ENSAYO CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALESS

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Las mejoras en los resultados de aprendizaje dependerán de la construcción de un sistema robusto para reclutar, preparar, evaluar y desarrollar a los mejores maestros para las escuelas mexicanas. En este contexto, el Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes, que arrancó en 2008 como parte de la Alianza, es uno de los pasos más importantes que ha dado México para elevar la calidad de la enseñanza. Antes de su implementación, sólo 13 estados utilizaban mecanismos de asignación de plazas para seleccionar a sus maestros, los otros 19 estados las asignaban principalmente con la adquisición de su título (Guevara y González en OCDE, 2010a). Como se señaló en el informe de la OCDE (2010a), los mecanismos para la selección de maestros no eran transparentes y, en ocasiones, eran percibidos como inequitativos, o muy politizados. Por lo tanto, el Concurso fue un paso importante para hacer que la selección de maestros fuera un proceso transparente, más competitivo y basado en el mérito.

En junio de 2010, el gobierno federal presentó los nuevos “Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de Participación Social”. Mediante esta reforma, los consejos escolares de participación social recibieron más responsabilidades tanto al interior como al exterior de la escuela. El objetivo era fomentar una colaboración más estrecha entre los consejos, las asociaciones de padres de familia, los directores, los maestros y el personal de apoyo de la escuela. Como ya lo señaló la OCDE (OCDE, 2010a), estos lineamientos abordan la necesidad de reforzar los mecanismos de participación social en los diferentes niveles del sistema educativo. Las tareas principales de los consejos escolares, plasmadas en estos lineamientos, incluyen:

• Asegurar la transparencia en el uso de los recursos obtenidos de los programas federales o estatales, o recabados por las propias escuelas;

• Revisar los resultados obtenidos en las evaluaciones regulares (por ejemplo ENLACE) y alentar a los maestros y directores de escuelas para que establezcan metas para mejorar los resultados de las futuras evaluaciones; y

• Crear “comités temáticos” dentro del consejo escolar. Estos comités estarían encargados de ayudar a las escuelas para obtener el acceso a los recursos proporcionados por una gama de programas federales o estatales (por ejemplo lectura, mejora de instalaciones físicas, actividades artísticas o culturales, entre otros).

Este esfuerzo por hacer efectivo el papel de los consejos escolares ya era una realidad en las escuelas que participaban en los programas federales, como el Programa Escuelas de Calidad (PEC, 2001) y el Programa Emergente para la Mejora del Logro Educativo (PEMLE, 2009). El papel de los consejos escolares es reconocido de manera explícita por estos y otros programas federales, como Escuela Segura y Escuela de Tiempo Completo. Los consejos de participación social en las escuelas del PEC, por ejemplo, deben presentar un plan de trabajo anual y un plan estratégico para la transformación de la escuela en ciclos de cinco años. A través de estos programas, los consejos escolares de participación social proporcionan información sobre el desempeño académico general de la escuela y colaboran en los planes de diseño y en las redes tutoriales para la mejora educativa. Por lo tanto, se considera que los consejos escolares de participación social son vehículos para mejorar la colaboración entre los padres de familia y las escuelas, y para involucrar más a los padres de familia en la educación de sus hijos.

CONCLUSIONES

Sin embargo esta última reforma educativa, que fue de raíz es decir con reformas constitucionales y que busca el ideal de una Educacion de Calidad, tiene algunas bondades, existen muchos asuntos por atender y sobretodo considero que no ataca el problema de fondo. Sobretodo considero que más que un problema en las bases filosóficas, organizativas y legales, esta r de operatividad que centra sus esfuerzos en evaluar a los docentes como objetivo principal y no de detectar necesidades del sistema y de las escuelas para atenderlas y capacitar a los docentes.

México tiene un sistema de educación obligatoria amplio y complejo, que atiende a casi 27.6 millones de alumnos de una amplia variedad de entornos socioeconómicos y culturales. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992 (ANMEB) se centró en tres líneas de acción principales: 1) la reorganización del sistema educativo, 2) la reformulación de los planes de estudio y materiales educativos, y 3) la revaloración de la profesión docente.

Este acuerdo, que marcó el comienzo de un proceso de descentralización para la educación, también se consideró como una estrategia importante para mejorar la eficiencia y eficacia del gasto en educación (OCDE, 2010a). Muchos de los esfuerzos canalizados a la educación, realizados por México desde entonces, han estado basados en el ANMEB. Esto ha dado cierta continuidad al sistema durante el proceso de reforma. Sin embargo, también es importante apuntar a la coherencia en el sistema, asegurando que los distintos elementos se unan en torno a un objetivo común. Este es un reto, no sólo para México, sino para cualquier país que pretenda diseñar, implementar y operar una reforma educativa compleja. Los elementos clave de las reformas México presentó recientemente una extensa reforma curricular para mejorar la coherencia del sistema y su enfoque hacia el logro del estudiante. También tiene como objetivo proporcionar a los alumnos una formación integral que les permita adquirir las habilidades necesarias para tener una vida plena. Algunos de los elementos principales de esta reforma son: los estándares curriculares, de desempeño docente y de gestión; la innovación de los materiales educativos; el Inglés como un segundo idioma en la educación preescolar y primaria; y el establecimiento de escuelas de tiempo completo y grupos escolares. Por ejemplo, los estándares deben garantizar la coherencia de los diferentes niveles del sistema (desde preescolar hasta secundaria), y deben contribuir a que los alumnos adquieran un “perfil de egreso adecuado” al salir del sistema. El gobierno también apunta a utilizar los estándares como referencia principal para las instituciones encargadas de la formación inicial docente, los programas de formación continua, y las prácticas de calificación y evaluación de los maestros. México espera que la definición de estándares permita a los profesores y a la sociedad en general, entender cuáles conocimientos, habilidades y valores constituyen el fruto de una enseñanza eficaz.

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