El Estado, La Sociedad y la Corrupcion

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No siempre las cosas suceden de este modo: si un funcionario (actuando en solitario) se apropia de dineros públicos, está cometiendo un acto que atenta contra la propiedad de la institución que le ha confiado sus fondos y, paralelamente, traicionando la confianza depositada en él por quienes lo han investido de poderes. Pero si un empleado público acepta un soborno para inscribir a una empresa sin llenar los requisitos legales, realiza una contratación deshonesta o permite que alguien viole la ley en su propio provecho, aceptando para ello parte de los beneficios obtenidos, se arriba a una situación en la que destaca la complicidad entre las partes. Aún así, a mi juicio, existe una asimetría entre las responsabilidades. Si bien el corruptor Individuo o sociedad) y el corrupto se benefician de la acción ilegal que se ejecuta, el papel y la posición de este último son diferentes a los del primero. Quien exige el soborno o se deja sobornar tiene por una parte una responsabilidad, conferida indirectamente por la colectividad (sociedad), para que vele por los dineros públicos y el cumplimiento de la ley; no existe nada semejante del lado de la persona o empresa que entra en tratos con tal funcionario. El corrupto, por otra parte, tiene detrás de sí algo que los particulares no tenemos: goza del poder del Estado, de su respaldo, de la capacidad para, que en última instancia por la fuerza, condicionar nuestra conducta.

El Poder del Corrupto

El funcionario público aprovecha de su poder, directo o delegado, para pedir imperiosamente lo que la ley no lo habilita a reclamar. Por eso no sólo violar la norma en su provecho personal, como también lo hace el corruptor, sino que viola además el pacto implícito que le permite cumplir ciertas funciones públicas. Su delito es, en ese sentido, abuso de poder, aprovechamiento de dichas funciones para sus propios fines y, por lo tanto, un lugar donde se interceptan las motivaciones privadas con las normativas generales, un lugar de algún modo inevitable en tanto exista poder político y la fuerza para hacerlo prevalecer. Pero en muchos casos de corrupción, además, se presenta otra circunstancia que contribuye a complicar el análisis. Cuando la ley establece impuestos confiscatorios, controles al cambio de moneda que llevan a la desaparición casi total de los ahorros o aranceles absolutamente prohibitivos, la corrupción, de un modo directo, queda engendrada por la misma ley, por la acción de un Estado que parece empeñado en destruir el patrimonio o la libertad de las personas. Es perfectamente comprensible, en estos casos, que el ciudadano recurra a la evasión impositiva, alguna forma de contrabando o la fuga de divisas, pues de otro modo se verá obligado a enfrentar significativas pérdidas.

La norma legal entra en conflicto con sus más legítimos intereses, en un entorno en que todos prácticamente se ven obligados a ser corruptos, porque es desde el propio poder político que se crea una situación insostenible. Llegados a este punto, ¿Qué puede hacer el ciudadano, o aún el funcionario?, ¿Dónde queda la verdadera responsabilidad por lo que ocurre?, debemos aceptar que en casos semejantes, y en especial en situaciones límite, la ley genera una profunda inmoralidad que habrá de corromper a todo el tejido de la sociedad.

Intervención del Estado y La Corrupción

Se debe presumir de alguna manera que la corrupción siempre existirá o siempre ha existido, partiendo de esto la pregunta es ¿En qué condiciones la corrupción es mayor o menor?, cosa que coloca el tema en la discusión pública con una fuerza que lo pone en el centro de la preocupación ciudadana, y por ende debemos entender que la corrupción es directamente proporcional a las oportunidades que se brindan al funcionario para que abuse de su poder.

Esto por lo general obedece a que cuantos más controles y regulaciones haya sobre la actividad económica, cuantas más leyes, decretos y ordenanzas se impongan a ésta, más fácil resultará crear situaciones en que los particulares (sociedad) y las empresas (públicas y privadas), para proseguir con sus negocios, tengan que buscar el favor de los funcionarios a través de algún tipo de dádiva o soborno, y es así como la intervención del Estado, al someter la economía al ámbito de la política, creará inevitablemente situaciones en que los representantes del poder público puedan actuar a su arbitrio y discreción, propiciando así el aumento de la corrupción, pero también se debe tener algo muy claro y presente que en la mayoría de los caso en que el Estado interviene, se debe a la desproporcionalidad que el supuesto mercado libre (donde los precios de los bienes y servicios se deben a la mal llamada oferta y demanda) busca imponerse sobre la mayoría o los más desprotegidos (electores dentro de la sociedad) y es allí cuando el Estado (gobierno que manda en ese momento y colocado allí por esos electores) se ve obligado a intervenir es vista que deben atender esas necesidades que la sociedad les reclama, y es allí donde muchas veces el Estado se ve afectado por la corrupción al imponer controles, ya que esos controles son una especie de embudo por donde deben pasar las empresas y particulares y donde los funcionarios en aras de velar por que se cumplan las leyes regulatorias, hacen mal uso de su poder para incitar al clientelismo y al soborno de ambas partes.

Un gobierno limitado, sujeto a leyes claras y precisas, provocará menos ocasiones para que se produzcan actos de corrupción. La experiencia histórica universal parece corroborar plenamente las afirmaciones anteriores. La diferencia es clara y no se necesita abundar en mayores detalles para llevarnos a una conclusión tajante: la corrupción florece en las economías intervenidas, queda escondida cuando no hay administraciones responsables de sus actos, compromete a todos cuando la sociedad queda a merced de gobernantes que pretenden controlarlo todo, pero también es muy cierto que en la otra cara de la moneda no queda exenta de este tipo de actividades, en pocas palabras nos referimos a los gobiernos de supuesta democracia donde existen o han existido muchos más los actos de corrupción que en las dictaduras.

En un Estado que respete los derechos ciudadanos no puede haber la mínima oportunidad para que un grupo sea beneficiado en detrimento de los demás y mucho menos que puedan tomarse iniciativas destinadas a favorecer la práctica del abuso de poder, o la manipulación de funciones o de medios para sacar un provecho económico o cualquier otra ventaja ilegítima, por eso es necesario insistir en llevar este mensaje a la sociedad ya que el desafío de cara al futuro no va a recaer solo en la acción