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EL PETRÓLEO Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN ECUADOR “LAS REGLAS DEL JUEGO

Enviado por   •  12 de Octubre de 2017  •  2.749 Palabras (11 Páginas)  •  242 Visitas

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En esta parte del documento se elaboran indicadores para el proceso de extracción de petróleo, estos son:

- Indicadores de la actividad petrolera

- Indicadores de deforestación y gestión ambiental

- Indicadores de impacto social indirecto

- Indicadores económicos y reversión estatal en la RAE

- Indicadores de reinversión estatal en la RAE

Guillaume Fontaine dice que los impactos socio-ambientales en Ecuador resultan de la “era Texaco” (1967-1992). Donde aparece que los 30 derrames más graves del sistema de oleoductos transecuatoriano (SOTE) ocasionaron la pérdida de 403.200 barriles3 , a los que se suman 456.000 barriles de crudo, 450 millones de barriles de aguas de formación vertidos al medio ambiente y 6.667 millones de metros cúbicos de gas incinerados al aire libre4 . Pese a la imprecisión de ciertas cifras, esta investigación sigue siendo la principal fuente de información pública sobre los impactos socio-ambientales de las actividades petroleras en el Ecuador. El conflicto entre la OEPC y los secoya (un grupo étnico de menos de 300 personas) gira en torno a la negociación de indemnizaciones por la fase de exploración del bloque 15 (ubicado en la actual provincia de Sucumbíos, cerca de la frontera colombiana), que fue atribuido a la filial ecuatoriana de Occidental en enero de 1985.22 En 1993, OEPC empezó a producir petró- leo en dos sectores del bloque y por lo tanto decidió expandir la exploración a su conjunto.

Lógicas racionales, alianzas y oposiciones, los conflictos socio-ambientales cristalizan una multitud de fenómenos, que abarcan tanto la globalización de la ecología y la etnicidad, cuanto la necesidad del Estado de enfrentar la nueva dependencia frente al petróleo, pasando por la integración de las políticas de los países amazónicos.

El papel de la sociedad civil y del Estado en la gobernabilidad global, Tanto en Colombia como en Ecuador, la actividad petrolera está controlada por lo que, siguiendo a Little (1992), se puede llamar un “complejo petro militar”, conformado por las empresas (multinacionales y nacionales) y el ejército.

Cuestiones Normativas

Gina Chávez dice que nuestra civilización es esencialmente paradójica: pretende ser la civilización de la riqueza y la abundancia, sin embargo, genera escasez y miseria; declara ser la más consciente de la necesidad de la paz y, precisamente, es la que más potencial destructivo ha desarrollado; se afirma como la civilización del bienestar colectivo, pero también ha creado mayor inseguridad e iniquidad; es la más globalizada, pero también ha generado la mayor afirmación de particularidades locales, culturales, étnicas y de género.

Xavier Sisa dice que con el paso del Estado liberal al Estado social de derecho se produjo el fenómeno de la incorporación al texto fundamental de una serie de objetivos políticos de clara relevancia social, que se denominó la función programática de la Constitución. En este contexto se inserta la positivización de un importante catálogo no sólo de derechos sociales, sino también de alguno de los llamados derechos de la tercera generación.

Legislación ambiental ecuatoriana es la normativa ambiental infra constitucional en el Ecuador ha estado dirigida principalmente a establecer responsabilidades o dirimir competencias entre los órganos públicos encargados de vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas relacionadas con el medio ambiente (Vg. permisos de operación, recolección o caza y pesca, estudios de impacto ambiental, etc.) o para incentivar la discusión de la problemática ambiental enfocada en problemas puntuales que iban apareciendo en diversos momentos, es decir, la legislación ambiental ecuatoriana ha tenido como objeto defender y proteger parámetros específicos de la calidad de la vida humana contra riesgos puntuales del ambiente.

Jorge Albán, Petróleo y democracia, el tema tiene implicaciones en la organización del Estado ecuatoriano y la forma de manejar nuestros recursos. La viabilidad del proceso social debe procurar diálogos, encuentros y construcción de acuerdos y consensos en los que la mayoría de los ciudadanos nos podamos sentir confiados, entre otras cosas, porque el proceso beneficia a la colectividad y considera de manera específica los derechos colectivos y las visiones, percepciones y derechos de las minorías. Efectivamente, se trata de articular de manera equilibrada lo general y particular.

El espíritu de estas normas es bastante explícito. No se trata de un ejercicio a través del cual el Estado ausculta la opinión de los interesados para decidir, independientemente del resultado, lo que de alguna manera tenía previsto o estaba interesado en impulsar. Se trata de un proceso consistente y sistemático para, de manera conjunta, identificar el alcance de un proyecto, plan o programa y que los pueblos y los ciudadanos conozcan con precisión los alcances y beneficios, el significado nacional y local de esos impactos y se identifiquen con precisión los riesgos ambientales.

La participación ciudadana en el desarrollo energético sustentable en América Latina y el Caribe, Verónica Potes estipula un enfoque de desarrollo con énfasis en el ser humano reconoce la calidad de éste como sujeto y objeto del desarrollo a la vez. Esta afirmación implica, por un lado, que somos las personas quienes deben decidir la vía y los medios de desarrollo que queremos y por otro, que la ejecución de este mandato debe darse en forma que “se amplíe la gama de opciones a las personas, abarcando el espectro total de opciones humanas desde un entorno físico en buenas condiciones hasta libertades económicas y políticas”. Adicionalmente, el ideal de sostenibilidad agrega la dimensión temporal, y dispone que la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales se logre sin menoscabar la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias.

Cuestiones Políticas

La descentralización de competencias ambientales: un problema de recursos y capacidades. El tema de la transferencia de competencias ambientales debe ser tratado en el marco del proceso de descentralización, proceso que se ha desarrollado en forma tímida y limitada a la suscripción de convenios con organismos seccionales. Con el propósito de ubicar el proceso de descentralización en la perspectiva ideológica y política, considero necesario analizar el tema a través de los dos modelos

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