ESTUDIO COMPARATIVO DE POSIBILIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE DERECHOS HUMANOS EN LATINOAMERICA

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Su marco legal, establecido, Artículo 218, numeral I, de la Constitución Política del Estado de Bolivia, “La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. La función de la Defensoría alcanzará a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos.

Un punto de partida para reflexionar esta parte del texto constitucional es que mientras la anterior Constitución dedicaba treinta artículos a los derechos y las garantías, la actual cuenta con cerca de 150 artículos referidos a la temática. En palabras del académico español Martínez (2008):

[…] no sólo es uno de los catálogos de derechos más extenso del mundo, sino también de los más exhaustivos para su cumplimiento. El catálogo de derechos no incorpora únicamente los derechos clásicos, civiles y políticos, sino que ofrece una dimensión de particular relevancia a los derechos sociales y económicos, y a los derechos culturales, en el mismo rango de aplicación. En muchos casos los derechos sociales son de una novedad casi asombrosa [...].

En este sentido, y de acuerdo a los Principios de Paris, este Estado Boliviano cumple con el mandato establecido en la Constitución y en el texto legislativo plasmado en la Ley del Defensor del Pueblo, confiriendo autoridad para promover los derechos humanos, competencia definida y ampliada con los principales avances constitucionales, lo cual constituye sin duda, la evolución defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, con repudio a toda forma de racismo y discriminación.

Esta percepción permite proyectar sobre la Defensoría del Pueblo fortaleza en sus perspectivas y posibilidades como institución veladora de los derechos humanos, así como también, sus relaciones internacionales, la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales que responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo.

PAÍS OBJETO DE ESTUDIO: Venezuela

En el Estado venezolano las normas jurídicas protegen y garantizan el respeto a los derechos humanos. En tal sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala en su artículo 2 que, el Estado se constituye en un sistema democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la ética, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos.

A tal efecto la Carta Magna señala como valores fundamentales el respeto y preeminencia de los derechos humanos y la igualdad entre las personas, condiciones que permiten desde un punto de vista genérico establecer un cimiento para amparar los derechos de los individuos en situación irregular, por cuanto, aun cuando no exista una ley especial que regule esta materia, se puede apelar a la premisa plasmada en la Constitución para hacer valer los derechos humanos. Desde esta perspectiva podemos ver que de acuerdo a los principios de París, en el año 1999 en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, surge el Poder Ciudadano y de ahí la Defensoría del Pueblo, institución que tiene como misión Defender los Derechos humanos de los individuos. Uno de los principios básicos de la institución de la Defensoría del Pueblo es la autonomía consagrada en el artículo 273 de la Constitución y cobra realidad jurídica a lo largo de la presente Ley, de la misma manera la mediación es una de las atribuciones más singulares de la Institución, la Defensoría del Pueblo está habilitada legalmente, y debe estar debidamente preparada para actuar como mediadora en negociaciones entre el Estado y particulares.

En lo relativo a sus competencias, también se instrumenta en esta Ley, su legitimación para presentar denuncias ante instancias internacionales de protección de los derechos humanos, lo que el Derecho Comparado reconoce como atribución propia de las Defensorías del Pueblo. Estas atribuciones pueden ser ejercidas, tanto en defensa y protección de personas o grupos individualmente considerados, como de intereses colectivos o difusos.

En este mismo orden de ideas entre las competencias tradicionales de la Defensoría del Pueblo, desarrolladas en la Ley se encuentran la investigación de oficio o a instancia de parte, por denuncias que lleguen a su conocimiento en materia de derechos humanos, de servicios públicos o de indebida ejecución de la función pública; el visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los órganos del Estado, o de los particulares que tengan adjudicada o atribuida la prestación de servicios públicos, a fin de prevenir o proteger los derechos e intereses de las personas.

Por consiguiente como está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 280 le corresponde a la Defensoría del Pueblo la promoción, defensa y garantía de los Derechos humanos, vemos como en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, se cumple con lo plasmado en nuestra carta magna, siendo así que podemos realizar comparaciones con los ordenamientos jurídicos de latinoamericanos, pues tienen de igual manera similitud en lo que respecta al Defensor del Pueblo o el Ombudsman, de esta manera se puede evidenciar que el mandato del ombudsman en América Latina contiene la función de defender los derechos humanos ya que su creación obedece a la necesidad de incorporar a nivel estatal un mecanismo para la protección, promoción y educación de los derechos humanos que coadyuve en la democratización de una región que había sufrido graves violaciones a los derechos humanos que en gran medida fueron cometidas o condonadas por el Estado, y en consecuencia los países latinoamericanos requieren que el ombudsman tenga dentro de su mandato, el de proteger y divulgar los derechos humanos.

Para finalizar, es importante resaltar que la Defensoría del Pueblo posee la suficiente fortaleza, en comparación con Colombia y Bolivia, para la promoción, prevención y defensa de los derechos humanos, ya que posee la autonomía jurídica, financiera y operacional para el buen desempeño de las atribuciones que la ley le confiere, sin embargo a juicio de los autores del presente trabajo, se requiere voluntad y concertación con los distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos, para hacer transparente una gestión orientada