Carretera san ramon INTRODUCCCION

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San Ramón y sus radiales, la cual incluye la autopista General Cañas y la autopista Bernardo Soto. La inversión inicial se estimó en quinientos veintitrés millones ochocientos veintidós mil con doscientos treinta y ocho dólares de los Estados Unidos (US$523 822 238,00).

Realmente es un monto alto que no podemos dejar que se pierda esa suma tan importante en algo que al final no quede bien o que peor aún, se desperdicie el dinero en simples papeleos. Ya han 12 años de larga espera, específicamente el 01 de octubre del 2004 el gobierno de Abel Pacheco firmó el contrato con la empresa de capital mixto Autopistas del Valle para la rehabilitación y ampliación de la ruta entre la capital y el cantón de San Ramón.

En 9 años a cargo de la concesión, Autopistas del Valle no pudo obtener los recursos financieros para construir la vía, valorada en ese momento en $530 millones. Debido a eso, el 10 de marzo del 2013, la Contraloría General de la República aprobó la cesión de derechos del contrato a la constructora brasileña OAS. (Castillo, 2016).

En esos 12 años la construcción de este corredor vial, ha estado en mira de todos los ciudadanos costarricenses ya que se ha visto en vuelta en muchas controversias. Cosas tan simples como lo indica el periódico La Nación, aún falta un 2% de los terrenos requeridos que aún no se ha logrado la expropiación, lo que representa un gran atraso para el proyecto, aunque actualmente ya se encuentran en juicio.

Este proyecto por donde transitan en promedio, 84.000 vehículos diarios, también se ha visto muy afectado por los mismos pobladores de la zona, ellos se quejan del alto costo del peaje que tendrán que pagar por transitar en la carretera, señalan que trayecto entre el cruce Manolos - San Ramón, que es el tramo concesionado de mayor distancia, casi no mostraba cambios en su capacidad además de que este proyecto se realizara bajo el mando de una concesión, por lo que comenzó a retumbar la frase "Concesión no, carretera sí” que poco a poco los medios de comunicación la extendieron a todo el país.

Los locales incluso han llegado a hacer protestas en contra de la construcción de la carretera, incluso planearon realizar una protesta en la Casa Presidencial el día en que el presidente Obama arribo nuestro país, finalmente no lo lograron, pero desde la perspectiva de Álvaro Sagot Rodríguez, profesor de la Universidad Nacional, quien brindo una entrevista al periódico de la UNED, la lucha contra la concesión San José-San Ramón fue un detonante del sentimiento de disgusto y desesperanza de los ticos.

Esto a pesar de que las personas a cargo del proyecto resaltan que con la construcción de la carretera San José – San Ramón, reactivará la economía, el mercado de valores aumentará y una vez terminado el periodo de pago, el dinero de los peajes será utilizado para el bien de la comunidad como lo es la construcción de puentes, EBAIS, entre otras actividades de bienestar social.

No obstante, los ciudadanos inconformes no se dejan callar por palabras de políticos tradicionales y se siguen manifestando en contra ya que al final de cuentas es el dinero de todos y el proyecto se ha vuelto inmerso en acusaciones que lo tachan de corrupción además de que alejan una falta de respeto por parte de los políticos, según Sagot.

El expediente de la investigación, que hoy suma 6.053 páginas, fue abierto debido a una denuncia presentada por el empresario Alberto Rodríguez Baldí quien pidió indagar los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles, peculado y supresión de documento en el caso de la ampliación de la carretera a San Ramón. La denuncia de Rodríguez Baldí iba dirigida al entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, También figuraban 15 personas más, incluida la presidenta Laura Chinchilla (2010-2014) y el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva.(…) Da Silva es investigado en su país por supuestamente recibir de cinco constructoras, entre ellas OAS, $2,5 millones en pago por charlas que dictó tanto en Brasil como fuera. Según la Fiscalía del país suramericano, “hay indicios de obras en el exterior en el que podría haber tráfico de influencias”. (Aguero, 2016)

Todo lo anterior culmino en que segun el periodico La Nacion, el Ministerio Público desechó el caso después de concluir que la cesión del contrato a la constructora brasileña “sí era jurídicamente viable”.

Además, alegó que no es posible afirmar que hubo un sobreprecio en la concesión y tampoco hay pruebas para determinar que se le pagó a algún funcionario público por esa cesión, ni que hubiese un incumplimiento de sus deberes. (Aguero, 2016).

No obstante, el pueblo quedo dolido con la perdida de dinero y al ser tan notorio el disgusto del pueblo con la consecion y todo lo que esto implicaba, la presidenta Laura Chinchilla procedio a terminar el contrato con la empresa OAS, lo que implico el pago de $35 millones, ya que estaba estipulado en en la licitación original en caso de que el acuerdo no llegara a buen término.

Existe un bando donde premia la finalizacion del contrato por todas las inrregularidades que se dieron en el proceso aunque tambien hay otro bando que considera que eran problemas solucionables y lo que esto ocasiono fue mas bien un retroso en cuanto al tiempo.

Es decir, lamentablemente el pueblo costarricense nuevamente perdio . Esos millones de dolares fueron practicamente despinfarrados solo por no haber visto todo ese cumulo de errores antes de firmar un contrato. No sabemos si este error se cometio por dinero entremedio o no pero, lo que si sabemos es que fue cien porciento evitable.

Y ahora se planea que se dé fin a la construcción mediante un fidecomiso el cual fue pactado, después de varios concursos, con el Banco de Costa Rica. Este es el órgano en que se basara el financiamiento de la obra.

El Ministro dijo que se basan en un plan de trabajo que incluye sesiones de trabajo semanales en conjunto entre el MOPT, Conavi y BCR, además de reuniones con actores técnicos; en ambas se discuten puntos claves del contrato como la metodología tarifaria y parámetros de revisión, la metodología de evaluación de la calidad del servicio, y la fiscalización, supervisión y vigilancia que agrega al componente ciudadano. (Murillo, 2016)

Deberá construirse cumpliendo los parámetros y estándares de calidad, ambientales, ingenieriles, de seguridad y paisajismo que rijan en el país y en atención a las mejores prácticas internacionales para cumplir con un nivel de servicio no inferior a la clasificación ‘C’, según el estándar técnico vigente”, señalo el Ing. Villalta Villegas.

Cabe recordar que el Gobierno de la República de la administración Laura Chinchilla