EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROCESO PENAL EN CHILE

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No obstante lo anterior, el resultado final de este proceso de reforma en Europa no se tradujo en una transformación radical del sistema inquisitivo. Por el contrario, surge un sistema de compromiso entre los afanes reformistas y las estructuras existentes conocido como el sistema mixto o como sistema inquisitivo reformado. Este sistema se caracterizó por preservar una instrucción de orientación claramente inquisitiva, en manos de un juez instructor, y una segunda etapa con acento más acusatorio, el juicio oral.

Un error común en la doctrina procesal penal tradicional en nuestro país ha sido la de sostener que el sistema consagrado en el Código de 1906 corresponde al sistema mixto o inquisitivo reformado. Sin embargo, como se ha señalado, éste se caracterizó por un conjunto de elementos que nunca estuvieron presentes en nuestra legislación procesal penal, como por ejemplo el juicio oral, público y contradictorio. Ejemplificador resulta en este sentido la utilización de la legislación española en la codificación chilena, debido a que la ley de enjuiciamiento criminal de 1852 de carácter inquisitivo es derogada por la de 1882 que establecía un proceso penal de carácter mixto o inquisitivo reformado y no obstante ello nuestro legislador más bien siguió el modelo inquisitivo puro de la primera y no el de la vigente a la fecha de su elaboración. Fenómenos bastante similares ocurrieron en la mayoría de los países de la región.

Como se puede apreciar, el diseño de las principales estructuras del proceso penal chileno se vincula de manera directa a un modelo de enjuiciamiento de carácter preliberal, es decir, correspondiente a una época anterior al desarrollo de los estados democráticos de derecho y a la concepción del individuo como un sujeto de derechos frente al poder estatal. Por otra parte, se trataba de un modelo completamente obsoleto en dicha época, en cuanto había sido abandonado, al menos en su versión tradicional, por los propios países europeos en los cuales se había desarrollado.

II. LA REFORMA PROCESAL PENAL EN CHILE

El gobierno encabezado por el presidente Frei (1994-2.000) impulsó desde sus inicios un conjunto importante de políticas públicas destinadas a lograr la modernización y adecuación de nuestro sistema judicial a los requerimientos de un estado democrático. Dentro de este marco, la reforma estructural al sistema de enjuiciamiento criminal se transformó en la principal prioridad de las políticas públicas en el ámbito de administración de justicia para el sexenio de gobierno.

No obstante lo anterior, la reforma procesal penal en nuestro país no puede verse sólo como un cambio impulsado en forma autónoma por parte del Estado si es que se quiere tener una visión mas completa y una comprensión más fina de ella. El movimiento de reforma de la justicia penal chilena obedece a un proceso de cambio social bastante complejo en el que han intervenido una multiplicidad de actores y han confluido un conjunto diverso de factores, no sólo en el ámbito local sino también de carácter internacional. Por eso mismo el resultado de este proceso da cuenta de una serie de compromisos, muchos de los cuales aparecen como contradictorios y que resulta necesario tenerlos presentes. Tampoco ha dejado de haber un cierto nivel de rechazo por un sector de la comunidad jurídica nacional, al menos por un período de tiempo. En lo que sigue se realizará una revisión somera de estos aspectos a objeto de tener una visión más amplia de este proceso.

1.- La Reforma Procesal Penal Como parte de un Movimiento Regional de Reforma:

Desde mediados de la década de los '80 es posible observar en la mayoría de los países Latinoamericanos la realización de importantes esfuerzos para transformar sus sistemas de administración de justicia. Una parte central de estos esfuerzos se ha focalizado en la discusión, aprobación e implementación de proyectos de reforma tendientes a la transformación radical de los sistemas de enjuiciamiento criminal de carácter marcadamente inquisitivos, vigentes en la región desde el período colonial. La idea central de los reformadores ha sido la de reemplazar este arcaico modelo procesal de corte inquisitivo por uno de carácter acusatorio, capaz de asegurar el respeto básico de las garantías individuales y, a la vez, de satisfacer estándares mínimo de eficiencia en la persecución de los delitos y el castigo de los delincuentes.

Estos esfuerzos se han traducido en la implementación de un nuevo sistema procesal penal en varios países de la región tales como Argentina (1992), Colombia (1992), Costa Rica (1998), El Salvador (1998), Guatemala (1994) y Venezuela (1999). También en la existencia de varios países de proyectos de reforma que se encuentran en etapa final de aprobación legislativa, tales como Bolivia, Ecuador y Paraguay.

III. Factores que determinaron la reforma procesal penal a nivel latinoamericano.

Proceso de Democratización.

La reforma procesal penal ha coincidido con el proceso de transición o recuperación democrática en América Latina luego de décadas en donde gobiernos autoritarios y/o dictatoriales constituyeron la regla general en la región.

Revalorización de los Derechos Humanos.

Los derechos humanos han sido un factor relevante del proceso de reforma en varios sentidos. De una parte, luego de un período caracterizado por una violación intensa de los mismos, una reacción de los nuevos gobiernos democráticos de la región ha sido la de adoptar políticas para el mejoramiento de los mecanismos institucionales para su protección. En esta línea, la reconfiguración del sistema de justicia criminal se ha transformado en uno de los objetivos centrales en atención a que éste se demostró como incapaz para investigar y sancionar a las violaciones más graves cometidas en el pasado más reciente.

Desarrollo Económico y Modernización del Estado.

En este contexto, la reforma judicial constituye un elemento clave para el desarrollo económico toda vez que este sector es considerado como una de aquellas áreas del Estado que tiene mayor capacidad para crear condiciones positivas para el desarrollo económico, por ejemplo, al enviar señales de certeza y transparencia a los distintos agentes económicos.

Junto con lo anterior, el proceso de reforma también puede ser visto como consecuencia de un proceso más amplio de reconfiguración del Estado, el así llamado proceso de modernización del Estado. Un conjunto de factores

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