El Estado Como Generador de las Políticas Públicas

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En base a lo anteriormente mencionado, es paradójico ver como las buenas intenciones de las políticas públicas están conspirando contra el desarrollo económico y productivo del país, producto de una mala implementación de las mismas y en el excesivo control del Estado, potenciado y profundizado con un discurso que destaca el combate a políticas neoliberales y el ataque a los propietarios de los medios de producción, auspiciando una confrontación abierta entre estos (empresarios), privilegiando a los trabajadores, creando diferencias y distancias irreconciliables en un binomio necesario en el desarrollo del país.

Para el alcanzar el objetivo propuesto en el presente trabajo, se utilizaron fuentes de información especializada y otras investigaciones de estudiosos del tema, así como compilaciones de artículos publicados en revistas on line, ya que se pretende profundizar y ampliar el conocimiento sobre las políticas públicas en Venezuela. Una vez realizada la revisión bibliográfica se procedió a interrelacionar la información obtenida para analizarla y reflexionar, para finalmente concluir con una postura grupal sobre el tema bajo análisis.

JUSTICIA SOCIAL EN VENEZUELA

Antes de iniciar el estudio y análisis de políticas públicas, consideramos importante hacer especial mención a la Justicia Social, término que está necesariamente unido al estudio, diseño y ejecución de estas, ya que al final las políticas públicas buscan satisfacer necesidades de un colectivo o sector de la población.

El término Justicia social surge a mediados del siglo XIX, y se refiere a las situaciones de desigualdad social acontecidas en el mundo, que concibe la búsqueda de equilibrio entre desiguales. La justicia social se refiere al disfrute de los derechos humanos de los trabajadores y de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Así la justicia social pretende compensar las desigualdades que se producen en la sociedad. En este sentido, la justicia social se orienta hacia la creación de las condiciones necesarias para que se desarrolle una sociedad más igualitaria en términos políticos económicos, culturales y sociales.

Ahora bien, adentrándonos en el plano del derecho laboral, la justicia social comprende el conjunto de normas y principios tendientes a proteger y garantizar las condiciones tanto de trabajo como de vida para toda la población. Asimismo, implica la concepción de un Estado activo dirigido a remover los obstáculos que le impiden a un sector de la población, el desarrollo de relaciones en igualdad de condiciones.

Los temas que interesan a la justicia social son entre otros: la igualdad social, igualdad de oportunidades, el estado del bienestar, la solución a la pobreza, la distribución de la riqueza, los derechos de los trabajadores, entre otros.

En este sentido, cabe señalar que Venezuela como país democrático declara en su carta magna (1999) ser un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, sustentado en valores como son: educación, salud, equidad, igualdad, trabajo decente, acceso a la protección social, respeto de la diversidad, y aplicación de los derechos humanos en todas las esferas de la vida social.

MARCO LEGAL DE LAS POLITICAS PÚBLICAS

La ley, es una norma jurídica dictada por el legislador. Es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, que emana o prohíbe algo en concordancia con la justicia y, para el bien de los gobernados; su incumplimiento trae como consecuencia una sanción.

La legislación implica un jerarquía de decisiones que componen el conjunto de políticas públicas en un país, las decisiones formales incluyen mucho tipos, desde las más generales y de principios, hasta lo más específico y coyunturales, para Kelly (2001) la suma de reglas formales en el país representa el producto de un momento preciso en el ciclo de políticas públicas: el momento en que se toma una decisión que impone un límite o deber al ciudadano. La formalidad de estas decisiones se refleja en su publicación en “gaceta”, un acto o trámite necesario para que se considere cualquier política válida.

En el caso de Venezuela la Constitución de 1999 establece en el artículo 156 las competencias del Poder público Nacional así mismo en el artículo 185 consagra el Consejo Federal de Gobierno señalando textualmente: “El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo (…)”.

El ámbito estadal el artículo 166 establece: “En cada Estado se creará un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, presidido por el Gobernador e integrado por los Alcaldes o Alcaldesas, los Directores o directoras estadales de los ministerios; y una representación de los legisladores elegidos o legisladoras elegidas por el estado a la Asamblea Nacional, del Consejo Legislativo, de los concejales o concejalas y de las comunidades organizadas, incluyendo las indígenas donde las hubiere. El mismo funcionará y se organizará de acuerdo con lo que determine la ley”

Así mismo, el artículo 82 establece: “Se crea el Consejo Local de Planificación Pública, presidido por el alcalde o alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas los presidentes o presidentas de las juntas parroquiales y representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad con las disposiciones que establezca la ley”.

En el ámbito legislativo podemos citar las siguientes leyes: a) Ley Orgánica de la Administración Pública; b) Ley Orgánica del Poder público Municipal; c) Ley Orgánica de la Contraloría General de la república del Sistema Nacional de Control Fiscal; c) Ley de Consejos Comunales y e) Ley Orgánica de Planificación. Es importante señalar finalmente que se requiere de seguridad jurídica para elaborar políticas públicas exitosas.

EL ESTADO COMO GENERADOR DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Actualmente una de las principales dificultades presentada por los gobiernos, es precisamente su capacidad a la hora de diseñar y establecer políticas y programas públicos no solo eficaces sino efectivos capaz de responder a una nueva administración pública. Lo ideal es que se consulte a la población sobre las necesidades imperantes en las comunidades, realizar un diagnóstico para priorizarlas, sin embargo, en la praxis la cosa no funciona de esta manera. Es decir, se diseñan políticas públicas direccionadas a solucionar problemas o satisfacer necesidades poco relevantes para la sociedad, mientras las