encargados de impartir justicia y resolver los conflictos entro las personas que acudan a ellos, estos órganos se estructuran en materia: Civil, penal, contencioso administrativo, entre otros, dependiendo de la naturaleza del caso, pues estos pueden ser acción pública o privada, es importante resaltar que los casos que se presenten en los órganos debe ser abordado por el juez o tribunal competentes tanto en materia como en territorio y no debe confundirse la función del juzgador con el ámbito territorial en donde pueda ejercerla. En un caso de acción privada se toma en cuenta un elemento llamado cuantía o valor.

Al momento de un acto jurídico el juez debe tener competencia siendo esta aquella extensión de poder el cual compete a los componente del oficio en comparación de los demás, dentro de la competencia debe tomarse en cuenta la materia a la cual se refiere el caso, el territorio donde se lleve a cabo el caso y la cuantía o valor de los actos de acción privada siendo esto el costo del proceso.

La jurisdicción como función pública de administrar justicia

En una primera acepción, se entiende por administración de Justicia la "acción o resultado de administrar Justicia": se trata, en consecuencia, de un sinónimo de ejercicio de la jurisdicción, o de la función jurisdiccional. Este primer sentido es el utilizado por los Tratados de Derecho para definir (y distinguir) a la jurisdicción del resto de las funciones jurídicas del Estado (la legislación y la administración) o, si utilizamos la ordenación clásica de los Poderes del Estado (de Montesquieu hasta el presente), su triple división en Poder legislativo, Poder ejecutivo y Poder judicial: según esta segunda perspectiva, mientras que el Poder legislativo se residencia en el Parlamento, y el Poder ejecutivo en el Gobierno de la Nación (en un estado como el Español, también en las Comunidades Autónomas y en los Entes locales), el Poder judicial es el que ejercen los Juzgados y Tribunales cuando administran Justicia, es decir, cuando dicen o hacen el Derecho en el caso concreto o, si se prefiere, cuanto ejercen su función constitucional de tutela y realización del Derecho objetivo en casos concretos.

De acuerdo con la conformación actual de la función de jueces y magistrados, "administrar justicia", esa suprema contribución a la consecución de la paz social en supuestos concretos de controversia jurídica entre partes, se ejerce, en un estado de Derecho, con la Ley como pauta esencial a la que aquellos están constitucionalmente sometidos: de hecho, la sumisión del Juez a la Ley y al Derecho es entendida como garantía esencial de éste frente a ataques a su independencia provenientes de terceros, pero también debe ser garantía ciudadana frente a la extralimitación de los Jueces y Magistrados, con el fin de evitar que sus decisiones se produzcan al margen de la ley o en virtud de criterios que, por legítimos que se quieran entender, rebasan las fronteras de la ley.

La administración de justicia es, de este modo, una de las diferentes acepciones de la palabra jurisdicción -es decir, etimológicamente, de la jurisdictio o dicción del Derecho-, y consiste así en una función pública derivada de la soberanía del Estado que se atribuye a los jueces y magistrados, en solitario o colegiadamente integrados en Secciones o en las Salas de Justicia de los Tribunales. Sin embargo, esa función soberana requiere de la confluencia de muy diversos factores para que pueda ser ejercida.

En primer lugar, requiere de la existencia de procesos regulados en la ley, que no son sino modelos de comportamiento para aportar al juez las pretensiones y los hechos en que se basan, de suerte que puedan aplicar el Derecho sobre una realidad que, por no ser parte del pequeño trozo de historia sometido a su consideración, no conocían previamente.

En segundo lugar, de la puesta a su disposición de unos medios materiales de los que pueda valerse para desarrollar su trabajo, en un sentido lato (desde la existencia de una sede física, hasta la puesta a disposición de los materiales propios de la labor del jurista).

En tercer lugar, de la existencia de medios personales o humanos, que auxilien al juez en el perfecto desempeño de sus quehaceres: esa es la razón por la cual los órganos jurisdiccionales cuentan con una serie de profesionales que, en la medida establecida en la ley, coadyuvan a la decisión judicial, desde el secretario judicial, hasta los miembros de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio procesal y administrativo. Todo ello conforma un marco complejo de elementos y relaciones jurídicas, tributarios todos ellos del acto final del juez, es decir, del acto de administración de justicia o, si se prefiere, de ejercicio de la función jurisdiccional.

La jurisdicción es un poder muy importante, porque es la encargada de defender las normas jurídicas, por ello la finalidad que esta tiene es muy amplia, de las cuales se puede encontrar; ejercer y administrar la justicia, con el fin de solucionar o componer los conflictos de un estado. También tiene el poder y deber de aplicar las penas correspondientes en caso de que allá trasgresión de la leyes, para que mediante la aplicación de la Ley, se pueda obtener armonía y paz social, de igual forma constituye una función como ente público, que es la de aplicar el derecho, que tiene como fin la realización o declaración de la tutela de la libertad individual y del orden jurídico.

La jurisdicción se clasifica en jurisdicción contenciosa, voluntaria y disciplinaria, donde la primera de este orden hace referencia a la función del juez con el fin de resolver las controversias que contenga un litigio, demanda, o cualquier proceso legal , la segunda también es una función ejercida por el juez realizada con la finalidad de darle legalidad a cualquier caso iniciado, no teniendo como finalidad la jurisdicción contenciosa, por último la disciplinaria la cual se refiere a las normas procesales y organización judicial que en nuestro país se encuentran contenidas en el Código de Procedimiento Civil, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras leyes que establecen sanciones disciplinarias que se aplica ante la ejecución de un acto judicial.

Partiendo de las grandes confrontaciones entre los ciudadanos