Definiendo el valor público.

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En la medida en que el gobierno proporciona servicios y beneficios a los ciudadanos, el modelo parece funcionar bastante bien. Sin embargo, el gobierno no sólo es un proveedor de servicios, sino que muchas veces, impone obligaciones sin prestar servicios, es decir, cobran impuestos por cualquier situación que les apetezca al Estado y no se ve reflejado ello en servicios de infraestructura, seguridad, educación, salud, etc.

A fin de cuentas quien es el cliente final de la actividad pública no son los individuos, que obtienen servicios u obligaciones en los encuentros individuales sino los ciudadanos y sus representantes en el gobierno, que tienen ideas más generales sobre cómo se debe organizar un departamento de política o como se debe administrar un programa social; es por ello, que los ciudadanos siempre tienden a evaluar la efectividad y eficacia del aparato gubernamental en distintos rubros, que para el caso México, las calificaciones que obtienen los distintos gobiernos de diferentes partidos son reprobatorias.

La política continua siendo el auténtico árbitro, al igual que las decisiones de consumo privado arbitran el valor privado. Los gestores públicos sólo pueden intentar mejorar el proceso político, convirtiéndolo en una guía firme del valor público.

Cuando la administración empieza a producir algo con recursos públicos conseguidos gracias a la autoridad del Estado, no se puede seguir considerando independientemente de las preferencias políticas y de los deseos de los ciudadanos. Por lo tanto, la capacidad de una actividad pública para satisfacer estas preferencias es una parte importante de su capacidad para generar valor.

La forma más obvia consiste en utilizar el dinero y la autoridad que les han sido confiados para producir cosas de valor para determinados clientes y beneficiarios.

Los directivos públicos también pueden crear valor organizando y gestionando una institución que satisfaga los deseos de los ciudadanos y sus representantes en lo referente a disponer de instituciones públicas respetuosas y productivas, es decir, que se fomenten políticas públicas, que atiendan las necesidades traducidas en problemas públicos que aquejan a los ciudadanos.

Se debe producir algo cuyos beneficios para determinados supere los costes de producción y deben hacerlo de una manera que asegure a los ciudadanos y sus representantes que se ha producido algo valioso.

La actividad pública siempre implica el uso de la autoridad política, la importancia relativa de estas dos diferentes partes de la gestión se ve alterada. Dado que está implicado el uso de la autoridad, el hecho de asegurar a los propietarios que sus recursos se utilizan correctamente cobra mayor importancia que la satisfacción de los clientes o beneficiarios de los programas.

La política es la respuesta que la sociedad democrática liberal otorga a la pregunta de qué bienes se deben producir con recursos públicos para satisfacer los propósitos colectivos, es por ello que la organización gubernamental debe estar preparada para adaptarse a nuevas demandas y que sea innovadora y esté abierta a la experimentación, es por ello que los nuevos administradores públicos deben estar conscientes de que la administración pública es dinámica y cambiante, por lo cual exige respuestas que sean necesarias a la problemática social y no obsoletas.