ENSAYO ACADÉMICO SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA Y EL ESTADO DE BIENESTAR

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Un ejemplo positivo de todas estas iniciativas lo podemos encontrar en plataformas como Change.org, página dedicada a la recogida de firmas a favor o en contra de diversas medidas con más de 70 millones de usuarios en 196 países[5] es un ejemplo del aumento de la sensibilización del pueblo a causa de las medidas tomadas contra sus derechos sociales en esta crisis.

Los estados democráticos no han sabido responder a la demanda de todos estos movimientos, provocando que el descontento ciudadano acabe por resolverse en partidos políticos de nueva creación de carácter populista en un comienzo y que posteriormente van desarrollando un programa más pragmático y más resultadista con el objetivo de obtener resultados electorales en un medio plazo, podíamos decir que han reconducido a las personas que han comandado muchas de esas iniciativas anteriormente comentadas para llevarlas a las instituciones (Cairo, 2014).[6]

Continuando con nuestro acercamiento a la vida del ciudadano, el estado del bienestar ha visto como se abría la brecha entre las personas ricas y las personas pobres[7], ya que la base del sistema del bienestar es el reparto de la riqueza fundamentada en la política impositiva proporcional al tipo de renta. Este proceso de reparto de riqueza se ha visto seccionado en el momento en el que se ha comenzado a utilizar políticas de reducción del gasto público orientadas a la reducción de políticas sociales, prestaciones y contra la piedra angular de todo sistema democrático, la educación. Caso especialmente sangrante para la población han sido las políticas sociales recortadas contra los más desfavorecidos (Dependencia, Desahucios…) estos casos sobretodo han generado una gran controversia social debido al efecto mediático que han tenido en los medios de comunicación unido a las noticias sobre escándalos de corrupción, convirtiéndose esto en el caldo de cultivo perfecto para formar una mentalidad de desafección con la política y sus medidas.

Como hemos comentado anteriormente, la situación existente en estos últimos 7 años ha obligado a utilizar medidas legislativas de carácter drástico. Estas medidas han obligado a cambiar incluso la constitución y replantearse el modelo de estado junto con otros planteamientos de carácter estructural que están apareciendo en estos últimos años.

Durante los primeros años de la crisis, la negación de la misma tuvo la consecuencia de que se tardara más en tomar medidas que recondujeran o por lo menos trataran de cambiar la situación, en el último periodo de la legislatura del partido socialista se tomaron el mayor número de iniciativas polémicas.

Estas reformas se toparon con la primera oposición social hacia el gobierno a causa de una crisis, ya que se presuponía que venían impuestas desde la Unión Europea y desde los mercados, generando la sensación del “Gobierno de los mercados” y comenzando con el descredito de la democracia para la ciudadanía. Este descredito se vio acrecentado durante el verano de ese año con la reforma constitucional pactada entre los dos partidos mayoritarios, lo que a la postre se acabaría convirtiendo en la mayor piedra en el zapato para el bipartidismo y especialmente para la labor del partido socialista en la oposición, lo que ha acabado llevando al nuevo líder del partido a contradecir la medida tomada por su partido en el gobierno[8]. Esta reforma que trataba el límite del déficit público de las administraciones fue claramente a escondidas de la sociedad, realizándola de forma repentina y sin un consenso adecuado (fuera de los dos grandes partidos) lo que supuso la tumba para el bipartidismo y un punto de partida para la fracturación del voto cuando dicha reforma se utilizó de herramienta (mas su forma que su fondo) contra estos dos partidos.

Este cambio legislativo ha acabado por ser el más significativo simbólicamente debido a que supuso la reforma de la constitución pero durante estos años se han planteado numerosos cambios para la adecuación de las estructuras del estado a la crisis económica. Principalmente dichas medidas han ido orientadas a la reducción del gasto público como medida de control del déficit. Dichas mediadas han supuesto un grave ataque al sistema del bienestar y una ruptura definitiva entre la sociedad civil y la política, debido a lo que anteriormente hemos comentado.

La estructura del estado debe cambiarse para que sea mucho más eficiente e igualitario entre todo los territorios de España, para ello debe haber un pacto global de todos los estamentos que no puede quedarse en pequeñas políticas. Es el momento de las grandes políticas alejadas de los nacionalismos egoístas y dogmáticos sean del carácter que sean y del territorio que sean. Es el momento del uso de la ley basada en el consenso de nuestros políticos y no solo de la ideologización de las reformas.

Este consenso debe finalizar en un modelo territorial nuevo, alejado del actual sistema de las autonomías, porque bajo mi punto de vista está fomentando la desigualdad entre los territorios y reforzando una identidad con base en fundamentos negativos, prejuicios y simplezas que gobiernan nuestra política actual desde todos los bandos. El modelo debe pasar a definirse y no quedarse como una amalgama de diferentes mini-estados con diferentes competencias, beneficios fiscales y sociales en función del territorio en el que nos encontremos.

Todo esto acaba por provocar que la política actual este muy pendiente de las exigencias de los territorios y sus chantajes debido a la indefinición del sistema: ni es un estado centralista, ni un estado federal.

Las perspectivas no son alentadoras, pero como ya hemos dibujado anteriormente existen horizontes que hacen que podamos ver esta situación cambiando la acepción más negativa de la palabra crisis por la más positiva en este caso: Mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya de orden físico, ya histórico o espiritual.[9]

El cambio democrático debe empezar por nosotros, por la sociedad, institucionalizar la queja para convertirla en un elemento de construcción constante. Este proceso de llevar nuestras quejas a los organismos ya ha comenzado con muchas iniciativas que ya mencionamos con anterioridad (ILP, Change.org, Manifestaciones, Plataformas…), ahora es el momento de que nuestros gobernantes sepan traducir esos llamamientos en el leguaje de la política en mayúsculas. Esta política requiere medidas estructurales de gran calado en nuestra sociedad, pactos en educación, política territorial y un modelo fiscal que mantenga las bases de nuestro estado del bienestar sostenible. Dicha sostenibilidad pasa por la inevitable adaptación del mismo a la demografía actual y para