Paráfrasis del Programa Nacional en Apoyo a la Tercera Edad

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La población adulta mayor de nuestro país constituye un grupo poblacional expuesto a factores socioeconómicos y biológicos que determinan una condición de vulnerabilidad y, por lo tanto, requieren que el Estado tome medidas para su protección. Cuando las personas adultas mayores se encuentran fuera de los esquemas de protección conformados por los sistemas de pensión y jubilación contributivas que ofrecen distintas instancias públicas y privadas, la instrumentación de programas públicos que otorguen pensiones no contributivas se convierte en una medida pertinente de política pública de desarrollo social.

En términos demográficos, se espera que la población de adultos mayores aumente, como proporción de la población total del país, en un horizonte de tiempo relativamente corto. El envejecimiento de la población es un tema relevante para las políticas de desarrollo social, fundamentalmente por los aspectos de dependencia que esta población genera en razón de la vulnerabilidad que padece.

El documento mostró que un alto porcentaje de adultos mayores no cuenta con una pensión o jubilación que lo proteja ante la caída del ingreso que ocurre al final de la vida laboral. Los sistemas de seguridad social, vinculados a la participación de los individuos en el mercado laboral formal, generan una insuficiente cobertura ante la existencia de mercados informales que emplean a un amplio sector de la población activa. Ello ha generado un sistema de pensiones desigual con mayor cobertura en las áreas urbanas que en las rurales, y exigua presencia entre la población con menores ingresos.

En el presente diagnóstico se identifica que el principal problema que enfrentan los adultos mayores sin pensión ni jubilación es la escasa y desigual cobertura de los sistemas de pensiones, el limitado acceso a los servicios de salud de calidad y las ausencia de políticas efectivas de prevención de enfermedades, factores que agravan la vulnerabilidad resultante de la caída del ingreso al final de la vida productiva y la dependencia debido a enfermedades crónicas y discapacidad de las personas adultos mayores.

Ante esta situación, la tasa de participación de las personas adultas mayores que continúan en el mercado laboral es alta, comparada con las tasas de participación que se observan en países desarrollados. Sin embargo, la remuneración laboral que reciben estos trabajadores es muy baja debido a que principalmente se desempeñan en empleos de baja productividad.

Otro aspecto de la vulnerabilidad de las personas adultas mayores sin pensión ni jubilación es la carencia de acceso a los servicios de salud de calidad. Si bien la creación del Seguro Popular representó un avance significativo en términos de igualdad y protección en salud, cabe señalar que su paquete de servicios es limitado en comparación con la cobertura que ofrecen el IMSS y el ISSSTE a sus derechohabientes. La cobertura universal de salud aún está lejos de lograrse, ya que casi 27 de 100 adultos mayores no contaban en 2010 con acceso a servicios médicos.

Los efectos de esta situación se reflejan en las condiciones de vida de las personas adultas mayores que no cuentan con pensión ni jubilación, así como en las de sus familias. Los hogares con adultos mayores sin ingresos por jubilación o pensión contributiva registran un ingreso corriente per cápita inferior comparado con el de aquellos hogares con adultos mayores que sin cuentan con dicha fuente de ingresos. Además, un mayor porcentaje de estos hogares también presentan ingresos per cápita inferiores a las líneas de bienestar y bienestar mínimo si se comparan con los hogares de adultos mayores jubilados o pensionados. En este contexto, las familias de las personas adultas mayores que no cuentan con pensión ni jubilación, frecuentemente ven agravada su vulnerabilidad por bajos ingresos ante imprevistos como la necesidad de atención de las enfermedades de las personas adultas mayores, lo cual implica erogaciones apremiantes en gastos médicos.

Por otro lado, el pleno ejercicio de los derechos sociales de las personas adultas mayores sin pensión ni jubilación es limitado como se manifiesta en los altos índices de carencias sociales que presentan: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.

Asimismo, la vulnerabilidad de las personas adultas mayores incrementa su dependencia económica y funcional de terceros, lo cual repercute en una disminución de la valoración que tienen de ellos mismos. La autoestima de las personas adultas mayores sin ingresos por jubilación o pensión contributiva se ve afectada no sólo por las aflicciones propias de la edad, disminuye en un entorno caracterizado por sus bajos ingresos y el aceleramiento del deterioro de la salud.

La identificación de las causas y efectos que aquí se presentan permitirán la definición de la intervención institucional mediante apoyos y subsidios que deberán coadyuvar a modificar la situación actual que enfrentan las personas adultas mayores e impactar en sus condiciones de vida de manera favorable.

Bibliografía: http://www.sedesol.gob.mx