ENSAYO SOBRE LA SALUD AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA
Enviado por tomas • 2 de Enero de 2019 • 4.940 Palabras (20 Páginas) • 452 Visitas
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Jamás ha sido aceptable de ninguna manera que se ponga en riesgo la calidad de vida de las personas y se pierda el objeto de la prestación de un servicio el cual apunta en el grado de potabilización del agua para el consumo humano, en la forma y modos de operación del sistema que garantice calidad total y plena. Por eso se necesita buscar alternativas que permitan resolver estos inconvenientes atacando directamente las causas, de este modo se evita plantear soluciones inalcanzables a corto plazo teniendo en cuenta la situación financiera de los prestadores del servicio.
OBJETIVOS
Objetivos específicos.
- Plantear alternativas para la formulación de un proyecto para obtener una planta de procesamiento de agua potable en el corregimiento de Belén
Objetivos generales
- Identificar los elementos por los cuales el agua del corregimiento de Belén está causando estragas en la salud.
- Conocer la problemática de la contaminación del agua en el corregimiento de Belén
- Buscar soluciones para la problemática de contaminación del agua en el corregimiento de Belén
MARCO TEORICO
Marco situacional
El corregimiento de Belén se encuentra ubicado en la vía que conduce a la Ciénaga de San Marcos, está situado al este del municipio de san marcos, es un corregimiento pequeño, la superficie de este es de 3 kilómetros cuadrados.
El corregimiento de Belén cuenta con una población de 500 habitantes con una tasa de crecimiento del 1.25%.
Marco legal
La gestión que desarrolla el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial en materia de agua potable y saneamiento básico y ambiental a través de la dirección respectiva, se fundamenta en los aspectos establecidos en la constitución política de Colombia, en su capítulo 5 que define la finalidad social del estado y de los servicios públicos; en la ley 99 de 1993 por medio de la cual se crea el ministerio del medio ambiente, se reordena el sector publico encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y se organiza el sistema nacional ambiental, SINA; en la ley 142 de 1994, que establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios; en la ley 1151 de 2007, por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 2006 – 2010; y finalmente, en el decreto 216 de 2003, que determina los objetivos y la estructura orgánica del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial.
Por otra parte está la carta política (Art. 366), que define el bienestar general y el mejoramiento de calidad de vida de la población son finalidades del estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de la salud, de educación, de saneamiento ambiental y agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
También en el artículo 365 establece que los servicios son inherentes a la finalidad social del estado y que es su deber asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional mediante una prestación directa, por comunidades organizadas o por particulares.
Mediante la ley (Art. 367) se fijaran las competencias y responsabilidades relativas a la prestación, cobertura, calidad, financiación y régimen tarifario y criterios para el sistema de solidaridad y redistribución de ingresos, definiendo responsabilidades directas a los municipios y funciones de apoyo y coordinación a los departamentos.
En el artículo 368, se autoriza el otorgamiento de subsidios para personas de menores ingresos y establece que la ley determinara los deberes y derechos para los usuarios. En el artículo 369 establece que en aspectos relacionados con el régimen de su protección, formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales prestadoras del servicio; igualmente, la ley definirá la participación de los municipios o de sus representantes en las entidades y empresas que les presten servicios públicos domiciliarios.
Corresponde al presidente de la republica (Art. 370) señalar, con su ejecución a la ley, las políticas generales de administración, control de eficiencia, control y vigilancia de las entidades prestadoras por medio de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios.
Por otra parte, la ley 142 de 1994 (Arts. 1-13), establece los principios de intervención del estado para garantizar la calidad, cobertura, continuidad, eficiencia, libre competencia y economías de escala, en la prestación de los servicios públicos. Los principios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad y redistribución y su eficiencia financiera rigen el sistema tarifario que deben aplicar esos prestadores.
En el artículo 67 del capítulo II, de los ministerios, del título V, regulación control y vigilancia del estado de los servicios públicos, se señalan las funciones de los ministerios en aspectos relacionados con los servicios públicos en materias de requisitos técnicos de obras, elaboración de planes de expansión (máximo cada 5 años), identificación de fuentes de financiamiento, identificación de los montos de subsidios otorgados por la nación y criterios de asignación, gestión e información de nuevas tecnologías, desarrollo de sistemas de información sectorial.
En el capítulo I del título IX se definen normas especiales para los servicios de agua potable y saneamiento, en aspectos relacionados con la prioridad a mantener y extender la cobertura en zonas rurales, municipios pequeños y áreas urbanas de estratos 1 y 2; generación de agua en cuencas hidrográficas, pozos, desalinización; las funciones del ministerio de desarrollo a través del viceministerio de vivienda y desarrollo urbano y agua potable para preparar el plan de desarrollo sectorial y la asistencia técnica e institucional a organismos seccionales y locales para el cumplimiento de sus funciones y aplicación de la regulación; el diseño y coordinación de programas de investigación científica, tecnológica y administrativa; el apoyo al ministerio de hacienda y al DPN en al, análisis de la contratación y ejecución de créditos donde la nación otorga garantías; en el diseño y promoción de programas
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