ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PRODUCTO INTEGRADOR DE APRENDIZAJE “INSEGURIDAD CAUSADO POR EL CRIMEN ORGANIZADO”

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La delincuencia es un aspecto de la violencia social que aqueja de manera creciente a la sociedad mexicana; por esto, la población de México demanda una mayor atención en la seguridad pública por parte de las autoridades del gobierno de la República, así como de las locales.

En el medio de la seguridad pública recae una gran desconfianza con los cuerpos policiacos ya que hay un gran número de efectivos de las fuerzas de seguridad que están inmiscuidos en la delincuencia organizada, esto debido a la magnitud del poderío económico de esta Lamentablemente, en el país es muy poco probable evaluar el índice de hasta donde ha llegado la delincuencia, esta ha optado por darse en todos los niveles económicos, muchas personas que son víctimas de este mal, por temor que le hagan daño a ellos o a sus familiares no acuden a denunciar siendo este una de las causas por la que no pueden ser perseguidos los que pertenecen a la clase mala de mexicanos.

Se ha tratado sea directa o indirectamente de apoyar a la sociedad mexicana, con la reforma de las leyes, haciendo evidente que debido a los problemas que atraviesa el país en la actualidad uno de los últimos casos es de la pena de hasta 140 años de cárcel a secuestradores “prácticamente cadena perpetua” esto busca conllevar a que el índice de secuestro baje en el país ya que este mal no se va a acabar de la noche a la mañana, esperando disminuir el número de víctimas y poder elevar un poquito la seguridad nacional.

La crisis de seguridad en México.

[pic 10]La inseguridad constituye uno de los grandes problemas de México. Se manifiesta en dos formas: la inseguridad que vive la población, afectada por el aumento de los delitos, y el auge del narcotráfico, que se explica por la incorporación de México a la ruta de la cocaína proveniente de Colombia con destino a Estados Unidos. Esto se manifiesta diariamente en una creciente violencia, concentrada en los enfrentamientos entre organizaciones criminales y entre estas y las fuerzas de seguridad. Las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia se encuentran sobrepasadas y corrompidas, y es necesario encarar prontamente su reforma si se quiere enfrentar el problema.

Desde fines de 2008, han comenzado a difundirse afirmaciones de académicos, militares estadounidenses e incluso de la CIA indicando que México es un «Estado fallido», fracasado, al borde del caos. En todos los casos, se da a entender que el gobierno pierde el control de la situación, las mafias del crimen organizado se apoderan del Estado a través de la corrupción y la población se siente cada vez más desprotegida, pierde la confianza en la justicia, la policía y los gobernantes y recurre a la autoprotección.

En realidad, estas percepciones se explican por el incremento desmesurado de las ejecuciones por parte de los narcotraficantes, que superaron las 6.000 en 2008, así como por la reaparición trágica de los secuestros de alto impacto, dos de las cuales afectaron profundamente el sentimiento de los mexicanos: el de Fernando Martí, un joven de 14 años secuestrado y asesinado cuyo padre, el empresario Alejandro Martí, creó una organización civil de lucha contra la inseguridad; y el de Silvia Vargas, de 18 años, también secuestrada y asesinada, hija del empresario Nelson Vargas. A esto se suman los escándalos provocados por las capturas por narco corrupción de algunos de los máximos responsables de combatir el crimen organizado de la Procuraduría General de la República (PGR), la Interpol México y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), además de los asesinatos de ciudadanos extranjeros para robarles el dinero tras su ingreso al país.

Una de las razones que explican esta grave situación es que la transición a la democracia en México, desde fines de los 80 hasta inicios de los 90, no contempló como parte de la reforma del Estado la transformación de los sistemas de seguridad pública, justicia, defensa e inteligencia. Hoy ese déficit se refleja en la crisis de seguridad, que afecta a la democracia en la medida en que ya golpea la gobernabilidad y estabilidad social y política. El crimen organizado, que antes era un poder paralelo y oculto, ha ampliado su radio de acción, con una descarnada lucha de poder entre los carteles, y se ha lanzado a la ofensiva contra el Estado y la sociedad.

[pic 11]ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

En México el primer antecedente de la delincuencia organizada a nivel jurídico, se presentó en el artículo 16 constitucional, en razón de que la delincuencia organizada venía siendo una amenaza en el orbe internacional ,un grupo de notables juristas advirtieron que, efectivamente necesitábamos contar con un documento jurídico que abordara el fenómeno delictivo organizado, lo que trajo como consecuencia que el concepto de delincuencia organizada fuera incorporado legalmente en nuestro país, mediante el decreto del 2 de septiembre de 1993 que reforma el artículo 16 constitucional, cual fue modificado para incluir el término “delincuencia organizada”, dicha expresión se relacionó con el plazo para retener al indiciado.

A raíz de la aparición y el desarrollo que ha tenido la delincuencia organizada en nuestro país, surgió la necesidad de una legislación que específicamente se ocupara de este fenómeno delictuoso, se debió también a que las medias políticas-criminales hasta entonces existentes, que fueron diseñadas para la delincuencia tradicional o común, habían demostrado ya su ineficacia frente a este problema, Ya que empieza a parecer otro tipo de delincuencia, que es más violenta, mas organizada, dado que cuenta cada vez más con mejores técnicas y métodos, y esto hace que los medios tradicionales de reacción frente a ella resulten ineficaces y que deja de ser un problema de carácter local o nacional y se convierte en uno de carácter internacional. Como se trata de un problema, decíamos, que ha adquirido carácter internacional, entonces las medidas político-criminales que un país quiera

Adoptar frente a este fenómeno, de alguna manera se rigen también por los criterios que internacionalmente se van planteando. México ha participado en la elaboración de instrumentos internacionales y los ha suscrito también, de los cuales se deriva el compromiso que el gobierno mexicano adquiere para adoptarlos en su sistema jurídico y en su sistema de justicia penal. Como es el caso de la Convención de Viena de 1988 la cual se refiere fundamentalmente al problema del narcotráfico y en la cual más adelante se ocupa también de la delincuencia organizada, y fue así como surgió la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada